Las 12 horas que cercaron a Cifuentes

Son casi las 13.00 del 21 de marzo de 2018. En el despacho del rector de la Universidad Rey Juan Carlos, en el campus de M¨®stoles (Madrid), se re¨²nen 10 personas. Es un gabinete de crisis. Esa ma?ana se han despertado con una noticia que publica eldiario.es, que conoc¨ªan desde el d¨ªa anterior, que les afecta, y que se est¨¢ propagando como la p¨®lvora: ¡°Cristina Cifuentes obtuvo su t¨ªtulo de m¨¢ster en una universidad p¨²blica con notas falsificadas¡±. La informaci¨®n asegura que una funcionaria entr¨® en el sistema inform¨¢tico de la Rey Juan Carlos (URJC) en 2014, dos cursos despu¨¦s de que la presidenta de la Comunidad de Madrid iniciara un m¨¢ster en derecho auton¨®mico, y que cambi¨® los no presentados que constaban en dos materias (una asignatura y el trabajo de fin de m¨¢ster) por notables para poder darle el t¨ªtulo. Esa funcionaria, Amalia Calonge, es una de las personas que asiste a esa reuni¨®n de urgencia. Sobre la mesa, seg¨²n diversas fuentes, hay un misterioso papel: un acta que algunos sostienen que es el documento que prueba que todo cumple la legalidad y que a la postre ser¨¢ una bomba en la l¨ªnea de flotaci¨®n de Cristina Cifuentes.

Los asistentes a la reuni¨®n son el rector, Javier Ramos; Carles Mar¨ªn, vicerrector de comunicaci¨®n; Andr¨¦s Mart¨ªnez, vicerrector de planificaci¨®n; Jos¨¦ Mar¨ªa ?lvarez Monzoncillo, vicerrector de posgrado; Pep Roure, director de comunicaci¨®n; la funcionaria Calonge; el delegado del rector para centros adscritos y t¨ªtulos propios de la universidad, Jorge Urosa; Enrique ?lvarez Conde, director del m¨¢ster y del supuesto trabajo de fin de m¨¢ster de la presidenta, un conocido catedr¨¢tico cuyo manual de Derecho Constitucional ha formado a generaciones y generaciones de juristas; Pablo Chico de la C¨¢mara, profesor de otra asignatura cuya nota hab¨ªa variado; y una persona ajena a la universidad: Maite Feito, una amiga de Cristina Cifuentes, asesora del gobierno auton¨®mico asignada a la consejer¨ªa de Educaci¨®n y que procede de la Rey Juan Carlos. Asistentes a la reuni¨®n aseguran que se interes¨® por el caso Cifuentes y por c¨®mo se iba a resolver. Este diario no ha logrado contactar con ella a pesar de haber dejado mensajes en su tel¨¦fono.

Uno de los presentes insisti¨® en no celebrar la rueda de prensa prevista para las 13.30 al no tener los cabos atados, pero la creencia general fue que beneficiaba la imagen del rector. Ramos ensay¨® con los presentes lo que iba a leer a los medios y los power points que mostrar¨ªa. ?lvarez Conde, a pesar de ser muy poco habitual en ¨¦l, lleg¨® con chaqueta y corbata preparado para acompa?arle ante los medios.

Gestiones telef¨®nicas anteriores

La noche anterior, al conocer las informaciones que se iban a publicar, Ramos ya hab¨ªa enviado mensajes y llamado por tel¨¦fono a ?lvarez Conde y a Chico para pedir explicaciones. Chico dijo que el no presentado hab¨ªa sido un error de transcripci¨®n, que ¨¦l mand¨® corregir la nota por correo electr¨®nico, y que Cifuentes hab¨ªa aprobado su examen (al haber pasado tantos a?os, no tiene obligaci¨®n de conservarlo, por lo que no aport¨® prueba alguna: solo su palabra).

En el caso del trabajo de fin de m¨¢ster, la situaci¨®n era m¨¢s complicada. El procedimiento es el siguiente: los profesores entregan las actas a la unidad de posgrado, y son sus administrativos quienes las introducen en la aplicaci¨®n inform¨¢tica. Todas las actas se archivan y no se destruyen. A pesar de ello, de esta no hab¨ªa constancia alguna. Seg¨²n ?lvarez Conde, el rector le presion¨® para que le entregara algo; seg¨²n el rector, ¨¦l solo pidi¨® una prueba de que lo que dec¨ªa era cierto, dado que no aparec¨ªa nada en el expediente de la alumna.

De cualquier forma, fuera por presi¨®n o no, ?lvarez Conde decidi¨® elaborar un acta falsa e involucrar en ello a tres profesoras: Cecilia Rosado, Clara Souto y Alicia L¨®pez de los Mozos, tres disc¨ªpulas de su m¨¢xima confianza ¨Clas llamaban ¡°las chicas de ?lvarez Conde¡±-. Esperaba que lo apoyaran en esta peliaguda resoluci¨®n de la crisis. Les dijo que no se preocuparan, que las proteger¨ªa y que en ning¨²n caso iban a quedar solas ante el marr¨®n. Solo Cecilia Rosado estaba en la universidad ese d¨ªa. Fue ella la que rellen¨® el acta, sola o con ayuda. Las otras dos le mandaron, seg¨²n fuentes de su entorno, una foto de su firma para que pudieran copiarla. Ninguna de ellas hab¨ªa evaluado a Cifuentes el 2 de julio de 2012 ni se hab¨ªan reunido como tribunal.

Un extra?o papel sin sello

En el papel aparece L¨®pez de los Mozos como presidenta del tribunal, Rosado como secretaria y Souto como vocal. Se trata de un documento raro; un papel sin sello que jam¨¢s se da a los alumnos; un acta manual que una vez cumplimentada se entrega en secretar¨ªa para que se digitalice y que despu¨¦s deja de tener valor. ¡°La primera cuesti¨®n rara de ese acta es precisamente el 7,5 que le ponen¡±, se?ala una fuente universitaria. ¡°Es una nota baja para un trabajo de fin de m¨¢ster. Y, sobre todo, una nota que nunca se atrever¨ªan a poner tres disc¨ªpulas a un trabajo que viene avalado y presentado por su maestro, porque es un desprestigio para ¨¦l. Si ella hubiera hecho el trabajo y lo hubiera dirigido ¨¦l, con ese tribunal lo l¨®gico ser¨ªa una calificaci¨®n superior¡±.

Desde el 21 de marzo las tres profesoras se han mantenido en silencio. No han hecho declaraciones p¨²blicas. Han gestionado el asunto en privado, primero de forma conjunta y desde el viernes, cada una por su cuenta en un enloquecido s¨¢lvese quien pueda. Al comienzo se formaron dos grupos. De un lado quedaban Cecilia Rosado y Clara Souto. Del otro, Alicia L¨®pez de los Mozos. El 28 de marzo las dos primeras pidieron asesoramiento a un abogado especializado en derecho administrativo que conoc¨ªa una de ellas. De los Mozos recurr¨ªa a otro letrado. Las tres juntas acudieron un d¨ªa a ver a un catedr¨¢tico de derecho administrativo y asesor del Instituto de Derecho P¨²blico, pero no siguieron con la estrategia conjunta.

Ninguna tiene nada que ver con Cifuentes ni con el PP. Rosado form¨® parte de la lista de Izquierda Unida con la que el poeta Luis Garc¨ªa Montero concurri¨® a las elecciones auton¨®micas de 2015. Es muy amiga de Souto, progresista como ella, hermana de otras dos profesoras del Instituto de Derecho P¨²blico de la URJC. El entorno de ambas ha intentado estas semanas convencerlas de que lo mejor para sus intereses era que dijesen la verdad, incluidos miembros de Podemos, sin ¨¦xito.

Una mentira que necesita del acuerdo de las tres

Para mantener la mentira era necesario que todas mantuvieran la misma versi¨®n: que el tribunal existi¨® y evalu¨® a Cifuentes. A malas, incluso si se descubr¨ªa que el acta se hab¨ªa elaborado el 21 de marzo, siempre podr¨ªan decir, como hizo ayer a primera hora ?lvarez Conde en Onda Cero (luego llam¨® a otro medio, El Confidencial, para rectificarse a s¨ª mismo ante las protestas de sus disc¨ªpulas por haberlas dejado a los pies de los caballos) que se trataba de una ¡°reconstrucci¨®n¡± de algo que s¨ª hab¨ªa sucedido pero que se hab¨ªa perdido en la burocracia de la Administraci¨®n.

Todo se fue al traste el jueves, cuando L¨®pez de los Mozos lanz¨® una bomba nuclear asegurando ante la instructora de la investigaci¨®n de la universidad, Pilar Trinidad, que la firma del acta no era suya, que no sab¨ªa nada del trabajo de fin de m¨¢ster de Cifuentes y que jam¨¢s hab¨ªa pertenecido a ese tribunal. Entreg¨® un escrito, rompi¨® a llorar y compareci¨® profundamente nerviosa. Con este testimonio, Trinidad y la universidad decidieron dar traslado de los hechos a la fiscal¨ªa por una posible falsedad documental.

El viernes, el rector asegur¨® en rueda de prensa para se?alar que en el servicio de posgrado no consta el acta de Cifuentes, que tampoco ha sido remitida la memoria del trabajo ni se puede confirmar que la defensa del trabajo haya tenido lugar.

Para las otras dos, de baja m¨¦dica, el tema se complicaba, porque ya no pod¨ªan insistir en la versi¨®n original. De hecho, poco pod¨ªan hacer salvo presentar pruebas, si las ten¨ªan, de que L¨®pez de los Mozos s¨ª hab¨ªa autorizado que se pusiera su firma. Pero eso no las exculpar¨ªa, sino que incriminar¨ªa tambi¨¦n a la presidenta del tribunal. El viernes Rosado y Souto separaron sus caminos. El abogado especializado en derecho administrativo que las asesoraba se desvincul¨® del asunto ante el cariz penal que tomaban los acontecimientos. Cada una de ellas recurri¨® a un abogado distinto y por la tarde Souto se desmarc¨® tambi¨¦n, seg¨²n la Cadena SER, reconociendo que su firma estaba falsificada. Por ahora, Rosado sigue guardando silencio.

Los delitos a los que se enfrentan las tres profesoras son graves: la falsedad documental cometida por funcionario p¨²blico est¨¢ castigada con prisi¨®n de tres a seis a?os de c¨¢rcel. Si ellas dijeran que quien se lo pidi¨® fue Enrique ?lvarez Conde, este podr¨ªa responder tambi¨¦n como inductor aunque su firma no aparezca.

A¨²n quedan muchas preguntas sin respuesta. Sobre todo, la principal: por qu¨¦ tres mujeres j¨®venes con una carrera por delante se arriesgaron a cometer un delito en un tema que no las concern¨ªa solo porque as¨ª se lo pidi¨® su maestro.