Llarena alega ante Alemania que el Govern malvers¨® aunque no pagase por el refer¨¦ndum ilegal

El juez del Tribunal Supremo Pablo Llarena remiti¨® el pasado 23 de abril a la Fiscal¨ªa de Alemania un nuevo escrito en el que ahonda en los indicios recabados hasta ahora sobre el gasto de fondos p¨²blicos para financiar el refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre por parte del Govern encabezado por Carles Puigdemont. Con este nuevo documento, el magistrado intenta aclarar a las autoridades alemanas las dudas que estas plantearon sobre la existencia del delito de malversaci¨®n que esgrimi¨®, junto al de rebeli¨®n, en su orden europea de detenci¨®n para solicitar la entrega del expresidente de la Generalitat. Llarena utiliza como principal argumento que, aunque la investigaci¨®n determine finalmente que algunos gastos no se hicieron efectivos, el delito de malversaci¨®n seguir¨ªa existiendo en grado de tentativa, ya que s¨ª existir¨ªa una "obligaci¨®n de pago asumida" por la Generalitat.

El nuevo documento ¡ªde nueve folios de extensi¨®n y remitido por correo electr¨®nico a trav¨¦s de Eurojust¡ª arranca recordando la pol¨¦mica surgida en Espa?a por las recientes declaraciones del ministro de Hacienda, Crist¨®bal Montoro, en la que aseguraba que en las cuentas del Govern ¡ªbajo el control de su departamento¡ª no figuraban ning¨²n pago para financiar el refer¨¦ndum ilegal. Llarena informa ahora a las autoridades alemanas que ha pedido a Montoro que aclare estas afirmaciones "a la mayor brevedad", pero que hasta el momento no ha recibido respuesta. No obstante, considera que "la fuerza de los indicios" recabados hasta el momento sostienen la acusaci¨®n por un delito de malversaci¨®n de caudales.

El magistrado hace en su escrito un resumen de estos indicios sobre supuestos gastos para la consulta ilegal referidos a la campa?a de publicidad, al reparto postal de documentaci¨®n electoral, la compra de sobres y carteler¨ªa, y los gastos para sufragar la estancia durante el 1-O de observadores internacionales. Llarena detalla que en algunos casos se emitieron las facturas, pero que no existe constancia de que se haya abonado el importe de las mismas. Una circunstancia que, en su opini¨®n, no elimina la existencia del delito de malversaci¨®n.

"En la eventualidad de que se entendiera que la obligaci¨®n de pago asumida por la Generalidad de Catalu?a no est¨¢ consumada, por no haberse llevado a t¨¦rmino (quiz¨¢s solo parcialmente) los trabajos que determinaban la contraprestaci¨®n del pago, los hechos se muestran como una eventual tentativa del delito de malversaci¨®n", recoge el documento. No obstante, considera que en ning¨²n caso se produce "una minoraci¨®n penal¨®gica del delito" ya que la tentativa se integrar¨ªa "en un delito continuado y consumado de malversaci¨®n" ya que considera que s¨ª est¨¢n probadas "otras defraudaciones".

En este sentido, destaca la existencia de tres transferencias ¡ªdos de ellas consumadas y otra suspendida¡ª realizadas desde la Delegaci¨®n del Gobierno de la Generalitat de Catalu?a ante la Uni¨®n Europea con destino a la empresa holandesa 'The Hague Centre for Estrategic Studies' y que el juez espa?ol considera que ten¨ªa como fin financiar la participaci¨®n de observadores internacionales en el refer¨¦ndum ilegal. Adem¨¢s, destaca los m¨¢s de 95.000 euros que se abonaron a trav¨¦s de dos tarjetas de cr¨¦dito asociados a una cuenta de Diplocat, el ¨®rgano creado por el Govern para canalizar sus relaciones con terceros pa¨ªses, y que sirvieron para sufragar la estancia y manutenci¨®n en Barcelona de estos observadores.