La Fiscal¨ªa propone penas alternativas a la c¨¢rcel para los tuiteros condenados por delito de odio

La Fiscal¨ªa General del Estado propone reformar el C¨®digo Penal para rebajar las penas en los casos de delitos de odio cometidos a trav¨¦s de las redes sociales. La propuesta est¨¢ incluida en la Memoria de a?o 2017 de la instituci¨®n que ha presentado este lunes la fiscal general, Mar¨ªa Jos¨¦ Segarra, y pasa por modificar el art¨ªculo 510 del C¨®digo Penal por el que en los ¨²ltimos a?os se ha condenado a penas de c¨¢rcel a tuiteros que hab¨ªan publicado mensajes de contenido racista, hom¨®fobo o antisemita. El ministerio p¨²blico aboga por rebajar las penas de prisi¨®n previstas o contemplar medidas alternativas a la c¨¢rcel en los casos en los que ¡°por su contexto contenido, ausencia de reiteraci¨®n o caracter¨ªsticas o circunstancias personales del autor¡± no merezcan un reproche penal tan elevado.

El art¨ªculo 510 del C¨®digo Penal contempla penas de hasta cuatro a?os de c¨¢rcel para quienes inciten p¨²blicamente al odio por raz¨®n de g¨¦nero, raza, religi¨®n u otra circunstancia. En los casos en los que el delito se cometa a trav¨¦s de un medio de comunicaci¨®n social o por Internet, la pena m¨ªnima posible es de dos a?os y medio. La Fiscal¨ªa cree que este r¨¦gimen punitivo es demasiado ¡°severo¡± y desproporcionado. ¡°La experiencia demuestra que muchos de estos casos son cometidos por personas no pertenecientes a grupos u organizaciones criminales, y que insertan en las redes sociales comentarios profundamente ofensivos o humillantes para ciertos colectivos de personas por motivos racistas, xen¨®fobos, religiosos, hom¨®fobos o de otro tipo, y que han podido actuar de forma impulsiva e irreflexiva¡±, se?ala el ministerio p¨²blico en su memoria. La Fiscal¨ªa advierte de que muchos de los autores de estos delitos est¨¢n dispuestos a reconocer los hechos cuando se les identifica, pero la ley impide alcanzar con ellos un acuerdo de conformidad que implique la admisi¨®n del delito y evite el juicio debido a la gravedad de las penas previstas.

La posibilidad de contemplar penas alternativas a la c¨¢rcel se sugiri¨® en una directiva de la Comisi¨®n Europea contra el racismo y la intolerancia del Consejo de Europa. El ministerio p¨²blico explica que estas alternativas podr¨ªan ser multas, p¨¦rdida de derechos pol¨ªticos, o trabajos en beneficio de la comunidad relacionados con el delito cometido y que permitan ¡°su reinserci¨®n social mediante el conocimiento y la aceptaci¨®n de sus v¨ªctimas¡±. La Fiscal¨ªa cita como ejemplo la obligaci¨®n de visitar uno o m¨¢s memoriales del Holocausto o desempe?ar actividades en entidades y colectivos que representan a las v¨ªctimas.

La reforma de las penas para los delitos de odio se encuentra recogida en la memoria de la Fiscal¨ªa del a?o 2017. El documento aboga por otros cambios legales y resume la actividad de la instituci¨®n el a?o pasado. Estos son algunos de sus apartados m¨¢s destacados.

Actuaciones contra el proceso secesionista de Catalu?a. El informe de la Fiscal¨ªa pasa de puntillas sobre la causa por rebeli¨®n abierta en el Tribunal Supremo y en la Audiencia Nacional a los l¨ªderes independentistas, ya que la querella del anterior fiscal general (Jos¨¦ Manuel Maza, fallecido en noviembre pasado) se present¨® el 30 de octubre y el grueso de las actuaciones se ha llevado a cabo en 2018. No obstante, el texto recoge un apartado espec¨ªfico sobre el conflicto catal¨¢n en el que el ministerio p¨²blico resume su trabajo en la Fiscal¨ªa Superior de Catalu?a, la Audiencia Nacional y el Supremo.

Las sentencias por terrorismo yihadista se disparan. La fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional detalla que este tipo de causas representan ya m¨¢s del 46% del trabajo de investigaci¨®n del este organismo judicial. ¡°La raz¨®n no es otra que el incremento de la actividad desde 2013, ante la irrupci¨®n del denominado terrorismo yihadista, cuya amenaza est¨¢ siendo percibida como la m¨¢s grave y preocupante de estos ¨²ltimos a?os¡±, resalta la memoria, donde se recoge que en 2017 se emitieron 20 sentencias por terrorismo isl¨¢mico. Son las mismas que las dictadas durante los cinco a?os anteriores juntos.

"Descoordinaci¨®n" policial en los atentados de Catalu?a. El documento tambi¨¦n resalta que, durante los ataques terroristas de Barcelona y Cambrils del verano de 2017, se produjeron "algunas situaciones rayanas en la descoordinaci¨®n entre cuerpos policiales". "En la gesti¨®n de la informaci¨®n y en la resoluci¨®n del caso", sostiene la memoria, que incide en que "es necesario evitar en el futuro que se produzcan disfunciones de esta naturaleza".

Medidas de protecci¨®n para los denunciantes de delitos de corrupci¨®n. La Fiscal¨ªa aboga por una medida de la que tambi¨¦n se ha mostrado partidaria la ministra de Justicia, Dolores Delgado, fiscal de carrera. La memoria de la instituci¨®n recuerda que, en Espa?a, quienes no han participado en el delito de corrupci¨®n, pero han tenido conocimiento de su preparaci¨®n o comisi¨®n por su proximidad al delincuente, no suelen denunciar. Las razones son varias: por desconfianza en la justicia, porque aspira a que el soborno que le han ofrecido a un competidor un d¨ªa se lo ofrezcan a ¨¦l o por evitar quedar estigmatizado ¡°al romper ciertos c¨®digos de silencio¡± que amparan estas conductas. "En otras ocasiones, cuando el delito se ha cometido en el ¨¢mbito empresarial en el que trabaja el posible denunciante, la inexistencia de una regulaci¨®n protectora espec¨ªfica hace muy dif¨ªcil confiar en una denuncia por parte de quien proablemente va a sufrir alg¨²n tipo de represalia por su conducta", recoge el texto.

La Convenci¨®n de Naciones Unidas contra la Corrupci¨®n en su art¨ªculo 33 establece que cada Estado considerar¨¢ la posibilidad de incorporar en su ordenamiento jur¨ªdico medidas para proporcionar protecci¨®n a las personas que denuncien hechos relacionados con estos delitos. Espa?a no ha atendido esta recomendaci¨®n que tambi¨¦n hace Transparencia Internacional y la Fiscal¨ªa considera que esta medida no puede demorarse m¨¢s. El ministerio p¨²blico pide "una regulaci¨®n adecuada" de protecci¨®n del denunciante, aproxim¨¢ndonos a otros pa¨ªses como Gran Breta?a o EE UU, pa¨ªs donde en materias relacionadas con la delincuencia econ¨®mica o financiera existe la oficina del whistleblower en la Securities and Exchange Commission (SEC) o en el Department of Justice (DOJ) que incluso paga una cantidad al ciudadano que denuncia y facilita informaci¨®n relevante, como tambi¨¦n hace la Internal Revenue Service (IRS) a quien identifica a un defraudador de impuestos, manteni¨¦ndose en todo caso su anonimato.

Incentivos a los arrepentidos. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n tambi¨¦n propone que se establezca ¡°alg¨²n tipo de ventaja o incentivo para conseguir que personas que han intervenido en el delito, a veces con un papel secundario, lo pongan en conocimiento de las autoridades competentes¡±. ¡°De otro modo, resulta dif¨ªcil que se produzca una denuncia que necesariamente implica el reconocimiento de la comisi¨®n de un delito por parte del propio denunciante¡±, subraya la memoria, que califica de ¡°insuficiente¡± la regulaci¨®n espa?ola existente en ese sentido. Seg¨²n detalla el ministerio p¨²blico, pese a que el art¨ªculo 426 del C¨®digo Penal prev¨¦ cierta exenci¨®n de pena para favorecer la colaboraci¨®n de los arrepentidos, apenas se ha aplicado este precepto: ¡°Quiz¨¢, en parte, por los problemas interpretativos que generan algunos de sus t¨¦rminos, pero, sobre todo, por el escaso plazo previsto para la denuncia -dos meses-¡±.

59.594 billetes falsos. Los datos incluidos en el documento revelan que en Espa?a se retiraron de la circulaci¨®n 59.594 billetes falsos en 2017, un 24% menos que durante el ejercicio anterior. El m¨¢s falsificado es el de 50 euros, que suma el 48% de las incautaciones. ¡°La media de Espa?a ha sido de 1,7 billetes falsos por cada mil habitantes, similar a la media europea¡±, apostilla la memoria, donde se se?ala que tambi¨¦n se interceptaron 32.806 monedas presuntamente falsas.

Anticorrupci¨®n denuncia la escasez de personal. La Fiscal¨ªa especializada en esta ¨¢rea resalta en su informe la ¡°escasez¡± de la plantilla y la ¡°necesidad¡± de que se incremente. Alerta de que la situaci¨®n se encuentra ¡°pr¨®xima a la saturaci¨®n¡±. ¡°Con el riesgo cierto de caer en la ineficacia¡±, subraya la memoria.

Cr¨ªtica a la ley de plazos de Rajoy. Otro de los puntos que aborda la memoria es la reforma del art¨ªculo 324 de la ley de Enjuiciamiento Criminal que impuls¨® el Gobierno de Mariano Rajoy (PP), cuando gozaba de mayor¨ªa absoluta y se multiplicaban las causas de corrupci¨®n. Esta modificaci¨®n fijaba l¨ªmites m¨¢ximos de 6 o 18 meses para la instrucci¨®n de sumarios, que solo puede ampliar el magistrado a instancia del ministerio p¨²blico. Seg¨²n subraya la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, este cambio legislativo no ha mejorado la investigaci¨®n de estos macroprocesos. Adem¨¢s, Mar¨ªa Jos¨¦ Segarra, fiscal general del Estado, ya anunci¨® que promover¨¢ la derogaci¨®n desde la instituci¨®n que encabeza.

Aumento de las agresiones de menores a padres y hermanos. Las investigaciones abiertas contra menores se han reducido un 1,2% pero el ministerio p¨²blico resta valor a este dato y lo considera ¡°un simple ajuste de par¨¢metros de registro¡±. S¨ª cree ¡°particularmente inquietante¡± el mantenimiento de la tendencia al alza de los asuntos de violencia dom¨¦stica contra los padres y hermanos, que ha experimentado una subida del 7,11 % (4.665 casos abiertos en 2017 frente a los 4.355 del a?o 2016). ¡°No parece haber indicadores que permitan aventurar, a corto plazo, una soluci¨®n a este problema, consecuencia de una crisis profunda en las pautas educativas y en los roles paterno filiales¡±, se?ala el ministerio p¨²blico.

La memoria de 2017 recoge un ligero descenso de las agresiones sexuales cometidas por menores (451 en 2017 frente a las 476 en 2016). Sin embargo, los abusos sexuales aumentan significativamente (935 en 2017 frente a los 795 de 2016), un dato que el ministerio p¨²blico atribuye a la modificaci¨®n legal que increment¨® de 13 a 16 a?os la edad para prestar el libre consentimiento en las relaciones sexuales. ¡°En todo caso, llama la atenci¨®n la incidencia en el n¨²mero de delitos de naturaleza sexual unida al uso inadecuado de las redes sociales, fen¨®menos que a veces van de la mano y que, en otras ocasiones, denotan la pervivencia de estereotipos machistas que debieran haberse superado. Es necesario que los recursos p¨²blicos est¨¦n orientados hacia la transmisi¨®n de una cultura sobre la conciencia de la intimidad, de la libre sexualidad y de la dignidad de la otra persona¡±, advierte la Fiscal¨ªa.