La b¨²squeda de la ¡°habitaci¨®n acorazada¡± del ¡®caso Lezo¡¯

M¨¢s de un a?o despu¨¦s de que la Guardia Civil detuviera a los principales implicados en el?caso Lezo, los investigadores siguen haciendo registros en busca de pruebas y del dinero no recuperado. El ¨²ltimo, el pasado 26 de abril. Ese d¨ªa, el titular del Juzgado Central de Instrucci¨®n 6, Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, orden¨® de manera urgente la entrada en dos viviendas propiedad del imputado Ildefonso de Miguel -gerente del Canal de Isabel II hasta el verano de 2009 y hombre de la m¨¢xima confianza del expresidente madrile?o Ignacio Gonz¨¢lez- en un intento de localizar documentaci¨®n comprometedora. El registro se realiz¨® ese mismo d¨ªa e incluy¨® la participaci¨®n de arquitectos del Instituto armado, adem¨¢s de agentes de la Unidad Central Operativa (UCO). El motivo: buscaban lo que el magistrado denominaba en el auto una ¡°habitaci¨®n acorazada¡± ante la sospecha de que De Miguel pudiera ocultar pruebas del caso. Fuentes cercanas a la investigaci¨®n se?alan a EL PA?S que la Guardia Civil localiz¨® el habit¨¢culo secreto, pero que en su interior solo hab¨ªa servidores inform¨¢ticos. Ni rastro de papeles ni dinero.

La autorizaci¨®n del juez se produjo despu¨¦s de que la UCO remitiese a la Audiencia Nacional un oficio en el que alertaba de la posible existencia de un habit¨¢culo secreto en el domicilio que el imputado tiene en la calle Burgohondo, de Madrid, y que figura como sede social de Zubelnelgenubi SL, ¡°matriz del entramado societario¡± del propio De Miguel. La sospecha hab¨ªa surgido tras analizar un ¡°archivo inform¨¢tico¡± intervenido en el que se apuntaba la existencia de antiguas obras de reforma en la vivienda para levantar una nueva habitaci¨®n con ¡°fuertes medidas de seguridad¡±. Los agentes sospecharon que el presunto cabecilla de la trama pod¨ªa estar utilizando ¡°para guardar de manera segura documentaci¨®n y bienes que podr¨ªan estar relacionados con los hechos delictivos que se investigan¡±.

En su escrito, la Guardia Civil ped¨ªa tambi¨¦n el registro de un segundo inmueble de De Miguel, este situado en un chal¨¦ de la calle Paseo del R¨ªo, de Pozuelo de Alarc¨®n (Madrid), as¨ª como el de posibles trasteros, garajes y ¡°cualesquiera otras dependencias anexas¡± que ambas construcciones pudieran tener, incluidos ¡°cuartos de contadores, de calefacci¨®n¡± y azoteas. Para asegurar el ¨¦xito de la b¨²squeda, el juez Garc¨ªa-Castell¨®n pidi¨® a los ayuntamientos donde se encuentran dichas viviendas ¨CMadrid y Pozuelo de Alarc¨®n- que entregasen a los agentes los planos de ambas construcciones y cualquier documentaci¨®n sobre ¡°reformas estructurales realizadas con posterioridad¡± en los inmuebles. Asimismo, reclamaba a dos empresas de construcci¨®n que supuestamente hab¨ªa contratado De Miguel para dichos trabajos que facilitaran de manera ¡°inmediata y urgente¡± a la Guardia Civil los proyectos de obra realizados en dichos edificios y la identificaci¨®n de la persona responsable de dichos trabajos con el objeto de localizar ¡°la c¨¢mara acorazada¡±.

El auto del juez que autorizaba el registro se?alaba que la UCO pod¨ªa estar acompa?ado de ¡°personal especialista en arquitectura¡± de la propia Guardia Civil para que auxiliara ¡°en la interpretaci¨®n de los planos¡± para localizar la habitaci¨®n. Tambi¨¦n permit¨ªa ¡°el uso de la fuerza proporcionalmente necesaria¡± para acceder a las viviendas y a la habitaci¨®n buscada, as¨ª como a cajas fuertes ¡°o muebles cerrados¡±. Y ordenaba el clonado de los dispositivos inform¨¢ticos y de telefon¨ªa que se encontrasen, as¨ª como la intervenci¨®n de cualquier documentaci¨®n relativa a cuentas y productos financieros, aunque figurasen a nombre de terceras personas, y de ¡°obras de arte, joyas y similares¡±. Todo ello con car¨¢cter de urgencia ¡°para garantizar la sorpresa de su ejecuci¨®n¡±. Incluso contemplaba que se adoptaran ¡°medidas de vigilancia para evitar la fuga de personas supuestamente implicadas¡± en la ocultaci¨®n de las hipot¨¦ticas pruebas que se buscaban.

Fuentes cercanas a la investigaci¨®n confirman a EL PA?S que el registro se realiz¨® el 26 de abril, como indicaba el auto judicial, y que se encontr¨® una habitaci¨®n oculta. Sin embargo, se?alan que en el interior de la misma no se hall¨® documentaci¨®n contable de la trama ni dinero. Solo los servidores inform¨¢ticos con los que trabajaban las sociedades de De Miguel, en cuyo primer an¨¢lisis los agentes no localizaron material relevante para la causa.

De Miguel, considerado estrecho colaborador del expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Gonz¨¢lez, a quien acompa?¨® en el pol¨¦mico viaje a Cartagena de Indias en 2008, est¨¢ acusado de los delitos de blanqueo, prevaricaci¨®n, fraude, cohecho y pertenencia a organizaci¨®n criminal. La investigaci¨®n lo relaciona tanto con las supuestas irregularidades en la compra de la empresa brasile?a Emissao por parte del Canal de Isabel II como con el presunto cobro de comisiones en la adjudicaci¨®n del campo de golf que se construy¨® en unos terrenos de la empresa p¨²blica en Madrid. Tras su detenci¨®n en abril de 2017, el entonces juez instructor de la causa, Eloy Velasco, le impuso una fianza 100.000 euros para eludir la prisi¨®n provisional.