La presi¨®n de los jueces obliga a La Moncloa a amparar a Llarena

Pedro S¨¢nchez ha querido terminar con la escalada de cr¨ªticas del mundo judicial ¡ªsolo se ha mantenido en defensa del Gobierno la asociaci¨®n progresista de jueces¡ª y la presi¨®n de la oposici¨®n con el anuncio, en la tarde de este domingo, de que el Ejecutivo ultima la contrataci¨®n de un bufete de abogados para defender al juez Llarena en B¨¦lgica. El magistrado que ha instruido la causa principal contra el Proc¨¦s est¨¢ citado a declarar en ese pa¨ªs el 4 de septiembre demandado por el expresidente catal¨¢n, y hasta ahora el Gobierno se manten¨ªa en una cierta ambig¨¹edad respecto a su defensa con dos argumentos: que correspond¨ªa ampararle en primer lugar al poder judicial, y adem¨¢s, que el Ejecutivo no pod¨ªa asumir ¡°en ning¨²n caso¡± la defensa del juez por los actos privados que se le atribuyen, seg¨²n el ¨²ltimo comunicado del Ministerio de Justicia del pasado jueves.

Esa diferenciaci¨®n entre los actos privados que la demanda de Puigdemont atribuye a Llarena ¡ªen realidad, unas declaraciones del juez en una conferencia sobre por qu¨¦ no se puede hablar de presos pol¨ªticos en Espa?a¡ª y la defensa ¡°de la soberan¨ªa e inmunidad jurisdiccional de los tribunales espa?oles¡± que Justicia s¨ª se compromet¨ªa a asumir desapareci¨® en el comunicado difundido este domingo por Presidencia del Gobierno. El texto de La Moncloa ya no habla de actos privados del juez y se limita a dejar claro que el Ejecutivo espera que en un tiempo "breve" culminen los tr¨¢mites para la contrataci¨®n de un despacho de abogados en B¨¦lgica "en defensa de los intereses de Espa?a", a consecuencia de la demanda presentada por Puigdemont.

La demanda civil contra Llarena, adelantada por El Mundo y a la que tambi¨¦n tuvo acceso EL PA?S, tiene una notable carga pol¨ªtica. Pone en duda la imparcialidad del magistrado y contiene afirmaciones tan gruesas como que Espa?a est¨¢ ¡°al lado de Kazajist¨¢n entre los Estados delincuentes que se niegan a someterse a los principios que rigen los derechos fundamentales universales".

Fuentes de La Moncloa defendieron que el anuncio de la defensa de Llarena no se trataba de una rectificaci¨®n, sino que se hab¨ªa hecho necesario clarificar la postura del Ejecutivo ante el revuelo. El comunicado de presidencia remarcaba que los tr¨¢mites para contratar el bufete se hab¨ªan iniciado ¡°hace d¨ªas¡±. Pero lo cierto es que hasta ahora el Gobierno no hab¨ªa confirmado la defensa del juez y el ¨²ltimo comunicado del Ministerio de Justicia manifestaba algunas reservas. El asunto se discuti¨® en la reuni¨®n entre S¨¢nchez y su gabinete este s¨¢bado en la finca de Quintos de Mora (Toledo), seg¨²n fuentes conocedoras del debate, y este domingo el presidente tom¨® la decisi¨®n de ir hacia delante.

El PP y Ciudadanos cargaron contra los ¡°bandazos¡± del Gobierno. ¡°Primero nos insultan por criticar su incompetencia y luego dan marcha atr¨¢s y hacen lo que reclam¨¢bamos. Inmigraci¨®n, econom¨ªa... y ahora Justicia¡±, critic¨® el presidente del PP, Pablo Casado. Ciudadanos pedir¨¢ la comparecencia de la Ministra de Justicia, Dolores Delgado, para que explique por qu¨¦ se iba a dejar ¡°tirado y desamparado¡± al juez, avis¨® la l¨ªder catalana, In¨¦s Arrimadas.

El asunto hab¨ªa levantado en armas a las asociaciones de jueces y fiscales, que hab¨ªan acusado al Gobierno de ¡°dejaci¨®n de funciones¡±. Los juristas consultados por EL PAIS coinciden con el pronunciamiento de las asociaciones profesionales de que el Gobierno deb¨ªa comparecer en el proceso. Javier Tajadura, profesor de derecho constitucional de la Universidad del Pa¨ªs Vasco, considera que ¡°lo que est¨¢ en juego es la independencia del poder judicial espa?ol¡±. En ese sentido, evoca el principio de ¡°inmunidad judicial¡± que rige en el derecho internacional p¨²blico y que conlleva que un Estado no puede juzgar a otro, sino que ha de ser un tribunal internacional quien lo haga, como sucede con el de Derechos Humanos o el de La Haya.

Xavier Arb¨®s, catedr¨¢tico de derecho constitucional de la Universidad de Barcelona, suscribe la tesis de que ¡°el Estado espa?ol ha de defender su jurisdicci¨®n y ha de pagar los servicios jur¨ªdicos que proporcione la Abogac¨ªa del Estado a Llarena¡±, pero advierte de que la tramitaci¨®n de la demanda belga habr¨¢ de sortear primero algunos problemas procesales antes de acordarse su admisi¨®n o no. Arb¨®s considera que el juez Llarena reclam¨® amparo al Consejo General del Poder Judicial fuera de plazo y que tambi¨¦n respondi¨® a la iniciativa judicial m¨¢s tarde de lo previsto, pese a que ten¨ªa conocimiento del texto de manera extraoficial porque se lo hicieron saber los abogados de Carles Puigdemont.