?Qui¨¦n soluciona ahora los ¡°errores¡± de la Iglesia?

A?os de lucha de los ciudadanos organizados en defensa de su patrimonio, el paso de varios Gobiernos del PP y del PSOE y la presi¨®n medi¨¢tica no han sido suficientes para que los espa?oles pudieran conocer cu¨¢ntas iglesias, ermitas, fincas, casas, solares, cementerios y otros bienes hab¨ªa puesto la Iglesia a su nombre en silencio, para sorpresa de cientos de Ayuntamientos. Una ley franquista conced¨ªa a los obispos el privilegio, que Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar ampli¨® en 1998, de registrar una propiedad sin demostrar que le pertenec¨ªa. La coyuntura pol¨ªtica actual ha conducido al Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez a cumplir una de las promesas de los socialistas en la oposici¨®n y el Ministerio de Justicia, que tantas veces hizo o¨ªdos sordos, est¨¢ ahora recopilando entre todos los registros de la propiedad la lista completa de lo que se ha calificado como el ¡°gran expolio¡± de la Iglesia y que ha incorporado una palabra al conocimiento del com¨²n: inmatriculaci¨®n.

A la espera de esos datos, que en Justicia dicen que estar¨¢n listos ¡°este oto?o¡±, circula sin fundamento una cantidad: alrededor de 4.000 propiedades inmatriculadas por la Iglesia desde 1998. Los que est¨¢n al tanto del asunto no dan cr¨¦dito a tan raqu¨ªtica cifra. Solo en Navarra, los obispos han registrado como propias 2.007 propiedades desde aquel a?o; en Arag¨®n, las organizaciones han calculado, como poco, 1.751 y en el Pa¨ªs Vasco 522 (en un periodo un poco m¨¢s largo). Cabe pensar que la cifra total superar¨¢ con creces la de 4.000.

M¨¢s informaci¨®n

Sacar a la luz la opaca lista de bienes de la Iglesia

El Gobierno prepara la lista de bienes inscritos a nombre de la Iglesia solo desde 1998

El vicesecretario para Asuntos Econ¨®micos de la Iglesia, Fernando Gim¨¦nez Barriocanal, asegura que desconoce el total de lo inmatriculado y que ¡°la Conferencia Episcopal no es qui¨¦n para pedir esa informaci¨®n¡±. Si en su d¨ªa declar¨® a la cadena SER que rondar¨ªan las 40.000 inscripciones fue porque, dice, hizo un c¨¢lculo de todas aquellas instituciones religiosas que pueden registrar los bienes: no solo los obispos, tambi¨¦n los p¨¢rrocos, las ¨®rdenes religiosas, etc¨¦tera. Solo parroquias hay 23.000. Sin embargo, un buen conocedor de la Conferencia Episcopal sostiene que la jerarqu¨ªa cat¨®lica s¨ª sabe la cifra, y alaba la buena cabeza de Barriocanal para ello. ¡°Lo desconozco totalmente¡±, respondi¨® ayer el aludido.

El criterio que ha animado a las inmatriculaciones, dice Barriocanal, es ¡°garantizar que estos edificios se destinan al uso para el que se construyeron¡±. Pero lo cierto es que entre lo inmatriculado no hay solo templos de culto, sino vi?edos, casas de maestros, frontones, locales y fincas que poco tienen que ver con un uso religioso. Adem¨¢s, tambi¨¦n se han registrado iglesias y ermitas en ruina.

¡°Errores habr¨¢ habido¡±, reconoci¨® ayer Barriocanal ¡°y tambi¨¦n diferencias de interpretaci¨®n¡±, pero ¡°si algo se ha hecho incorrecto, hay mecanismos para solventarlo¡±. Los habr¨¢, le contestan las organizaciones por la recuperaci¨®n del patrimonio, pero la dificultad para revocar lo ocurrido es grande. En todo caso, la Iglesia todav¨ªa no ha devuelto la iglesia de San Pablo, en Zaragoza, a pesar de que est¨¢ obligada a hacerlo, ni tampoco la de Ucieza, en Palencia.

El profesor de Derecho Civil de la Universidad de C¨®rdoba Antonio Manuel Rodr¨ªguez, miembro de la plataforma nacional Recuperando, plantea tres v¨ªas para recobrar para el bien p¨²blico lo que, a su juicio, siempre lo fue. Primero, dice, no hay que abandonar la v¨ªa de la impugnaci¨®n privada, individual. ¡°Es complejo, pero los ciudadanos pueden invocar el precedente del Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que conden¨® a Espa?a a indemnizar a una sociedad palentina, propietaria de una finca con una iglesia abandonada, que los cat¨®licos inmatricularon despu¨¦s, a pesar de tener ya propietarios. El tribunal reconoci¨® con dureza en 2014, 2016 y 2017 que el proceso de acceso al registro por parte de la Iglesia vulneraba los derechos humanos¡±. Fue el caso Ucieza. ¡°Lo dicho por ese tribunal es vinculante para la justicia espa?ola¡±, se?ala Rodr¨ªguez.

En segundo lugar, plantea el profesor cordob¨¦s la v¨ªa legislativa. ¡°El Congreso debe regular de una vez por todas qu¨¦ se entiende por bien de dominio p¨²blico eminente, en el que se engloba aquel patrimonio cultural, hist¨®rico y de valor incalculable que por la evidencia de todo ello no fue catalogado ni inventariado, porque se entiende que es de todos, tambi¨¦n de la Iglesia, s¨ª, como la mezquita de C¨®rdoba o la Giralda¡±, hoy inmatriculadas ambas. Ya en la Rep¨²blica se inici¨® este procedimiento, pero el golpe de Estado de Franco lo dejo inconcluso.

Como tercera v¨ªa, propone un ¡°acuerdo a la portuguesa¡±. En este pa¨ªs, en 1940, con el dictador Salazar al frente, ¡°se lleg¨® a un convenio con El Vaticano para que se reconocieran los monumentos nacionales y los bienes de inter¨¦s como pertenecientes al Estado, es decir, bienes p¨²blicos, sin perjuicio de los derechos de uso por parte de la Iglesia cat¨®lica¡±.

Para Rodr¨ªguez, lo que ha de quedar claro es que este asunto de las inmatriculaciones ¡°debe ser una cuesti¨®n de Estado¡±. Del Estado esperan, ¡°por fin¡±, que revele la lista de los bienes inmatriculados y que ¡°se d¨¦ una soluci¨®n global¡± que no obligue a ciudadanos y Ayuntamientos a pelear a brazo partido en los tribunales.