Obispos rebeldes ante la Justicia

Si los obispos creen que seleccionar a los profesores de catolicismo en todas las escuelas espa?olas es como ¡°la elecci¨®n de un p¨¢rroco o decidir el horario de las misas¡± (as¨ª ha opinado el de Almer¨ªa durante 17 a?os, empecinado en incumplir leyes y sentencias espa?olas), prep¨¢rense quienes vayan a negociar, m¨¢s pronto que tarde, el necesario pacto educativo. La idea de la Conferencia Episcopal es que quien manda en la ense?anza religiosa escolar, tan conveniente para acabar con el analfabetismo religioso de los j¨®venes, es el Estado vaticano y que sus docentes, escogidos por cada obispo pero contratados y pagados por el Estado (se gasta cada curso en pagarlos 700 millones), deben someterse a sus caprichos, sin derechos laborales y, por tanto, susceptibles de ser despedidos por irse de copas, presentarse a las elecciones por un partido de izquierdas, vivir con un hombre que no es su marido y casarse por lo civil. O porque s¨ª.

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Miles de profesores han sido enviados al paro por motivos tan extravagantes o sin motivo alguno, y cuando los tribunales declaran nulos esos despidos, la jerarqu¨ªa cat¨®lica no hace caso de las sentencias. Docentes hay que suman una docena. Lo extravagante es que quien paga las indemnizaciones no es la Iglesia romana, sino el Ministerio de Educaci¨®n o las correspondientes consejer¨ªas auton¨®micas, all¨ª donde la materia ha sido transferida. Este es el punto del conflicto que le ha parecido ¡°surrealista¡±, textualmente, al Tribunal Superior de Justicia de Andaluc¨ªa, cuando anul¨® por cuarta vez el despido de la profesora Resurrecci¨®n Galera, enviada al paro por casarse por lo civil, hace 17 a?os, con el exfuncionario del Parlamento alem¨¢n, Johannes Romes.

Comoquiera que sea, los obispos, al negarse a cumplir ocho sentencias que les obligaban a readmitir a Galera, abrieron un debate inevitable: ?Es posible un pacto educativo sobre la ense?anza de la religi¨®n (o de las religiones) en las escuelas sin reformar o anular lo concordado con el Vaticano en esa materia por el entonces dirigente de la Asociaci¨®n Cat¨®lica de Propagandistas (ACdP), Marcelino Oreja, que actu¨® entonces m¨¢s como s¨²bdito del Vaticano que como ministro de Exteriores en el Gobierno de Adolfo Su¨¢rez? Por cierto, la Constituci¨®n nada dice sobre que la religi¨®n confesional deba ense?arse en las escuelas. Afirma s¨®lo lo l¨®gico, en su art¨ªculo 27.3: que ¡°los poderes p¨²blicos garantizan el derecho que asiste a los padres para que sus hijos reciban la formaci¨®n religiosa y moral que est¨¦ de acuerdo con sus propias convicciones¡±.

Con esa redacci¨®n, Oreja entreg¨® a los obispos el privilegio de colonizar las escuelas con sus catequistas y, a?os m¨¢s tarde, en 1998, el ministro de Educaci¨®n del momento, Mariano Rajoy, ampli¨® esos derechos meti¨¦ndolos a todos en plantilla en las mismas condiciones que las de los profesores de matem¨¢ticas. La Conferencia Episcopal recibi¨® el regalo con regocijo, pero el caramelo llevaba veneno. Desde entonces, pagan con gran desprestigio sus manejos y despidos cuando maltratan a sus docentes como si fueran catequistas, cuando en realidad son profesores con todos los derechos del Estatuto de los Trabajadores.

Es el caso de la profesora Galera, que les gan¨® ocho sentencias, una del Constitucional, por atentar, el obispo de Almer¨ªa, contra derechos fundamentales de su docente, el primero de ellos investigando la vida privada hasta averiguar c¨®mo se hab¨ªa casado solo por lo civil. Lo kafkiano (Kafka lleva d¨¦cadas instalado en ese obispado) es que la di¨®cesis sostuvo, textualmente, que ¡°la se?ora Galera no fue nunca despedida por el Obispado, pues nunca estableci¨® relaci¨®n contractual con esta instituci¨®n; sino que, una vez acabado y extinguido su contrato anual con la instancia civil competente, de acuerdo con lo que establece la normativa, no fue propuesta por la autoridad eclesi¨¢stica para el siguiente curso acad¨¦mico¡±.

En 2001, cuando fue despedida sin miramientos, Galera ense?aba catolicismo desde hac¨ªa siete a?os en el colegio p¨²blico Ferrer Guardia, de los Llanos de la Ca?ada (Almer¨ªa) y cobraba cada mes 234.000 pesetas (ahora, 1.400 euros), que le pagaba Educaci¨®n. Se ha disputado en sede judicial sobre la cifra que podr¨ªa percibir por el despido nulo y por los salarios dejados de percibir en los 17 a?os que ha durado el pleito. En todo caso, al obispado le sale gratis. Pagar¨¢ el Ministerio como ¡°aut¨¦ntico empleador¡±, pese a que el tribunal tacha al episcopado de ¡°cooperador necesario¡± en el atropello laboral.

El Constitucional ha sentenciado que, cuando Galera perdi¨® su empleo por casarse por lo civil, se aplastaron varios de sus derechos fundamentales: ¡°a no sufrir discriminaci¨®n por raz¨®n de sus circunstancias personales¡±; ¡°a la libertad religiosa¡±; ¡°a su derecho a contraer matrimonio en la forma legalmente establecida¡±, y ¡°a la intimidad personal y familiar¡±. Los obispos replicaron que los acuerdos firmados entre el Vaticano y Espa?a les permiten hacer eso y mucho m¨¢s, si quisieran. Y a¨²n se quejan cuando algunos partidos anuncian que semejante concordato (se enfadan por llamar as¨ª a los Acuerdos, porque la palabra Concordato esta manchada desde que los ¨²ltimos firmados por el Vaticano fueron con Hitler, Mussolini y el dictador Franco), debe ser revisado o anulado si de verdad se toma en serio la aconfesionalidad del Estado que proclama la Constituci¨®n.

Pero no han sido solo los obispos los rebeldes ante la justicia. Cuando hace un a?o, convocados por la justicia para decidir c¨®mo ejecutar la definitiva sentencia del Supremo favorable a Galera, la Abogac¨ªa del Estado a impulsos del Gobierno Rajoy dijo compartir la tesis episcopal de que era imposible ¡°material y legalmente" cumplirla porque ¡°lo imped¨ªan los Acuerdos¡± (con el Vaticano, como si Galera fuese s¨²bdita de la llamada Santa Sede). Esta fue, textual, la tesis del obispado, ante un perplejo juzgado de lo Social: ¡°El Obispo no est¨¢ obligado a prestar consentimiento [para volver a contratar a Galera]. Es una actuaci¨®n de naturaleza religiosa, como la elecci¨®n de un p¨¢rroco o del horario de las misas, que nadie piensa deba ser fijado por el Subdelegado del Gobierno [en Almer¨ªa]¡±. Lo extravagante fue que el abogado del Estado no solo se uni¨® a tan provocativa disculpa, sino que, incluso, se dijo ¡°atado por una norma supra legal de rango superior al Estatuto de los Trabajadores". Se refer¨ªa a los dichosos Acuerdos de 1976 y 1979. O sea, al Estado vaticano. Puro Kafka.