El juez de P¨²nica cree que Cifuentes debi¨® abstenerse en un contrato que adjudic¨®
El magistrado mantiene imputada a la jefa del servicio jur¨ªdico de la Asamblea de Madrid por el contrato irregular al empresario Arturo Fern¨¢ndez que salpica a la presidenta madrile?a
El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, instructor del caso P¨²nica, considera que la presidenta de Madrid, Cristina Cifuentes, debi¨® abstenerse de participar en?la adjudicaci¨®n, en el a?o 2009, del contrato de los servicios de restauraci¨®n de la Asamblea de Madrid al Grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal CEIM Arturo Fern¨¢ndez. As¨ª se desprende de un auto del 6 de abril, en el que mantiene la imputaci¨®n de Tatiana Recoder, jefa de los servicios jur¨ªdicos de la C¨¢mara auton¨®mica, que tambi¨¦n particip¨® en aquel concurso.
El juez y la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n sospechan que tras la adjudicaci¨®n a Cantoblanco de aquel contrato se esconde una maniobra para financiar ilegalmente al PP madrile?o. Cifuentes particip¨® en aquel concurso para la explotaci¨®n del comedor y la cafeter¨ªa de la Asamblea cuando era vicepresidenta de la C¨¢mara. La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil investiga si el contrato fue ama?ado a cambio de una comisi¨®n que el empresario hizo llegar a la supuesta caja b del PP de Madrid camuflada como donaci¨®n de 160.000 euros a Fundescam, la fundaci¨®n ligada al partido entonces liderado por Esperanza Aguirre y en cuyo patronato figuraba la presidenta.
Recoder y Cifuentes formaban ¡ªjunto con Mar¨ªa Merino, jefa de protocolo del Gabinete de la Presidencia regional, y el funcionario Isaac Arturo Zubiri¡ª el comit¨¦ de expertos que realiz¨® la licitaci¨®n. Recoder, letrada de la Asamblea, elabor¨® el informe jur¨ªdico de aprobaci¨®n de los pliegos de condiciones administrativas particulares del contrato p¨²blico y asumi¨® como tal que este documento se ajustaba a la legalidad. Seg¨²n la investigaci¨®n, Cifuentes intervino en las supuestas ¡°valoraciones arbitrarias¡± de la mesa de contrataci¨®n de la Asamblea de Madrid que desembocaron en la adjudicaci¨®n, en 2009, de la gesti¨®n de los servicios de comedor de la C¨¢mara al Grupo Cantoblanco.
En su declaraci¨®n ante el juez, en noviembre, Recoder neg¨® cualquier irregularidad en la adjudicaci¨®n del contrato y en la actuaci¨®n de Cifuentes. El pasado 31 de enero, present¨® un escrito en el que solicitaba su sobreseimiento en la causa. El auto del juez Garc¨ªa-Castell¨®n conocido ayer rechaza esta pretensi¨®n y recalca que Recoder ¡°no apreci¨®, sin que pueda determinarse a¨²n si por ignorancia o con intencionalidad, la incompatibilidad de ser miembro de la mesa de contrataci¨®n y del comit¨¦ de expertos de do?a Cristina Cifuentes Cuencas¡±.
Dos informes de UCO
La investigaci¨®n sobre esta adjudicaci¨®n se inici¨® a principios de 2017, y Cifuentes no ha sido imputada por ello. Dos informes de la UCO fechados en marzo del a?o pasado apuntaban que la hoy presidenta madrile?a ¡ªen un volc¨¢n pol¨ªtico por la falsedad del m¨¢ster que le otorg¨® la Universidad Rey Juan Carlos¡ª pudo haber cometido delitos de prevaricaci¨®n y cohecho por esta adjudicaci¨®n. En su segundo informe, la UCO destacaba que Recoder y los otros dos asesores cayeron en ¡°significativas y evidentes contradicciones¡± cuando fueron interrogados, lo que consideraba un indicio de las irregularidades. Tambi¨¦n recalcaba que Cifuentes, en cuyo despacho se celebr¨® la reuni¨®n, estaba al tanto de todo ello.
Cuando ambos documentos policiales salieron a la luz dos meses despu¨¦s, la pol¨ªtica neg¨® cualquier irregularidad y compareci¨® en el Parlamento regional para dar explicaciones. Desde su entorno se carg¨® entonces con dureza contra la Guardia Civil. El silencio del juez instructor, Eloy Velasco, que estaba a punto de abandonar su puesto, y de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, comandada en aquel momento por Manuel Moix, parecieron paralizar esta l¨ªnea de investigaci¨®n.
Tras la llegada de Garc¨ªa Castell¨®n al juzgado y el nombramiento del fiscal Alejandro Luz¨®n como nuevo responsable de Anticorrupci¨®n, las pesquisas se reactivaron. Fuentes cercanas a la investigaci¨®n siempre las han considerado clave para probar la supuesta participaci¨®n de Arturo Fern¨¢ndez en la financiaci¨®n irregular del PP, as¨ª como el papel jugado por Fundescam.
Una agenda, dos ¡®pendrive¡¯ y la caja b del PP
Las anotaciones manuscritas de la agenda intervenida a Francisco Granados en octubre de 2014 fueron el arranque de la investigaci¨®n que desemboc¨® en los dos informes de la UCO que salpican a Cifuentes. El entonces instructor Eloy Velasco abri¨® una pieza separada para investigar la caja b en el PP de Madrid que le permiti¨® localizar en casa del exgerente del partido, Beltr¨¢n Guti¨¦rrez, dos pendrive con una supuesta contabilidad paralela. Esta revelaba que a trav¨¦s de las cuentas de Fundescam se pagaban gastos electorales y que los fondos proven¨ªan de empresarios que recib¨ªan adjudicaciones p¨²blicas. Uno de ellos era Arturo Fern¨¢ndez, quien se hizo con la adjudicaci¨®n del servicio de comedor en la que particip¨® Cifuentes.
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