Las opciones del Supremo: debate jur¨ªdico sobre dos malas alternativas

La decisi¨®n de la justicia alemana de rechazar la entrega de Carles Puigdemont obliga al juez Pablo Llarena a decidir entre dos opciones y ninguna es buena, seg¨²n coinciden los juristas consultados por EL PA?S. La primera es aceptar la entrega en las condiciones acordadas por Alemania y renunciar a juzgarle por rebeli¨®n, el delito m¨¢s grave que se le atribuye y el que articula toda la causa abierta contra la c¨²pula del proc¨¦s. La segunda, dejarle libre en Alemania con la expectativa de que entre en alg¨²n momento en Espa?a y se le pueda detener o cambie de pa¨ªs y se reactive la euroorden con m¨¢s ¨¦xito. Hay una tercera v¨ªa, por la que apuestan algunos juristas y que no descarta el Supremo, que pasa por acudir al Tribunal de Justicia de la UE, aunque si este movimiento fracasa Llarena volver¨ªa a estar como ahora.

Los expertos coinciden en que todas las alternativas tienen riesgos, pero discrepan sobre cu¨¢l es jur¨ªdicamente m¨¢s correcta. ¡°Lo m¨¢s coherente con la instrucci¨®n es renunciar a la entrega si es solo por malversaci¨®n¡±, sostiene Juan Ignacio Navas, abogado experto en derecho de la UE. ¡°Lo contrario, juzgarle por el delito menor, premiar¨ªa al huido¡±, a?ade. En el sentido contrario reflexiona Jacobo Dopico, catedr¨¢tico de derecho penal de la Carlos III de Madrid: ¡°El premio gordo ser¨ªa dejarle en Alemania y no juzgarle por ning¨²n delito¡±, afirma Dopico, para quien esta decisi¨®n supondr¨ªa en la pr¨¢ctica ¡°un sobreseimiento total¡±.

En la misma l¨ªnea se pronuncia el jurista Miguel Pasquau, que recuerda que en la legislaci¨®n espa?ola no rige el principio de oportunidad (que ser¨ªa no traer a Puigdemont porque no conviene por estrategia jur¨ªdica) sino el de legalidad (que obliga a perseguir los delitos). Tanto Pasquau como Dopico tienen serias dudas de que el instructor del Supremo est¨¦ facultado para renunciar a juzgar al expresidente catal¨¢n. ¡°Est¨¢ entrando en un juego t¨¢ctico que no tiene encaje en el derecho espa?ol, que no admite el principio de oportunidad en la persecuci¨®n penal¡±, advierte el catedr¨¢tico de la Carlos III, que lanza una pregunta: ¡°?Puede un instructor a quien ya le han concedido la entrega de un procesado no ponerlo a disposici¨®n del Tribunal Supremo?¡±. En su opini¨®n, y en la de Pasquau, no. Esta obligaci¨®n de perseguir el delito ser¨ªa a¨²n m¨¢s contundente en el caso de la Fiscal¨ªa, se?alan ambos juristas, por lo que creen que el ministerio p¨²blico deber¨ªa exigir a Llarena que reclame la entrega por malversaci¨®n.

Sus tesis divergen de la de Luis Arroyo, especialista en derecho penal internacional y exvicepresidente del consejo cient¨ªfico del Instituto Max-Planck de Derecho Penal Internacional, con sede en la ciudad alemana de Friburgo de Brisgovia, que cree que el instructor no tiene que rendirse ante el pa¨ªs germano. ¡°La justicia y el Estado tienen que defender su dignidad¡±, advierte Arroyo, muy cr¨ªtico con la resoluci¨®n alemana. ¡°Es un desprop¨®sito. Una violaci¨®n del derecho europeo y del sentido com¨²n¡±.

Arroyo no tiene dudas de que Alemania se ha extralimitado en el papel que le correspond¨ªa. ¡°No es que se meta ya a examinar los hechos, sino que ha examinado las intenciones. Y ha concluido que Puigdemont es un hombre bueno¡±, dice el jurista, que apunta un dato, en su opini¨®n, ¡°muy llamativo¡±: entre la jurisprudencia que cita el tribunal alem¨¢n hay un libro cuyo primer autor es el letrado de Puigdemont en ese pa¨ªs Wolfgang Schomburg.

Pasquau y Dopico consideran, sin embargo, que Alemania ha actuado correctamente. ¡°Yo dir¨ªa que ha sido impecable¡±, afirma el primero. ¡°Ten¨ªan que ver si los hechos eran delito en Alemania y han considerado y argumentado que no¡±, a?ade.

Arroyo y el abogado Juan Ignacio Navas, ven en cambio argumentos para que el Supremo lleve el caso al Tribunal de Justicia de la UE con opciones de ganar. Ambos sostienen, adem¨¢s, que el Gobierno har¨ªa bien en presentar una queja en la Comisi¨®n Europea contra Alemania por incumplimiento de la normativa comunitaria. Arroyo, buen conocedor de ese pa¨ªs, advierte asimismo que a Espa?a le falla la pol¨ªtica de comunicaci¨®n. ¡°No sabemos explicar que somos un pa¨ªs plenamente democr¨¢tico, all¨ª todav¨ªa nos tratan como si no lo fu¨¦ramos del todo¡±, afirma.