La estrategia fallida de Llarena

Cuando Carles Puigdemont fue detenido el pasado 25 de marzo en una gasolinera del Estado de Schleswig Holstein, al norte de Alemania, el Gobierno espa?ol dio por desactivada la fuga europea del expresident. Puigdemont y otros cuatro miembros de su Gobierno hab¨ªan elegido B¨¦lgica como destino a finales de octubre cuando constataron que la Fiscal¨ªa se iba a querellar por rebeli¨®n contra los l¨ªderes del proc¨¦s. No era una elecci¨®n casual. Sus abogados sab¨ªan que la justicia belga iba a ser reticente a entregarles por rebeli¨®n, un delito que no tiene un equivalente exacto en ese pa¨ªs. Por eso, cuando el expresidente fue arrestado en Alemania al tratar de volver a B¨¦lgica tras un viaje a Finlandia, fuentes de la Seguridad del Estado publicitaron que hab¨ªan seguido a Puigdemont en ese periplo y hab¨ªan decidido detenerlo en el pa¨ªs germano. La estrecha cooperaci¨®n entre Espa?a y Alemania y la existencia de un delito similar al de rebeli¨®n en su c¨®digo penal, auguraba un complicado futuro al expresidente catal¨¢n.

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Menos de cuatro meses despu¨¦s, la justicia alemana ha hecho trizas la causa abierta en el Tribunal Supremo contra los l¨ªderes independentistas. La decisi¨®n del tribunal de Schleswig Holstein de entregar a Puigdemont solo por el delito de malversaci¨®n, ha dado de lleno en lo que constituye la m¨¦dula de la instrucci¨®n de Llarena, pero que desde el principio se convirti¨® tambi¨¦n en su punto m¨¢s d¨¦bil: la acusaci¨®n por rebeli¨®n, un delito castigado con hasta 30 a?os de c¨¢rcel y que fue el que se aplic¨® al teniente coronel de la Guardia Civil Antonio Tejero y al resto de la c¨²pula militar que le acompa?¨® el 23-F.

La iniciativa de atribuir este delito a los l¨ªderes independentistas no fue del Supremo ni de la Audiencia Nacional (donde se instruy¨® durante un mes la causa contra los miembros del Govern), sino de la Fiscal¨ªa General del Estado, dirigida entonces por Jos¨¦ Manuel Maza. El fiscal (fallecido en noviembre) fue quien interpuso el 30 de octubre la querella por rebeli¨®n, sedici¨®n y malversaci¨®n contra Puigdemont, 13 exconsejeros y cinco miembros de la Mesa del Parlament por alentar un ¡°movimiento de insurrecci¨®n activa entre la poblaci¨®n¡± para la secesi¨®n de Catalu?a.

La invocaci¨®n de este delito fue cuestionada desde el principio por sectores de la judicatura, para quienes el levantamiento violento que identifica a este tipo penal debe entenderse en el contexto de un alzamiento armado y no encaja en lo ocurrido en Catalu?a. Pero Llarena hizo suya la acusaci¨®n por rebeli¨®n y, auto a auto, ha ido acoplando los hechos a la definici¨®n de este delito hasta armar el relato con el que proces¨® a 25 l¨ªderes secesionistas. La historia de seis a?os (el instructor sit¨²a el inicio del proc¨¦s el 19 de diciembre de 2012, con la firma del acuerdo entre Artur Mas y Oriol Junqueras que llev¨® al primero a la presidencia de la Generalitat) de cabalgada sin frenos hacia la ruptura con el Estado. En medio, se desobedecieron reiteradamente sentencias del Constitucional, se infringieron leyes, se malvers¨® supuestamente dinero para crear las estructuras de la futura rep¨²blica, se organiz¨® un refer¨¦ndum ilegal y se moviliz¨® a la sociedad civil sabiendo que pod¨ªan desencadenarse actos de violencia.

Lo cierto es que la rebeli¨®n permit¨ªa aplicar medidas excepcionales que, premeditadas o no, han sido determinantes para neutralizar a los l¨ªderes secesionistas que protagonizaron el pulso al Estado: entre ellas, que la causa se instruyera en Madrid porque los hechos trascienden a la comunidad de Catalu?a (aunque esta decisi¨®n la cuestionan algunas voces jur¨ªdicas); y abrir la puerta al encarcelamiento preventivo dada la gravedad de las penas previstas para este delito (entre 15 y 30 a?os). Estas dos caracter¨ªsticas las comparte la sedici¨®n, el tipo penal que se atribuy¨® al inicio a los l¨ªderes de ANC y ?mnium (Jordi S¨¢nchez y Jordi Cuixart) y por el que est¨¢ procesado el ex jefe de los Mossos Josep Llu¨ªs Trapero.

Pero la rebeli¨®n incorpora dos peculiaridades que han sido decisivas en el devenir pol¨ªtico y jur¨ªdico de los ¨²ltimos meses. La primera, posibilitaba a medio plazo suspender como diputados a la c¨²pula secesionista, una medida que se consum¨® el 27 de junio. Y la segunda, clave en el proceso, permit¨ªa centralizar la causa en el Supremo (donde al principio solo se investigaba a los cinco miembros de la Mesa por ser aforados).

La rebeli¨®n, por definici¨®n, es de ejecuci¨®n colectiva: un grupo que se alza para conseguir un fin, en este caso la independencia. Seg¨²n el relato del alto tribunal, el proc¨¦s est¨¢ basado en un concierto entre partidos pol¨ªticos y entidades secesionistas que se repartieron los papeles en un plan muy preparado para declarar la independencia de Catalu?a al margen de la ley. A efectos de la investigaci¨®n: los hechos cometidos por cada protagonista no pueden desgajarse los unos de los otros, por los que hay que instruirlos juntos. Y como entre los imputados hab¨ªa aforados a los que solo pod¨ªa investigar el Supremo, el alto tribunal centraliza la causa.

Pero cuando tom¨® esta decisi¨®n, el Supremo no intu¨ªa hasta qu¨¦ punto el control del procedimiento se le hab¨ªa venido abajo con las fugas de Puigdemont y el resto de huidos. El caso ya no depend¨ªa solo de Llarena y de sus compa?eros de sala que han revisado las decisiones del instructor cuando las han cuestionado las defensas. El futuro judicial y hasta el pol¨ªtico del jefe de los rebeldes y la coherencia de la causa m¨¢s importante instruida en el alto tribunal en m¨¢s de 35 a?os estaba en manos de tribunales de otros pa¨ªses (primero solo B¨¦lgica, y luego tambi¨¦n de Alemania, Suiza y Escocia) dispuestos a examinar la actuaci¨®n del juez espa?ol asumiendo ese papel de segunda instancia que el sumario hab¨ªa esquivado en Espa?a al concentrarse en el Supremo, cuyas decisiones no admiten recurso.

Tras nueve meses de intercambio de estrategia judicial entre Llarena y los huidos, el juez ha asumido su derrota (al menos temporal). El rechazo de Alemania a entregar a Puigdemont por rebeli¨®n y el temor a un goteo de decisiones similares en los otros pa¨ªses han llevado al instructor a renunciar a juzgar por ahora al expresidente y al resto de fugados. No lo consult¨® con la fiscal¨ªa, pero fuentes del ministerio p¨²blico le secundan. La actuaci¨®n de alemania, dicen, era inasumible y rechazar la entrega es la manera de no darle ¡°reconocimiento jur¨ªdico¡± a esa resoluci¨®n. Ha gustado menos la retirada de las euro¨®rdenes contra todos los huidos, una medida que algunos interpretan como la forma elegida por Llarena para decir que ha dejado de confiar en el sistema de cooperaci¨®n judicial entre los Estados de la UE. Un sistema que, en palabras de un fiscal, ¡°ha saltado por los aires¡± la semana pasada.