Tres magistrados ven ¡°irregularidades¡± en el contrato de P¨²nica que salpica a Cifuentes

La Secci¨®n Cuarta de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha dictado un auto en el que rechaza archivar la investigaci¨®n que se sigue dentro del caso P¨²nica sobre el contrato de restauraci¨®n y cafeter¨ªa de la Asamblea de Madrid adjudicado en 2009 al Grupo Cantoblanco, del empresario Arturo Fern¨¢ndez, como hab¨ªa pedido una de las imputadas por estos hechos, la jefa de los Servicios Jur¨ªdicos de la c¨¢mara regional Tatiana Sonsoles Recoder.?En su escrito, los tres magistrados que forman justifican su decisi¨®n en la existencia de ¡°irregularidades¡± en los pliegos de licitaci¨®n que hacen que la ¡°legalidad¡± de la adjudicaci¨®n ¡°se encuentre en tela de juicio actualmente¡±. En aquella adjudicaci¨®n ¡ªbajo sospecha de haber servido para financiar al PP madrile?o en la etapa de Esperanza Aguirre¡ª particip¨® la expresidenta Cristina Cifuente, actualmente imputada por el caso M¨¢ster. Dos informes de la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil incorporados en 2017 al sumario del caso P¨²nica la se?alaban como presunta autora de los delitos de prevaricaci¨®n y cohecho por estos hechos.

La decisi¨®n de los tres magistrados se produce despu¨¦s de que Recoder recurriera el pasado abril la decisi¨®n del juez instructor, Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n, de mantenerla imputada en la causa al considerar que hab¨ªa indicios de irregularidades en la adjudicaci¨®n, entre ellas la propia participaci¨®n de Cifuentes en el comit¨¦ de expertos que decidi¨® la adjudicaci¨®n. Garc¨ªa-Castell¨®n destacaba ya entonces que la hoy expresidenta madrile?a ¡ªy que cuando se produjeron los hechos era vicepresidenta de la Asamblea¡ª debi¨® abstenerse ya que a su cargo p¨²blico sumaba otros en el partido y en Fundescam, la fundaci¨®n del PP regional investigada por el supuesto desv¨ªo de fondos a las campa?as electorales. Ahora, los tres magistrados confirman esas sospechas, y aunque no citan expresamente a Cifuentes, destacan que se mantienen "los indicios de criminalidad" que llevaron a iniciar la investigaci¨®n y el papel jugado por el "comit¨¦ de expertos" del que ella formaba parte.

En su auto ¡ªfechado el 13 de julio pero que no hab¨ªa trascendido hasta ahora¡ª, los jueces destacan que el informe jur¨ªdico que permiti¨® aprobar el Pliego de Cl¨¢usulas Administrativas Particulares (PCAP) que rigi¨® la adjudicaci¨®n del contrato a la empresa de Arturo Fern¨¢ndez inclu¨ªa "una fiscalizaci¨®n escueta, insuficiente e ineficaz" que impidi¨® detectar las "irregularidades" que el pliego inclu¨ªa. Para los tres magistrados, Recoder, como letrada de la Asamblea e integrante del comit¨¦ de expertos, asumi¨® "la conformidad del pliego a la legalidad de contrataci¨®n p¨²blica, legalidad que se encuentra en tela de juicio actualmente". Por ello, rechaza de plano sobreseer la causa contra ella y mantiene abierta la investigaci¨®n sobre dicho contrato.

Las pesquisas est¨¢n incluidas en la pieza separada del caso P¨²nica que investiga la supuesta financiaci¨®n irregular del PP madrile?o. La UCO intenta aclarar si la adjudicaci¨®n fue ama?ada a cambio de una comisi¨®n que el empresario hizo llegar a la supuesta caja b del partido camuflada como donaci¨®n de 160.000 euros a Fundescam, la fundaci¨®n de la formaci¨®n y en cuyo patronato figuraba la expresidenta. Recoder y Cifuentes formaban ¡ªjunto con Mar¨ªa Merino, jefa de protocolo del Gabinete de la Presidencia regional, y el funcionario Isaac Arturo Zubiri¡ª el comit¨¦ de expertos que realiz¨® la licitaci¨®n. Hasta ahora, solo Recoder est¨¢ imputada, aunque Merino y Zubiri ya declararon asistidos de abogado ante la Guardia Civil. Seg¨²n destacaba el juez Garc¨ªa-Castell¨®n en su auto de abril, Cifuentes intervino en las supuestas ¡°valoraciones arbitrarias¡± de la mesa de contrataci¨®n que desembocaron en la adjudicaci¨®n.

Dos informes de la UCO fechados en marzo del a?o pasado apuntaban que la en aquel momento presidenta madrile?a ¡ªy, por tanto, aforada¡ª pudo haber cometido delitos de prevaricaci¨®n y cohecho por esta adjudicaci¨®n. En su segundo informe, la Guardia Civil destacaba que Recoder y los otros dos asesores cayeron en ¡°significativas y evidentes contradicciones¡± cuando fueron interrogados, lo que consideraba un indicio m¨¢s de las irregularidades. Tambi¨¦n recalcaba que Cifuentes, en cuyo despacho se celebr¨® la reuni¨®n, estaba al tanto de todo ello. Cuando ambos documentos policiales salieron a la luz dos meses despu¨¦s, la pol¨ªtica neg¨® cualquier irregularidad y compareci¨® en el Parlamento regional para dar explicaciones.

Desde su entorno se carg¨® entonces con dureza contra la Guardia Civil. El silencio del entonces juez instructor, Eloy Velasco ¡ªque estaba a punto de abandonar su puesto¡ª y de la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, comandada en aquel momento por Manuel Moix, parecieron paralizar esta l¨ªnea de investigaci¨®n. Tras la llegada de Garc¨ªa Castell¨®n al juzgado y el nombramiento del fiscal Alejandro Luz¨®n como nuevo responsable de Anticorrupci¨®n, las pesquisas sobre un contrato que los investigadores consideran clave para probar la supuesta participaci¨®n de Arturo Fern¨¢ndez en la financiaci¨®n irregular del PP, se reactivaron.