La fiscal¨ªa mantendr¨¢ la acusaci¨®n de rebeli¨®n para los l¨ªderes separatistas

Seg¨²n indicaron a EL PA?S fuentes del Tribunal Supremo, los cuatro fiscales de Sala que dirigir¨¢n la acusaci¨®n ¡ªJavier Zaragoza, ex fiscal jefe de la Audiencia Nacional; Consuelo Madrigal, ex fiscal general del Estado; Fidel Cadena y Jaime Moreno¡ª mantienen un criterio un¨¢nime con respecto al delito de rebeli¨®n y no han recibido ninguna instrucci¨®n contraria por parte de la nueva fiscal general del Estado, Mar¨ªa Jos¨¦ Segarra, con la que trabajan en sinton¨ªa. Las principales asociaciones de fiscales han mostrado su total confianza en la imparcialidad de los cuatro fiscales de Sala y han alabado su val¨ªa profesional, que los sit¨²a a salvo ¡ªaseguran desde la Asociaci¨®n de Fiscales y la Uni¨®n Progresista de Fiscales¡ª de cualquier injerencia pol¨ªtica.

Es importante adem¨¢s tener en cuenta un dato: desde que, el 30 de octubre de 2017, se present¨® en el Tribunal Supremo la querella por rebeli¨®n, sedici¨®n, malversaci¨®n y delitos conexos contra los dirigentes independentistas, se han sucedido al frente del pa¨ªs dos Gobiernos de distinto signo ¡ªel del conservador Mariano Rajoy y el del socialista Pedro S¨¢nchez¡ª y tres fiscales al frente de la Fiscal¨ªa General del Estado sin que por ello el criterio de los cuatro fiscales haya cambiado con respecto al delito de rebeli¨®n. Y as¨ª lo expresar¨¢n en el escrito de calificaci¨®n previo a la celebraci¨®n del juicio, que se podr¨ªa iniciar a finales de este a?o o comienzos de 2019 y que, sin duda, se convertir¨¢ en uno de los m¨¢s importantes de la reciente etapa democr¨¢tica.

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El proceso abierto hace diez meses puede acabar con una condena de c¨¢rcel contra los dirigentes pol¨ªticos de un Gobierno auton¨®mico que, seg¨²n el criterio de los fiscales, intent¨® independizar a Catalu?a de Espa?a aprobando leyes contrarias a la Constituci¨®n, creando estructuras de Estado paralelas y celebrando referendos ilegales. El juicio se celebrar¨¢ adem¨¢s en un contexto de creciente tensi¨®n pol¨ªtica y social en Catalu?a, la autonom¨ªa que, junto a Madrid, m¨¢s PIB aporta al conjunto nacional y la segunda m¨¢s poblada de Espa?a. Y, por si fuera poco, con un Gobierno central extremadamente d¨¦bil al que cualquier resfriado parlamentario puede mandar a la UCI sin m¨¢s cura posible que unas elecciones anticipadas.

Una de las claves del juicio ser¨¢ si los fiscales conseguir¨¢n convencer al tribunal de que los principales encausados son culpables de un delito de rebeli¨®n. El art¨ªculo 472 del C¨®digo Penal establece que incurren en ese delito ¡°quienes se alzaren violenta y p¨²blicamente para derogar, suspender o modificar total o parcialmente la Constituci¨®n o para declarar la independencia de una parte del territorio nacional¡±. Para los fiscales, que en estos d¨ªas ultiman su escrito de calificaci¨®n, no hay duda de que en Catalu?a se produjo un alzamiento p¨²blico que puso en peligro la unidad de Espa?a puesto que persegu¨ªa la independencia de uno de sus territorios y con ello la violaci¨®n de la Constituci¨®n. Los fiscales consideran que hay pruebas suficientes de que los dirigentes independentistas llevaron a cabo este alzamiento, un aut¨¦ntico proceso rebelde que se inicia en noviembre de 2015, a trav¨¦s de actos legislativos, decisiones ejecutivas del Gobierno de la Generalitat, la movilizaci¨®n social y el auxilio de un cuerpo armado como los Mossos d¡¯Esquadra para forzar al Estado a reconocer la nueva rep¨²blica.

Uno de los hechos m¨¢s relevantes fue la tramitaci¨®n y aprobaci¨®n de la llamada ley del refer¨¦ndum de autodeterminaci¨®n. Seg¨²n explicaba el texto de la querella presentada en octubre pasado y que la investigaci¨®n de los hechos ha confirmado, seg¨²n se?alan fuentes del Tribunal Supremo, el alzamiento fue de tal dimensi¨®n ¡°que tuvo capacidad intimidatoria suficiente para disuadir de una posible actuaci¨®n a las fuerzas del orden, sabedoras de que cualquier oposici¨®n a los planes rebeldes tornar¨¢ el alzamiento en violento y belicoso¡±. Seg¨²n el criterio de la Fiscal¨ªa, los hechos sucedidos el 20 de septiembre, as¨ª como los d¨ªas previos y posteriores al 1 de octubre de 2017, fecha de la celebraci¨®n del refer¨¦ndum ilegal en Catalu?a, constituyeron un levantamiento violento alentado por los dirigentes independentistas, algunos de los cuales est¨¢n en la c¨¢rcel, y otros permanecen huidos desde hace diez meses.

La parte de la poblaci¨®n partidaria de la independencia, seg¨²n este relato, convocada y ¡°enardecida por sus dirigentes¡±, desobedeci¨® p¨²blicamente a la autoridad leg¨ªtima del Estado, tratando de impedir por la fuerza el cumplimiento de las resoluciones judiciales. Y lo hizo mediante actuaciones que fueron impulsadas por los dirigentes independentistas para la preparaci¨®n y celebraci¨®n del refer¨¦ndum ilegal que deber¨ªa conducir a declarar la ¡°rep¨²blica independiente de Catalu?a¡±. Toda la cobertura jur¨ªdica que sustentaba la realizaci¨®n del refer¨¦ndum hab¨ªa sido declarada inconstitucional e ilegal por el Tribunal Constitucional, y el refer¨¦ndum fue expresamente prohibido por el Tribunal Superior de Justicia de Catalu?a.

Incidentes violentos

Los fiscales citan como ejemplo hasta 40 incidentes violentos en distintos colegios, institutos y edificios destinados a la votaci¨®n durante la jornada del 1 de octubre; el acoso y las agresiones que sufrieron los polic¨ªas durante su despliegue por Catalu?a, la ocupaci¨®n de carreteras, calles y edificios p¨²blicos por parte de manifestantes independentistas. ¡°La actitud abierta de oposici¨®n contra el orden legal y constitucional de una multitud de personas¡±, se?alaba la querella de la Fiscal¨ªa General del Estado, ¡°creaban una fuerza intimidatoria suficiente¡±. Ese ¡°movimiento insurrecto¡±, seg¨²n el ministerio p¨²blico, ¡°pudo degenerar en abierta violencia como ocurri¨® en algunas ocasiones cuando los agentes de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado tuvieron que replegarse para evitar indeseadas consecuencias¡±.

Los procesados por el juez Pablo Llarena, seg¨²n prosigue el relato de la fiscal¨ªa, ¡°se valieron de la poblaci¨®n en incesantes actos de insurrecci¨®n p¨²blica, desobedeciendo o resistiendo colectivamente la autoridad leg¨ªtima del Estado¡± y ¡°de com¨²n acuerdo con otras autoridades, funcionarios p¨²blicos y entidades p¨²blicas y privadas, unieron sus voluntades para llevar a cabo el refer¨¦ndum independentista y con ellos la separaci¨®n de Catalu?a de Espa?a, promoviendo y utilizando la fuerza intimidatoria y violenta de los sectores independentistas de la poblaci¨®n llamando a esta a la insurrecci¨®n¡±

Los fiscales recuerdan que los procesados pusieron en marcha todas las medidas precisas para cometer el delito de rebeli¨®n, pues pretendieron, a trav¨¦s de una insurrecci¨®n p¨²blica y violenta, basada en una fuerte movilizaci¨®n social intimidatoria, evitar la actuaci¨®n de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado.