La presidenta del tribunal de Cifuentes dice que ella no firm¨® el acta del m¨¢ster

El caso Cifuentes ha pasado del ¨¢mbito pol¨ªtico y universitario al judicial, probablemente lo que m¨¢s tem¨ªan tanto la presidenta de la Comunidad, Cristina Cifuentes, como la Universidad Rey Juan Carlos (URJC). Sus responsables salieron el primer d¨ªa a declarar que no hab¨ªa irregularidad alguna, al d¨ªa siguiente abrieron una investigaci¨®n interna y esta tarde han anunciado que ¡°ante la aparici¨®n de informaciones que pudieran ser constitutivas de delito¡± han decidido remitir a Fiscal¨ªa el resultado de la investigaci¨®n. Todo se ha precipitado despu¨¦s de que esta ma?ana Alicia L¨®pez de los Mozos, supuesta presidenta del tribunal que puntu¨® con un 7,5 a la presidenta regional Cristina Cifuentes, haya declarado ante la instructora de la investigaci¨®n, Pilar Trinidad, que no reconoce el acta del tribunal de trabajo de fin de m¨¢ster (TFM) de Cifuentes que aparec¨ªa con su nombre y firma, seg¨²n han confirmado a EL PA?S distintas fuentes. Las otras dos supuestas miembros del tribunal, Clara Souto y Cecilia Rosado, que tambi¨¦n estaban citadas este jueves, no han comparecido. Ambas solicitaron un aplazamiento por cuestiones de salud, seg¨²n fuentes universitarias.

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El delito investigado ser¨ªa una falsificaci¨®n en el acta universitaria, castigada, seg¨²n el art¨ªculo 390 del c¨®digo penal, con pena de prisi¨®n de tres a seis a?os, multa de 6 a 24 meses e inhabilitaci¨®n especial por tiempo de dos a seis a?os por tratarse de una falsedad en documento p¨²blico, oficial o mercantil si lo hubiera llevado a cabo un funcionario p¨²blico. La fiscal¨ªa, en todo caso, ya hab¨ªa abierto diligencias ante la denuncia colectiva por estos hechos presentada por una docena de asociaciones estudiantiles, informa Fernando J. P¨¦rez. La universidad, por su parte, ha encargado el asunto a un abogado penalista que presentar¨¢ este viernes el caso en la fiscal¨ªa de M¨®stoles (donde se encuentra el Rectorado), seg¨²n fuentes del campus.

L¨®pez de los Mozos es una de las tres docentes, junto a Souto y Rosado, que firmaron supuestamente ese documento que pon¨ªa fin al posgrado de Cifuentes con un trabajo de fin de m¨¢ster, el 2 de julio de 2012. En ese momento ella era delegada del Gobierno en Madrid. En 2014, la funcionaria Amelia Calonge, vieja conocida suya, cambi¨® la calificaci¨®n de una asignatura de Cifuentes y de su TFM para que ella pudiera pedir su t¨ªtulo. En ambos casos, las calificaciones pasaron de ¡°no presentada¡± a ¡°notable¡±, como destap¨® eldiario.es el pasado 21 de marzo.

La supuesta presidenta del tribunal y sus dos compa?eras contactaron con un abogado el 23 de marzo para ver c¨®mo abordaban el asunto. No han hecho declaraciones p¨²blicas desde entonces. Este jueves, finalmente, una de ellas, L¨®pez de los Mozos, ha declarado ante la instructora de la investigaci¨®n, Pilar Trinidad, jefa de Inspecci¨®n de la URJC. No ha reconocido el acta y ha dicho que no evalu¨® a Cifuentes. Seg¨²n distintas fuentes, se han vivido momentos de gran emoci¨®n y la profesora se ha echado a llorar. El Confidencial hab¨ªa adelantado el mi¨¦rcoles la falsedad de dos de las firmas del acta. Tras la reuni¨®n, la universidad ha decidido elevar el caso ante la fiscal¨ªa por la posible comisi¨®n de un delito: si L¨®pez de los Mozos no firm¨® ese acta, alguien lo hizo en su lugar.

El d¨ªa que estall¨® el esc¨¢ndalo el rector, Javier Ramos, afirm¨® en rueda de prensa que hab¨ªa hablado con las componentes del tribunal y que se hab¨ªan ratificado en la legalidad del acta del TFM. Cifuentes asegur¨® el mi¨¦rcoles ante el pleno de la Asamblea de Madrid y en rueda de prensa posterior que realiz¨® una defensa p¨²blica de su TFM ese 2 de julio de 2012. "S¨ª. Lo defend¨ª de forma presencial en el campus de la Universidad Rey Juan Carlos de Vic¨¢lvaro", asegur¨®. En ese momento el rector de la universidad era Pedro Gonz¨¢lez-Trevijano, actual magistrado del Tribunal Constitucional.

L¨®pez de los Mozos es la ¨²nica de las tres componentes del tribunal que es profesora titular. Souto y Rosado son profesoras contratadas, no funcionarias. En 2012 L¨®pez de los Mozos, hoy secretaria del Instituto de Derecho P¨²blico, no ten¨ªa a¨²n plaza fija. Enrique ?lvarez Conde, director del m¨¢ster de Derecho P¨²blico del Estado Auton¨®mico en el que se matricul¨® Cifuentes y tutor suyo en el TFM, ha dirigido la tesis doctoral de las tres.

Las diligencias que ha abierto la fiscal¨ªa tienen su origen en la denuncia presentada por asociaciones de estudiantes para que se investiguen posibles delitos de falsedad documental y cohecho. Estos colectivos se?alan como responsables de los delitos citados a la funcionaria que habr¨ªa modificado las notas, Amalia Calonge, a la propia presidenta regional, Cristina Cifuentes, al director del m¨¢ster y a los miembros del Tribunal que calificaron el TFM.