Juristas alertan de los riesgos de anular los juicios del franquismo

La anulaci¨®n por ley de los juicios ¡ªy las consiguientes sentencias¡ª emanadas por los tribunales de la dictadura franquista contra el expresidente de la Generalitat de Catalu?a Llu¨ªs Companys ¡ªfusilado el 15 de octubre de 1940¡ª y contra otros cientos de miles de personas perseguidas penalmente por su militancia o inclinaci¨®n pol¨ªtica o por motivos ideol¨®gicos o religiosos tendr¨ªa una eficacia m¨¢s simb¨®lica que jur¨ªdica. As¨ª lo consideran juristas consultados por este peri¨®dico, que, aunque creen posible establecer por ley la ilegalidad y la nulidad de aquellos procesos, entienden que de ello dif¨ªcilmente se podr¨ªan derivar, por ejemplo, indemnizaciones y reparaciones econ¨®micas para las v¨ªctimas o sus herederos.

Otros expertos, sin embargo, advierten de que la anulaci¨®n por parte del Congreso de sentencias firmes sobre la base de que fueron dictadas por un poder ileg¨ªtimo es una cuesti¨®n ¡°jur¨ªdicamente peliaguda¡±. Si no se hila muy fino en la redacci¨®n de la norma derogatoria, advierten, esta podr¨ªa desembocar en demandas de anulaci¨®n de fallos judiciales no solo de represaliados pol¨ªticos, sino incluso del resto de jurisdicciones ¡ªcivil, contencioso¡­¡ª entre 1939 y la entrada en vigor de la Constituci¨®n de 1978.

¡°En la pr¨¢ctica, debido al tiempo transcurrido, no es concebible la existencia de antecedentes penales u otros rastros jur¨ªdicos de la gente que fue condenada por el Tribunal de Orden P¨²blico, por los llamados Tribunales de Responsabilidades Pol¨ªticas o por los distintos consejos de guerra que se crearon en aplicaci¨®n de las leyes promulgadas durante y despu¨¦s de la Guerra Civil m¨¢s all¨¢ de lo que ha quedado registrado en los archivos hist¨®ricos¡±, se?ala Celso Rodr¨ªguez Padr¨®n, portavoz de la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura (APM), la mayoritaria en el Poder Judicial.

Seg¨²n este jurista, la derogaci¨®n, a trav¨¦s de una modificaci¨®n de la Ley de Memoria Hist¨®rica, de los juicios del franquismo, como reclama Esquerra Republicana de Catalunya, tendr¨ªa unas consecuencias m¨¢s testimoniales que pr¨¢cticas. Rodr¨ªguez Padr¨®n considera que llevar al Bolet¨ªn Oficial del Estado la ilegalidad y nulidad de esos juicios ¡°puede tener un componente de reparaci¨®n personal, sentimental, simb¨®lica o cultural, pero dif¨ªcilmente efectos jur¨ªdico penales¡±.

Sobre la posibilidad de que las v¨ªctimas pudieran, una vez anuladas las sentencias, reclamar al Estado por un mal funcionamiento de la Administraci¨®n, Rodr¨ªguez Padr¨®n es esc¨¦ptico. ¡°Las leyes que regulan esto son muy posteriores y con unos plazos de ejercicio que no creo que fueran aplicables¡±.

Ignacio Gonz¨¢lez Vega, portavoz de Juezas y Jueces para la Democracia tampoco ve m¨¢s que un valor simb¨®lico a la anulaci¨®n de los juicios franquistas: "Es reconocer que era un r¨¦gimen ileg¨ªtimo y que las resoluciones de esos tribunales carec¨ªan de validez, y eso algo a lo que hay que darle importancia, pero m¨¢s all¨¢ de lo simb¨®lico no s¨¦ qu¨¦ efectos puede tener cuando la sentencia m¨¢s reciente tiene 43 a?os", sostiene.

Diego L¨®pez Garrido, catedr¨¢tico de Derecho Constitucional de la Universidad de Castilla-La Mancha y exdiputado del PSOE, advierte de los posibles efectos jur¨ªdicos inesperados de la nulidad de las sentencias pol¨ªticas del franquismo. ¡°Si anulas una sentencia de los tribunales por la ilegitimidad del r¨¦gimen, tendr¨ªas que poder anularlas todas. Eso es la inseguridad jur¨ªdica total¡±, apunta.

El pasado septiembre, el Congreso aprob¨® una proposici¨®n no de ley -una iniciativa declarativa- para reclamar la nulidad de las sentencias del Tribunal Regional de Responsabilidades Pol¨ªticas y del Consejo de Guerra por las que se conden¨® a muerte de Companys. El texto calificaba estas sentencias de "ileg¨ªtimas, radicalmente nulas e injustas", y dec¨ªa que "carecen absolutamente de eficacia y validez". El texto reiteraba la "ilegitimidad" del Tribunal de Represi¨®n de la Masoner¨ªa y el Comunismo, del Tribunal de Orden P¨²blico, de los Tribunales de Responsabilidades Pol¨ªticas y Consejos de Guerra constituidos por motivos pol¨ªticos, ideol¨®gicos o de creencia religiosa", as¨ª como de las "condenas y sanciones dictadas por estos y cualesquiera otros tribunales u ¨®rganos penales o administrativos durante la Dictadura". ERC quiere ahora convertir en ley esta declaraci¨®n de la C¨¢mara baja.

¡°En el momento en que Franco gana la guerra y desaparece la rep¨²blica y aparece un nuevo Gobierno de facto al que se le reconoce por la comunidad internacional; a partir de ese momento podr¨ªamos considerar nulas las sentencias. Claro que los consejos de guerra eran ileg¨ªtimos; pero era ilegitimo todo, no puedes decir de pronto que desaparecen todas las sentencias judiciales. Eso trasladado a una ley puede desencadenar millones de demandas contra sentencias de tribunales, lo que se puede producir en Espa?a es tremendo¡±, afirma el catedr¨¢tico.

L¨®pez Garrido advierte adem¨¢s de que anular juicios desde el poder legislativo puede suponer una intromisi¨®n en el poder judicial. ¡°Tendr¨ªa que ser otra sentencia la que anulara la sentencia¡±, se?ala.