El Gobierno negociar¨¢ con las comunidades el reparto de menores inmigrantes

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M¨¢s de 7.000 menores solos desaf¨ªan la red de acogida

Qu¨¦ pasa con los menores no acompa?ados

In English: Andalusia, Catalonia want fairer distribution of migrant minors in Spain

Llegan en pateras, en el maletero de un coche o en los bajos de un cami¨®n. En muchas ocasiones sus padres ni siquiera saben d¨®nde est¨¢n, mucho menos que han llegado a Europa. Est¨¢n solos y su tutela pone en jaque la red de acogida de varias comunidades aut¨®nomas. Son ya m¨¢s de 7.000, el 70% marroqu¨ªes. Andaluc¨ªa, Catalu?a y Ceuta y Melilla tutelan a m¨¢s del 67% de estos menores que se han convertido en una prioridad para el Gobierno. La llegada es incesante: ayer fueron 12 menores en dos pateras. Ma?ana el Gobierno se reunir¨¢ con las comunidades para afrontar el principal problema: lograr un reparto m¨¢s equitativo.

Los menores extranjeros que desembarcan irregularmente en Espa?a se han convertido en una de las prioridades de la pol¨ªtica migratoria que a¨²n est¨¢ perfilando el Gobierno. Preocupan por su vulnerabilidad, pero tambi¨¦n porque el modelo actual de atenci¨®n, distribuci¨®n y protecci¨®n de los m¨¢s peque?os hace agua. Entre 50 y un centenar duermen en las calles de Melilla; en Andaluc¨ªa, cuando llega la hora de dormir en los centros de acogida, se plantan colchones hasta en el comedor y en Catalu?a han llegado a pasar la noche al raso a la espera de que se les asigne destino.

Adem¨¢s, el reparto es muy desigual. Las comunidades citadas se responsabilizan del grueso de estos menores (Andaluc¨ªa tiene tutelados 2.597 y Catalu?a 1.012), mientras que hay otras, como La Rioja, Extremadura o Castilla y Le¨®n que apenas sienten el problema.

Los n¨²meros han batido r¨¦cords. En apenas dos a?os los menores tutelados por las Administraciones auton¨®micas han pasado de 3.997 en 2016 a 7.145, a 30 de junio de este a?o, antes de que se intensificaran las llegadas a las costas espa?olas durante el mes de julio.

Cerca del 70% provienen de Marruecos, pero en el ¨²ltimo a?o la cantidad de j¨®venes originarios de pa¨ªses como Costa de Marfil o Guinea ha aumentado m¨¢s de un 160%, de acuerdo con Save the Children. Son j¨®venes que pasan meses intentando alcanzar Europa y las secuelas de sus viajes hacen adem¨¢s m¨¢s compleja su atenci¨®n. Abdul (nombre ficticio) sali¨® hace a?o y medio de Guinea y, tras ser rescatado por el buque Aquarius en junio, vive en un centro de menores de Alicante. ¡°He estado en tres prisiones en Libia. Viv¨ªa a base de pan y agua salada, aunque los viernes nos daban macarrones que nos hac¨ªan sentirnos mal el resto del d¨ªa¡±, cuenta el adolescente de 16 a?os con los pu?os apretados. Abdul, hu¨¦rfano de madre desde los 12 a?os, se recuerda siempre triste. ¡°Tambi¨¦n ahora¡±, mantiene.

Para definir las directrices en esta materia, el Gobierno ha convocado el lunes la Conferencia Sectorial de Inmigraci¨®n, que no se reun¨ªa desde 2015. Al encuentro, de car¨¢cter consultivo, deben acudir representantes de todas las comunidades y de Ceuta y Melilla. La invitaci¨®n es escueta y con un ¨²nico y gen¨¦rico punto del d¨ªa: ¡°Situaci¨®n migratoria en Espa?a y l¨ªneas de actuaci¨®n en materia de pol¨ªtica de inmigraci¨®n¡±. La prioridad, sin embargo, es el reparto m¨¢s ecu¨¢nime de los menores no acompa?ados, cuya tutela desborda a algunas comunidades, especialmente a Andaluc¨ªa que asume el cuidado del 36% de los menores extranjeros de toda Espa?a, seg¨²n datos del Ministerio del Interior. La siguen Catalu?a (1.012), Melilla (933), Pa¨ªs Vasco (713), la Comunidad Valenciana (464), Madrid (450) y Ceuta (265). En el otro extremo, La Rioja, que solo acoge a uno de estos menores, o Extremadura (siete). Estas cifras, sin embargo, son de una fiabilidad relativa, seg¨²n expresan en el Gobierno que no cree que el registro sea riguroso. Este depende del Ministerio del Interior que, a su vez, se nutre de lo que le dicen las comunidades.

¡°No hay saturaci¨®n¡±

El cuidado de estos menores es competencia exclusiva de las comunidades, como ma?ana recordar¨¢ la ministra de Trabajo y Migraciones, Magdalena Valerio, que presidir¨¢ la reuni¨®n. En el encuentro har¨¢ un planteamiento integral de la actual presi¨®n migratoria, escuchar¨¢ a las comunidades e informar¨¢ de la reuni¨®n monogr¨¢fica sobre menores a la que convocar¨¢ para el 5 de septiembre la ministra de Sanidad y Bienestar Social, Carmen Mont¨®n, seg¨²n se?alan fuentes gubernamentales a EL PA?S.

El sistema de acogida, como denuncian con asiduidad organizaciones humanitarias y el Defensor del Pueblo, no garantiza que los j¨®venes se integren social y laboralmente al cumplir los 18 a?os. La impresi¨®n que tiene el Gobierno de c¨®mo se aborda el problema es negativa y por eso va a proponer cambios, aunque puede chocar con las comunidades. De entrada, el Gobierno considera que ¡°no hay saturaci¨®n¡± sino desbordamiento en momentos concretos, es decir, picos que se producen cuando de golpe llegan 100 personas.

La titular de Sanidad tiene una informaci¨®n bastante ajustada de cu¨¢l es la realidad tras un primer contacto a principios de julio con todas las comunidades. El pasado 26 de julio tuvo otra reuni¨®n con los consejeros en la que les record¨® su obligaci¨®n de atender a los menores. En esos contactos la ministra escuch¨® las dificultades de las comunidades, especialmente con los adolescentes, pero Mont¨®n defendi¨® que no hay excusa para no atenderlos.

Nuevas plazas

Una demanda inexorable de la ministra de Bienestar Social ser¨¢ un control m¨¢s riguroso del n¨²mero de menores, ya que muchos de ellos se escapan, sobre todo los mayores de 16 a?os, porque quieren trabajar, se?ala el Ejecutivo. La disfunci¨®n del registro es uno de los puntos del cap¨ªtulo que el Defensor del Pueblo dedica al problema en su ¨²ltimo informe, pero tambi¨¦n lo es que no se les permita trabajar como a otros extranjeros y nacionales que pueden incorporarse al mercado laboral con 16 a?os. La instituci¨®n expone su oposici¨®n al parecer de la Secretar¨ªa General de Inmigraci¨®n y Emigraci¨®n, que entiende que no procede que las tarjetas de residencia de los menores extranjeros no acompa?ados reflejen que est¨¢n autorizados a trabajar.

Otro cambio que quiere proponer el Gobierno es la modificaci¨®n de la f¨®rmula para conocer la edad de los menores, un procedimiento m¨¦dico criticado por especialistas y hasta por el Comit¨¦ de Derechos del Ni?o de Naciones Unidas por su amplio margen de error. ¡°Hay que humanizar m¨¢s ese examen y no solo fiarnos de la radiograf¨ªa de la mu?eca¡±, se?alan en el Ejecutivo.

Las comunidades tienen tambi¨¦n mucho que decir al Gobierno. La concentraci¨®n de este colectivo en Andaluc¨ªa ha provocado en varias ocasiones situaciones de colapso, con menores durmiendo en colchones encajados en el suelo como un rompecabezas ante la falta de camas. En lo que va de a?o se han tenido que crear 700 plazas extraordinarias en las provincias de Almer¨ªa, C¨¢diz y Granada, seg¨²n la Junta.

Fue precisamente la presidenta andaluza, Susana D¨ªaz, quien inst¨® a S¨¢nchez a convocar ¡°cuanto antes¡± la conferencia para repartir responsabilidades ante el flujo migratorio, una colaboraci¨®n que deber¨ªa ir ¡°m¨¢s all¨¢ de la solidaridad¡±. ¡°Andaluc¨ªa va a la cabeza de todos los problemas aunque reconoce la labor del Gobierno de Pedro S¨¢nchez en solo un mes¡±, se?alan fuentes de la Junta. El Gobierno es consciente de la presi¨®n que tienen Andaluc¨ªa y algunas otras comunidades y las ayudas est¨¢n en marcha, adem¨¢s de una nueva planificaci¨®n, pero proclama que el sistema asistencial espa?ol puede absorber la crisis de este verano.

En Catalu?a, el a?o pasado, los j¨®venes indocumentados llegaron a pasar tres d¨ªas durmiendo en los pasillos de la Ciudad de la Justicia de Barcelona, adonde se les env¨ªa para realizarles las pruebas para determinar su edad antes de obtener plaza en un centro de acogida. Tras la creaci¨®n de 800 nuevas plazas en dos meses y otras 458 que deben abrirse en breve la escena de j¨®venes durmiendo al raso ha dejado de ser com¨²n en los noticiarios, pero la Generalitat quiere m¨¢s recursos y ¡°transparencia¡± sobre las llegadas de estos menores para poder ¡°planificar¡± mejor su acogida.

La Comunidad Valenciana, que tuvo que abrir plazas de emergencia para atender, entre otros, a los 77 menores no acompa?ados del Aquarius en junio, incidir¨¢ en que el Gobierno debe coordinar la distribuci¨®n territorial de los menores y dotarla de financiaci¨®n. ¡°Si va a haber una distribuci¨®n solidaria tendr¨¢ que ir acompa?ada de recursos¡±, advierte la Generalitat.

Fuentes ceut¨ªes alertan de que la problem¨¢tica derivada de la atenci¨®n a los menores es ¡°crucial¡± para la ciudad. El Gobierno local reivindica una pol¨ªtica com¨²n para todo el territorio, ¡°de manera que las cargas y la servidumbre del fen¨®meno se repartan equitativamente¡± y no en funci¨®n de la situaci¨®n geogr¨¢fica de las regiones que ejercen de frontera de Europa.