La pol¨ªtica migratoria del Gobierno, de la solidaridad a las expulsiones masivas
El primer gesto del Ejecutivo de S¨¢nchez con el 'Aquarius' ha dado paso poco a poco a reacciones de dureza
En poco m¨¢s de tres meses de gobierno, la pol¨ªtica migratoria se ha convertido en una prioridad del Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez. El objetivo era forzar el di¨¢logo y la solidaridad en Europa y, al mismo tiempo, mantener bajo control los crecientes flujos de llegadas a las costas espa?olas. Apenas dos semanas despu¨¦s de estrenar el cargo, S¨¢nchez, en una llamada de atenci¨®n a sus socios europeos, invit¨® al buque de rescate Aquarius a atracar en el puerto de Valencia y dio un trato preferente a los 630 rescatados que iban a bordo. M¨¢s de dos meses despu¨¦s, ante los saltos en la valla de Ceuta, se ha impuesto la mano dura. Primero con la expulsi¨®n a Marruecos de 116 inmigrantes y despu¨¦s con la detenci¨®n de 10 subsaharianos acusados de planear un salto violento en Ceuta.
La acogida al Aquarius. El Gobierno de Pedro S¨¢nchez fue el ¨²nico europeo a ofrecer un puerto seguro al buque de rescate el 11 de junio tras el rechazo de Italia y Malta. S¨¢nchez pretend¨ªa sacudir las consciencias de sus socios europeos que miraban para otro lado ante el desaf¨ªo de la inmigraci¨®n. La recepci¨®n de los 630 migrantes se organiz¨® al m¨¢s alto nivel y se convocaron 2.300 personas entre voluntarios, polic¨ªas abogados e int¨¦rpretes. Los rescatados, adem¨¢s, recibieron un permiso de residencia excepcional de 45 d¨ªas. Sus tr¨¢mites y su acogida fueron prioritarios.
Devoluciones en caliente. El mismo d¨ªa que S¨¢nchez ofrec¨ªa acoger al Aquarius, el Ministerio de Justicia enviaba una carta al Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) en la que anunciaba que iba a revisar el recurso que el Ejecutivo del PP hab¨ªa presentado contra la sentencia que conden¨® a Espa?a por la devoluci¨®n en caliente de dos migrantes en Melilla en 2014. Finalmente, la Abogac¨ªa del Estado present¨® un recurso en agosto en el que, en contra de lo apuntado, defend¨ªa aquellas dos expulsiones expr¨¦s.
Otro caso excepcional. El 4 de julio el buque de rescate espa?ol Open Arms atracaba en Barcelona con 60 migrantes a bordo. No se trat¨® de una invitaci¨®n con intenciones pol¨ªticas, pero los rescatados fueron recibidos y acogidos gracias a un dispositivo especial. Tambi¨¦n recibieron un margen de residencia legal, esta vez de 60 d¨ªas. La tramitaci¨®n de sus peticiones de asilo se ha realizado tambi¨¦n con prioridad.
Como las pateras. La ¨²ltima vez que el Open Arms busc¨® un puerto seguro m¨¢s cercano, el Gobierno tard¨® cuatro d¨ªas en responderle para adjudicarle la lejana bah¨ªa de Algeciras como destino, adonde lleg¨® el 9 de agosto. Los 87 rescatados no tuvieron ning¨²n trato especial ni permiso excepcional de residencia. Fueron tratados como las decenas que llegan en patera todos los d¨ªas.
Un convenio de 1992. El pasado 23 de agosto, el Gobierno recuper¨® un convenio firmado con Marruecos hace 26 a?os para retornar al pa¨ªs magreb¨ª a los 116 de los 118 subsaharianos (dos eran menores de edad y permanecieron en Espa?a) que el d¨ªa anterior hab¨ªan saltado la valla de Ceuta. El acuerdo contempla la expulsi¨®n en menos de 10 d¨ªas de los ciudadanos de terceros pa¨ªses que entraran ilegalmente en Espa?a desde Marruecos. La Polic¨ªa no necesit¨® tanto tiempo. En poco m¨¢s de 24 horas se les fili¨®, tom¨® declaraci¨®n y entreg¨® la orden de expulsi¨®n en presencia de un abogado. Interior recalc¨® que ¡°ninguno¡± de los migrantes solicit¨® asilo durante este tr¨¢mite. El convenio recoge que Espa?a se hace cargo tanto de los gastos de transporte a Marruecos como, posteriormente, a sus pa¨ªses de origen.
Al calabozo por ¡°organizaci¨®n criminal¡±. El del 26 de julio fue uno de los saltos a la valla de Ceuta ¡°m¨¢s violentos¡± que la Guardia Civil. Un mes despu¨¦s ha detenido este martes a diez de las 602 personas que consiguieron entrar aquel d¨ªa. A los arrestados se les imputan cargos de pertenencia a organizaci¨®n criminal, atentado a agentes de la autoridad y da?os. El C¨®digo Penal establece para estos delitos penas de entre los dos y cinco a?os de c¨¢rcel.
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