El Supremo confirma el procesamiento de Puigdemont y el resto de l¨ªderes del ¡®proc¨¦s¡¯

La Sala de Apelaciones del Tribunal Supremo ha confirmado el procesamiento por rebeli¨®n y malversaci¨®n de la c¨²pula independentista de Catalu?a, incluidos Carles Puigdemont y el exvicepresidente Oriol Junqueras. En un auto notificado este mi¨¦rcoles, la Sala ha rechazado los recursos presentados por 15 procesados y la acusaci¨®n que ejerce Vox, lo que confirma el procesamiento de estos investigados y de los otros 10 que no hab¨ªan recurrido. Esta decisi¨®n implica la suspensi¨®n temporal del cargo tanto del expresidente de la Generalitat como de todos los diputados encarcelados y procesados por rebeli¨®n.

Los magistrados de la Sala de Apelaciones consideran "suficientemente razonable" calificar los hechos como delito de rebeli¨®n porque existi¨® "un alzamiento" con un uso "torticero" del poder para conseguir la independencia de Catalu?a al margen de la ley. Adem¨¢s, en cuanto a la malversaci¨®n de la que se acusa tambi¨¦n a varios de los investigados, el Supremo dice que hubo "un sistema de enga?o" que ocultaba el destino de las cantidades a otros fines relacionados con el refer¨¦ndum ilegal de 1-O.

El auto notificado este mi¨¦rcoles por la Sala de Apelaciones ratifica los indicios de rebeli¨®n, malversaci¨®n y desobediencia atrubuidos por Llarena a los 25 l¨ªderes independentistas a los que proces¨® el pasado 23 de marzo. El instructor proces¨® por un delito de rebeli¨®n a Puigdemont, el exvicepresidente Oriol Junqueras, siete exconsejeros (Joaquim Forn, Jordi Turull, Ra¨¹l Romeva, Clara Ponsat¨ª, Josep Rull, Toni Com¨ªn y Dolors Bassa), a la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la Asamblea Nacional Catalana (ANC) Jordi S¨¤nchez, el de Omnium Cultural Jordi Cuixart, y a la secretaria general de ERC, Marta Rovira. El juez proces¨® adem¨¢s por desobediencia a los exconsejeros Meritxell Borr¨¤s, Lluis Puig, Carles Mund¨®, Santi Vila y Meritxell Serret, el mismo delito que atribuy¨® a cinco exmiembros de la Mesa del Parlamento de Catalunya ¡ªLluis Mar¨ªa Corominas, Lluis Guin¨®, Anna Isabel Sim¨®, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet¡ª, as¨ª como a Mireia Boya, expresidenta del grupo parlamentario de la CUP, y a Anna Gabriel, exportavoz del mismo grupo. A todos los miembros del Govern de Puigdemont se le atribuy¨® adem¨¢s un delito de malversaci¨®n.

La sala, formada?por los magistrados Miguel Colmenero, Alberto Jorge Barreiro y Vicente Magro, asume el delito de rebeli¨®n por el que Llarena opt¨® desde el principio de la instrucci¨®n, aunque no descarta que en la sentencia definitiva los hechos puedan ser calificados penalmente de otra forma. El procesamiento firme por este delito, castigado con hasta 30 a?os de c¨¢rcel y que exige que hubiera un alzamiento violento, implica la aplicaci¨®n del art¨ªculo 384 bis de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que supone la suspensi¨®n autom¨¢tica para ejercer como diputados de los procesados por rebeli¨®n sobre los que se haya decretado la prisi¨®n provisional. En esta situaci¨®n est¨¢n Junqueras,Turull, Rull, Romeva y S¨¤nchez. El Supremo extender¨¢ tambi¨¦n esta suspensi¨®n a Puigdemont y Com¨ªn, a los que la justicia alemana y belga ha dejado en libertad provisional pero que tienen la prisi¨®n preventiva decretada en Espa?a.

La aplicaci¨®n de esta norma exige, seg¨²n el Supremo, motivar especialmente la existencia del delito de rebeli¨®n, pero la Sala coincide con Llarena en que hay indicios ¡°suficientemente¡± razonables para atribuir este tipo penal a la c¨²pula del proc¨¦s. Seg¨²n los magistrados, las semanas previas al refer¨¦ndum ilegal del 1 de octubre y en la misma jornada de la votaci¨®n se produjeron "actos de violencia¡± encaminados a la celebraci¨®n de la consulta independentista prohibida por el Tribunal Constitucional y en que los procesados hab¨ªan convertido en un elemento ¡°previo e imprescindible" para proceder a la declaraci¨®n unilateral de independencia. Para el Supremo, estos actos violentos fueron ¡°asumidos y alentados¡± por la c¨²pula independentista que, ante la imposibilidad de una negociaci¨®n orientada a conseguir la independencia de Catalu?a, plane¨® ¡°la movilizaci¨®n popular y el enfrentamiento f¨ªsico con los agentes representantes del Estado como la forma de obligar a este a claudicar y aceptar aquella declaraci¨®n y el mismo hecho de la independencia¡±.

La sala afirma que aunque el t¨¦rmino ¡°rebeli¨®n¡± evoca los pronunciamientos militares, ¡°ejecutados ordinariamente con armas¡±, el actual art¨ªculo 472 del C¨®digo Penal, aunque exige la violencia (alzamiento p¨²blico y violento) no exige para ello el empleo de armas, sino que el mero hecho de que los autores hayan llegado a esgrimirlas, sin que las hayan utilizado, ya basta para aplicar este delito. ¡°Aunque la violencia debe estar necesariamente presente, cabe una rebeli¨®n sin armas. No se opone a ello la existencia en el C¨®digo Penal cuando se cometa con armas, pues no suponen otra cosa que previsiones legales para los casos m¨¢s graves¡±, expone la Sala en respuesta al presidente de ?minum Cultural, Jordi Cuixart, en prisi¨®n desde octubre y que se refer¨ªa en su recurso como ejemplos de rebeli¨®n a los alzamientos militares de 1936 y de 1981.

Los magistrados admiten que esta conducta "no es exactamente igual en su configuraci¨®n al cl¨¢sico pronunciamiento militar", pero sostienen que esa diferencia en las formas no impide la posibilidad de considerarla correctamente subsumible en el precepto? del C¨®digo Penal correspondiente al delito de rebeli¨®n."No es descabellado sostener en este momento procesal que existe un alzamiento cuando las autoridades leg¨ªtimas de una Comunidad Aut¨®noma, integrada como parte de Espa?a, deciden, desde el ejercicio del poder, derogar de hecho las Constituci¨®n, el Estatuto que garantiza y regula su ampl¨ªsimo autogobierno, y el resto del ordenamiento jur¨ªdico que se oponga a sus designios, sustituyendo todas esas normas por otras emanadas de sus propios ¨®rganos legislativos, negando con todo ello la autoridad del Estado y constituy¨¦ndose en un poder pol¨ªtico absolutamente aut¨®nomo, utilizando de forma torticera un poder que les fue conferido con otras y muy diferentes finalidades¡±.

Los magistrados dejan en cualquier caso la calificaci¨®n penal definitiva de los hechos al tribunal que juzgue el caso, previsiblemente el pr¨®ximo oto?o, y que tendr¨¢ que practicar "aut¨¦nticas pruebas" en la vista oral.? Por todo ello, la Sala considera que los hechos encajan en el delito de rebeli¨®n o en defecto de alguno de ellos, en el de sedici¨®n, aunque recuerda que el bien jur¨ªdico protegido en ambos delitos es distinto. "El primero est¨¢ incluido entre los delitos contra la Constituci¨®n y el segundo lo est¨¢ entre los delitos contra el orden p¨²blico, de manera que las finalidades de la acci¨®n de alzamiento p¨²blico contempladas en la rebeli¨®n no son precisas en el delito de sedici¨®n", afirma la Sala.

Respecto al delito de malversaci¨®n, que las defensas de los procesados consideran que no se ha probado que existiera, los magistrados sostienen que s¨ª se organiz¨® "un sistema de enga?o" que, "bajo la apariencia de partidas presupuestarias correctamente ejecutadas, ocultaba el destino de cantidades a otros fines relacionados con la celebraci¨®n del refer¨¦ndum, lo cual resulta suficiente a los efectos de considerar la existencia de los indicios racionales de criminalidad que exige el procesamiento¡±.

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