El Estado se personar¨¢ en la causa contra Llarena en B¨¦lgica si se menciona la instrucci¨®n del ¡®proc¨¦s¡¯
Justicia contratar¨¢ un bufete privado para defender la competencia exclusiva de Espa?a en la causa penal sobre el proc¨¦s
El Estado espa?ol ha decidido actuar en B¨¦lgica en defensa de la independencia de sus tribunales con motivo de la demanda interpuesta en ese pa¨ªs por el fugado expresidente de la Generalitat, Carles Puigdemont, contra el magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena. El Ministerio de Justicia anunci¨® este jueves que estudia contratar un bufete privado en Bruselas en caso de que la autoridad judicial belga, en el momento de admitir a tr¨¢mite la demanda de Puigdemont contra Llarena, ¡°mencione siquiera entre sus argumentos hechos o datos de la causa penal¡± abierta contra el expresident y otros cuatro exconsejeros de la Generalitat huidos con ¨¦l el pasado 30 de octubre tras declarar la independencia de Catalu?a.
El anuncio llega una semana despu¨¦s de que el Consejo General del Poder Judicial decidiera, por siete votos contra uno, aceptar la solicitud de amparo del juez Llarena, instructor de la causa por rebeli¨®n en la declaraci¨®n unilateral de independencia de Catalu?a. Llarena pidi¨® protecci¨®n al ¨®rgano de gobierno de los jueces al considerarse perturbado en su independencia como magistrado despu¨¦s de que Puigdemont, interpusiera contra ¨¦l una demanda en B¨¦lgica y fuera citado a declarar en ese pa¨ªs el pr¨®ximo 4 de septiembre. El ¨®rgano de gobierno de los jueces puso aquel acuerdo en conocimiento de los Ministerios de Justicia y de Asuntos Exteriores ¡°para que adopten las medidas necesarias para asegurar la integridad e inmunidad de la jurisdicci¨®n espa?ola ante los tribunales del Reino de B¨¦lgica¡±.
En un comunicado, el ministerio dirigido por Dolores Delgado recuerda ahora que la causa penal sobre el proc¨¦s, instruida por Llarena, est¨¢ sometida ¡°de manera exclusiva y excluyente¡± a la jurisdicci¨®n espa?ola. Por ese motivo, en caso de que el juez de primera instancia belga ante el que Puigdemont ha presentado su demanda cuestionara o hiciera menci¨®n en sus resoluciones a esta investigaci¨®n penal espa?ola, el Gobierno actuar¨¢ ¡°en la medida proporcional y adecuada¡± para ¡°proteger la inmunidad jurisdiccional del Reino de Espa?a¡± y ¡°su potestad soberana del ejercicio de la jurisdicci¨®n¡±.
Cualquier ¡°menci¨®n¡± a la funci¨®n de Llarena como juez por parte de la autoridad judicial belga supondr¨ªa, seg¨²n el Ministerio de Justicia ¡°una vulneraci¨®n del principio acta iure imperii", en virtud del cual los Estados extranjeros no pueden ser demandados ni sometidos a la jurisdicci¨®n de los tribunales de otros pa¨ªses.
El Ejecutivo espa?ol aclara que las leyes no contemplan que la Abogac¨ªa del Estado se persone ante los tribunales ordinarios de pa¨ªses extranjeros. Por ello, afirman, ¡°si la evoluci¨®n de la causa belga recomienda la personaci¨®n del Estado espa?ol, el Ministerio de Justicia contratar¨¢ un bufete privado que defienda su soberan¨ªa e inmunidad jurisdiccional¡±.
La demanda presentada por Puigdemont y los exconsellers en Bruselas incluye tambi¨¦n referencias a expresiones o manifestaciones privadas realizadas por el juez Llarena tras una conferencia en la Universidad de Oviedo. El comunicado aclara que sobre estas declaraciones privadas ¡°el Gobierno no puede actuar, puesto que supondr¨ªa defender a un particular por afirmaciones de car¨¢cter privado ajeno a su funci¨®n¡±.
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