La justicia alemana responsabiliza a Puigdemont de la violencia del 1 de octubre
Los magistrados rechazan que el expresident sea perseguido por razones pol¨ªticas
A las 13.51 de la tarde del viernes, Carles Puigdemont ha salido encorbatado y exultante de la c¨¢rcel alemana de Neum¨¹nster. El expresidente catal¨¢n ha pasado doce d¨ªas en prisi¨®n y ahora no podr¨¢ salir de Alemania hasta que se resuelva su posible entrega a Espa?a por malversaci¨®n de fondos, el menor de los delitos por los que se encuentra procesado. El del jueves fue uno m¨¢s de los pasos intermedios de un complejo proceso, que deber¨ªa culminar en pocas semanas, cuando un tribunal regional alem¨¢n decida si entrega a Puigdemont a Espa?a y por qu¨¦ delitos.
La liberaci¨®n bajo fianza del l¨ªder independentista cuya extradici¨®n ha solicitado Espa?a, ha desatado una extraordinaria crisis jur¨ªdica entre ambos pa¨ªses. El Gobierno de Berl¨ªn trata de contener los da?os e insiste casi a diario de que este es un asunto que compete exclusivamente a la Justicia. El viernes volvi¨® a repetirlo la viceportavoz del Ejecutivo, Ulrike Demmer. "Es un caso que est¨¢ en manos de la justicia y no afecta a las relaciones entre los Gobiernos", ha dicho en conferencia de prensa.
El origen del desencuentro radica en la decisi¨®n que la Audiencia territorial del Land de Schlewsig-Holstein adopt¨® a ¨²ltima hora del jueves y por la cual consider¨® "inadmisible" entregar a Puigdemont por rebeli¨®n, el delito m¨¢s grave por el que se encuentra procesado en Espa?a. El tribunal alem¨¢n indic¨® en un comunicado en el que explica la decisi¨®n, que los requisitos para el delito de alta traici¨®n ¡ªart¨ªculo 81 y 82 del c¨®digo penal alem¨¢n¡ª, equiparables en principio al de rebeli¨®n "no se cumplen, ya que falta el factor de la "violencia". La Audiencia considera que s¨ª hubo violencia y responsabiliza de ella a Puigdemont, pero tambi¨¦n sostiene que no fue suficiente para doblegar al ¨®rgano constitucional tal como exige la jurisprudencia.
"Es cierto que los actos violentos que tuvieron lugar el d¨ªa de la votaci¨®n se pueden imputar al acusado en cuanto iniciador y defensor de la celebraci¨®n del refer¨¦ndum. Sin embargo, la naturaleza, el alcance y el efecto de dichos actos no bastaron para someter al Gobierno a una presi¨®n tal que lo obligase a "capitular ante las exigencias de los perpetradores de la violencia". El tribunal sostiene tambi¨¦n que "no hay motivos aparentes para creer que Carles Puigdemont vaya a correr el riesgo de persecuci¨®n pol¨ªtica" si es entregado a Espa?a.
De acuerdo con esta argumentaci¨®n, la Audiencia del Estado federado en el que fue detenido Puigdemont el pasado 25 de marzo, decret¨® la libertad bajo fianza para el expresidente que llevaba doce d¨ªas encarcelado y s¨ª acept¨® a tr¨¢mite una posible extradici¨®n por malversaci¨®n de fondos, el otro delito por el que el l¨ªder independentista se encuentra procesado y por el ¨²nico que en virtud de la entrega podr¨ªa ser juzgado en Espa?a.
Wolfgang Schomburg, el reputado abogado alem¨¢n contratado por Puigdemont se mostr¨® ayer satisfecho a las puertas de la prisi¨®n de que la justicia alemana "haya descartado" el delito de rebeli¨®n y explic¨® que ahora trabajar¨¢n para evitar la extradici¨®n por malversaci¨®n.
La decisi¨®n del tribunal alem¨¢n no es apelable, como explica por tel¨¦fono Wiebke Hoffelner la fiscal de Schleswig-Holstein que ejerce de portavoz en el caso. "No hay posibilidad de apelar esa decisi¨®n. La ¨²nica v¨ªa ser¨ªa el Constitucional", explica. El pasado martes, la Fiscal¨ªa de Hoffelner pidi¨® a la Audiencia territorial que entregara a Espa?a a Puigdemont tanto por rebeli¨®n como por malversaci¨®n y consider¨® que el detenido deb¨ªa permanecer en prisi¨®n por "riesgo de fuga".
La decisi¨®n de ayer de la Audiencia contradice a la de la Fiscal¨ªa, pero ninguna de las dos son definitivas. El tribunal regional debe ahora "esclarecer las circunstancias reales y recabar m¨¢s informaci¨®n" respecto al delito de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos antes de adoptar una decisi¨®n definitiva sobre el procesamiento en Espa?a. Esa decisi¨®n podr¨ªa tardar "una o dos semanas, pero tal vez m¨¢s", indica a este diario Frauke Holmer, portavoz de la Audiencia Territorial de Schleswig. El plazo m¨¢ximo que marca la euroorden es de 60 d¨ªas, que pueden ser prorrogables en caso de necesidad.
"Estamos en los primeros pasos. La ¨²nica decisi¨®n v¨¢lida es la decisi¨®n formal y final de la Audiencia territorial", explica a este diario Martin Heger, prestigioso catedr¨¢tico de derecho penal europeo de la Universidad Humboldt de Berl¨ªn. "En teor¨ªa podr¨ªa haber grandes cambios en la decisi¨®n final porque hay que esperar a que se analice toda la informaci¨®n, pero en cuanto a la rebeli¨®n, parece que los jueces han sido muy claros y adem¨¢s ser¨¢n los mismos que tomen la decisi¨®n final", indica Heger.
Una vez que haya una decisi¨®n definitiva, la Fiscal¨ªa regional ser¨¢ la competente de dar el visto buen a la ejecuci¨®n de la extradici¨®n. Se trata de un proceso formal, por el que no se vuelve a entrar en el fondo del caso. "No es normal que la Fiscal¨ªa se pronuncie en contra de la decisi¨®n el Alto Tribunal", explica Holmer. Existir¨ªa entonces una hipot¨¦tica posibilidad de que el Gobierno alem¨¢n interviniera; una opci¨®n que ya ha rechazado de antemano, dejando el proceso en manos de la justicia regional de Schleswig-Holstein.
Preguntada la Fiscal¨ªa sobre la posibilidad de que se produzcan modificaciones en la euroorden, rechazan "especular sobre cambios que no se han producido", pero s¨ª afirma Hoffelner, que "si Espa?a retirara la euroorden, el proceso de extradici¨®n terminar¨ªa [tambi¨¦n en Alemania]".
Ante la posibilidad de que el juez del Supremo espa?ol, Pablo Llarena recurriera al Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea, desde el ministerio de Justicia alem¨¢n lo consideran "una cuesti¨®n hipot¨¦tica" que deber¨¢ abordarse si sucede, pero sobre lo que de momento han decidido no pronunciarse.
Esa, junto con un posible recurso al Constitucional son algunas de las bifurcaciones legales en las que podr¨ªa derivar la mara?a jur¨ªdica en la que amenaza en convertirse la extradici¨®n de Puigdemont. "Es un caso muy dif¨ªcil y con muy pocos precedentes", recuerda Heger.
Texto ¨ªntegro de la decisi¨®n del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein
El Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein ha dictado orden de detenci¨®n contra Carles Puigdemont a efectos de extradici¨®n por malversaci¨®n y ha suspendido la ejecuci¨®n de la orden.
La Sala Primera de lo Penal del Tribunal Superior de Justicia de Schleswig-Holstein ha ordenado hoy, a petici¨®n del Fiscal General del Estado, la detenci¨®n de Carles Puigdemont a efectos de extradici¨®n y, a la par, ha dictado su libertad condicional.
La Sala considera que la extradici¨®n por el delito de ¡°rebeli¨®n¡± es improcedente.
No es del mismo parecer en lo que a la acusaci¨®n de "corrupci¨®n" en forma de malversaci¨®n se refiere. A este respecto, la extradici¨®n no es descartable a priori.
Seg¨²n la Sala, no ha indicios o referencias claras de que Carles Puigdemont est¨¦ expuesto al peligro de una persecuci¨®n pol¨ªtica en el sentido del art¨ªculo 6, apartado 2, de la Ley de Asistencia Judicial Internacional en Materia Penal.
Una de las condiciones de la puesta en libertad es el dep¨®sito de una fianza de 75.000 euros.
La decisi¨®n se fundamenta, entre otras, en las siguientes consideraciones:
La extradici¨®n del acusado por el delito de rebeli¨®n seg¨²n lo establecido en el art¨ªculo 472, apartados 5 y 7 del C¨®digo Penal espa?ol carece de base jur¨ªdica. En la Rep¨²blica Federal Alemana, la conducta que se imputa al acusado no ser¨ªa constitutiva de delito de acuerdo con la legislaci¨®n vigente. El posible delito de alta traici¨®n no se cumple, ya que falta el factor de la ¡°violencia¡±. Seg¨²n la doctrina establecida por el Tribunal Federal de Justicia en un caso similar, para poner en pr¨¢ctica el concepto de violencia no basta con que el autor amenace con ejercerla o la ejerza con el fin de inducir a un organismo constitucional a que act¨²e pleg¨¢ndose a sus exigencias. Antes bien, es preciso que la violencia ejercida contra terceros someta al organismo constitucional a una presi¨®n capaz de doblegar su voluntad en contra. Seg¨²n el tribunal, este no es el caso. Es cierto que los actos violentos que tuvieron lugar el d¨ªa de la votaci¨®n se pueden imputar al acusado en cuanto iniciador y defensor de la celebraci¨®n del refer¨¦ndum. Sin embargo, la naturaleza, el alcance y el efecto de dichos actos no bastaron para someter al Gobierno a una presi¨®n tal que lo obligase a ¡°capitular ante las exigencias de los perpetradores de la violencia¡±.
Por el contrario, la extradici¨®n por malversaci¨®n de fondos p¨²blicos conforme a lo establecido en los art¨ªculos 432 y 252 del C¨®digo Penal espa?ol no parece descartable a priori. A este respecto falta acabar de esclarecer las circunstancias reales y recabar m¨¢s informaci¨®n.
El argumento de que, en caso de extradici¨®n, el acusado podr¨ªa quedar expuesto al peligro de sufrir persecuci¨®n pol¨ªtica en el sentido de lo expuesto en el art¨ªculo 6, apartado 2 de la Ley de Asistencia Judicial Internacional en Materia Penal no est¨¢ exento de dudas. Con el delito de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos se imputa al acusado una conducta concreta, punible tambi¨¦n de acuerdo con la legislaci¨®n alemana bajo la figura de la deslealtad, y no sus convicciones pol¨ªticas.
El riesgo de fuga que justific¨® la detenci¨®n sigue existiendo. Sin embargo, dado que no procede la extradici¨®n por el delito de ¡°rebeli¨®n¡±, se ha reducido significativamente. Unas medidas menos dr¨¢sticas que la ejecuci¨®n de la detenci¨®n a efectos de extradici¨®n se consideran suficientes para garantizar el cumplimiento del procedimiento.
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