Justicia destina 544.982 euros a la defensa del juez Llarena en B¨¦lgica

El magistrado del Tribunal Supremo Pablo Llarena, instructor de la causa contra los promotores del proc¨¦s, ya tiene quien lo defienda en B¨¦lgica. El Ministerio de Justicia ha encomendado al bufete belga Liederkerke Wolters Waelbroeck Kirpatrick la representaci¨®n legal del Estado espa?ol y del juez ante el tribunal de Bruselas que tramita la demanda civil presentada por Carles Puigdemont y los otros cuatro exconsejeros huidos. A trav¨¦s de un comunicado, el equipo de la ministra Dolores Delgado detall¨® que el contrato firmado con este despacho de abogados contempla una provisi¨®n de fondos de 450.413,22 euros, m¨¢s otros 94.568,78 en concepto de impuestos. En total, 544.982 euros.

Este es el desembolso m¨¢ximo que el Gobierno realizar¨¢ para ejercer la defensa de Espa?a y el magistrado del Supremo en B¨¦lgica. Fuentes jur¨ªdicas apuntan que con dicha cantidad se puede afrontar un pleito de varios meses. Si la demanda es finalmente inadmitida por el tribunal belga, la factura se reducir¨¢ considerablemente, a?aden. Justicia explic¨® que la elecci¨®n del bufete Liederkeke se ha producido tras un tr¨¢mite de selecci¨®n y que el contrato se firm¨® ayer en la Embajada de Espa?a en Bruselas.

Las fuentes jur¨ªdicas consultadas aseguran que ser¨¢ Hakim Boularbah, especialista en derecho privado internacional, quien lleve el peso del pleito que tendr¨¢ el 4 de septiembre su primer cap¨ªtulo, con una vista en la que se fijar¨¢ la agenda para la tramitaci¨®n del proceso.Justicia recalc¨® ayer que la direcci¨®n t¨¦cnica de la defensa ser¨¢ ejercida en todo momento por la Abogac¨ªa del Estado, que encabeza Consuelo Castro. En su comunicado, el ministerio se?alaba que el objetivo final es ¡°defender la soberan¨ªa e inmunidad jurisdiccional de la justicia espa?ola ante los tribunales belgas, defensa que incluye la del instructor del Supremo¡±.

El pleito que ha obligado a Justicia a contratar un despacho de abogados belga arranc¨® el pasado mes de junio. Entonces,?Puigdemont y los cuatro exconsejeros huidos a B¨¦lgica y Escocia anunciaron la presentaci¨®n de la demanda civil contra Llarena al considerar que este hab¨ªa vulnerado su derecho a un juicio justo y a la presunci¨®n de inocencia por manifestar opiniones p¨²blicamente. Los abogados de los excargos de la Generalitat apoyaban su demanda en las declaraciones que realiz¨® Llarena a los medios de comunicaci¨®n en Oviedo el pasado 22 de febrero. En las mismas recalcaba que los pol¨ªticos encarcelados "no son presos pol¨ªticos".?Los cinco demandantes afirman que B¨¦lgica tiene competencias para tratar el asunto porque es el pa¨ªs en el que resid¨ªan cuando Llarena hizo dichas afirmaciones.

La defensa de los pol¨ªticos catalanes consideran que emitir opiniones fuera de los tribunales supone prejuzgar. "Pedimos al juez belga que constate la falta civil del juez Llarena al haber violado la presunci¨®n de inocencia, y que constate que se gener¨® un da?o", explic¨® entonces uno de los miembros del equipo legal del expresidente de la Generalitat. En la demanda reclaman que se condene al magistrado del Tribunal Supremo a pagar la cantidad simb¨®lica de un euro. Sin embargo, la principal consecuencia no ser¨ªa econ¨®mica, sino judicial, ya que podr¨ªa forzar al juez a apartarse de la causa.