El PP exige datos sobre el coste de la sanidad universal

A las comunidades aut¨®nomas gobernadas por el Partido Popular el anuncio de una sanidad p¨²blica universal del reci¨¦n estrenado Gobierno les parece ¡°demag¨®gico¡±, y exigen una memoria econ¨®mica que defina exactamente cu¨¢nto costar¨¢ garantizar la atenci¨®n m¨¦dica gratuita?a los inmigrantes en situaci¨®n irregular en Espa?a.?Lo han dejado claro en el primer Consejo Interterritorial con la nueva ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Mont¨®n.? ?

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Mont¨®n, con apenas tres semanas en el cargo, quiso dedicar su primera reuni¨®n con los consejeros auton¨®micos exclusivamente a la recuperaci¨®n de la universalidad del sistema sanitario, su primera medida al frente de Sanidad de la Comunidad Valenciana y tambi¨¦n la primera iniciativa que anunci¨® reci¨¦n instalada en Madrid. Pero los consejeros del PP creen que la cuesti¨®n de la atenci¨®n a inmigrantes ya la hab¨ªan resuelto las comunidades aut¨®nomas por su cuenta. ¡°Lo de hoy es m¨¢s demagogia que fundamento¡±, subray¨® la responsable de La Rioja, Mar¨ªa Mart¨ªn. Otra representante, la de Catalu?a, Alba Verg¨¨s, no acudi¨® a la reuni¨®n en Madrid porque ¡°el ¨²nico punto del d¨ªa es la universalidad y la Generalitat hace tiempo que garantiza ese derecho¡±, seg¨²n fuentes del Govern.?

El real decreto que aprob¨® en abril de 2012 ¡ªen plena crisis econ¨®mica¡ª el Gobierno de Mariano Rajoy, el que ahora planea revertir Pedro S¨¢nchez, establec¨ªa que para tener derecho a la sanidad p¨²blica y gratuita era necesario estar dado de alta en la Seguridad Social, algo imposible para inmigrantes irregulares, que no tienen posibilidad de un permiso de trabajo. Exclu¨ªa, eso s¨ª, a menores, embarazadas y a extranjeros que necesitaran atenci¨®n de urgencias. Desde entonces, las comunidades han usado distintas f¨®rmulas, algunas de ellas tumbadas por la justicia, como en el caso catal¨¢n, cuya orden de cobertura fue anulada a principios de junio por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a.

La nueva norma de Sanidad considerar¨¢ residentes a quienes puedan acreditar que llevan m¨¢s de 90 d¨ªas en Espa?a, aunque si un ciudadano lleva menos se establecer¨¢ un procedimiento especial que incluir¨¢ un informe social.

Los populares lanzaron el jueves una cifra, el coste que calculan para la medida estrella del nuevo Gobierno: 1.200 millones de euros. Rajoy calculaba que con su decreto de 2012 ahorrar¨ªa 917 millones, pero no especificaba la parte correspondiente a sin papeles. Nunca se ha sabido si cumpli¨® sus objetivos. ¡°La financiaci¨®n no ser¨¢ una excusa para la recuperaci¨®n de un derecho que afecta a la vida de los ciudadanos¡±, insiste Mont¨®n.