El Gobierno estudia rebajar las penas para delitos de odio en la Red como pide la Fiscal¨ªa

El Gobierno est¨¢ dispuesto a cambiar el C¨®digo Penal para rebajar las penas en casos de delitos de odio cometidos a trav¨¦s de las redes sociales. Fuentes del Ministerio de Justicia se?alan que se va a estudiar la propuesta que ha hecho en ese sentido la Fiscal¨ªa General del Estado y que, en principio, el Ejecutivo es partidario de abordarla. De salir adelante, se reducir¨ªan las penas de prisi¨®n (ahora de hasta cuatro a?os) y se permitir¨ªa que, en algunos casos, los jueces decreten medidas alternativas a la c¨¢rcel.

La posibilidad de bajar las penas en delitos de odio cometidos en Internet, propuesta por la Fiscal¨ªa en su ¨²ltima memoria anual, ha gustado en el Ministerio de Justicia. Seg¨²n fuentes del departamento que dirige Dolores Delgado se va a estudiar la iniciativa y, a falta de un an¨¢lisis m¨¢s exhaustivo, el Gobierno es favorable a impulsarla.

La propuesta implica modificar el art¨ªculo 510 del C¨®digo Penal, que en su forma m¨¢s grave contempla penas de entre uno y cuatro a?os de c¨¢rcel para quien fomente p¨²blicamente el odio o la violencia contra una persona o un colectivo por motivos racistas, antisemitas, religiosos u otra circunstancia. Durante 2017, seg¨²n la memoria de la Fiscal¨ªa, el ministerio p¨²blico present¨® 14 escritos de acusaci¨®n por este tipo de conductas y se dictaron 29 sentencias.

No hay datos exactos de cu¨¢ntos de estos casos est¨¢n protagonizados por usuarios de redes sociales, pero son ¡°la mayor¨ªa¡±, seg¨²n fuentes fiscales. El PP modific¨® este art¨ªculo del C¨®digo Penal durante la primera legislatura de Mariano Rajoy para endurecer las penas de los delitos de odio cometidos a trav¨¦s de Internet, con la justificaci¨®n de que multiplica su difusi¨®n y, con ello, el da?o causado. Tras ese cambio, el castigo m¨ªnimo previsto en la ley cuando los hechos se lleven a cabo a trav¨¦s de un medio de comunicaci¨®n social es de dos a?os y medio de c¨¢rcel.

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Ese es el extremo que Justicia se muestra abierto a modificar en l¨ªnea con la propuesta de la Fiscal¨ªa que dirige Mar¨ªa Jos¨¦ Segarra (compa?era de la ministra Delgado en la Uni¨®n Progresista de Fiscales). El ministerio p¨²blico considera que hay casos en los que por el contexto, por las circunstancias personales del autor, por falta de reiteraci¨®n o por el propio contenido del mensaje no merecen un reproche penal tan elevado. La experiencia demuestra que muchos de esos mensajes son escritos de forma ¡°impulsiva e irreflexiva¡±, por lo que la Fiscal¨ªa argumenta que habr¨ªa que ponderar cada caso y que la pena m¨ªnima prevista es excesiva en muchos de ellos.

IU present¨® en marzo en el Congreso una iniciativa en ese sentido y, seg¨²n fuentes del partido, la intenci¨®n es llevarla al pr¨®ximo cupo de iniciativas de Unidos Podemos a finales de octubre y negociarla con el resto de grupos.

Diferencias entre grupos

El PSOE a¨²n no ha abordado ni la propuesta de IU ni la de la Fiscal¨ªa, pero un portavoz del grupo socialista record¨® a EL PA?S que el partido se opuso al incremento de penas para este tipo de delitos aprobado por el Gobierno de Rajoy y que la posici¨®n del grupo no ha cambiado. La puerta est¨¢ abierta.

Quien s¨ª ha hecho ya una ronda parlamentaria en esa misma l¨ªnea es el Grupo de Estudios de Pol¨ªtica Criminal, constituido por m¨¢s de 150 penalistas (profesores, catedr¨¢ticos, jueces y fiscales) de tendencia progresista. Este grupo aprob¨® en octubre de 2017 un manifiesto en el que ped¨ªa una ¡°profunda reforma¡± del C¨®digo Penal, en la l¨ªnea de ¡°despenalizar o modificar¡± los delitos de expresi¨®n, con tres excepciones: aquellos que da?en un derecho constitucional; que incluyan amenazas o intimidaciones a personas concretas; o represente una incitaci¨®n a la comisi¨®n de un delito. A estos tres l¨ªmites a?adieron el concepto del ¡°discurso del odio¡±, de forma que todo lo que sea etiquetado como tal debe quedar ¡°autom¨¢ticamente¡± fuera del amparo.

Tras aprobar el documento, miembros de la asociaci¨®n se reunieron con algunos grupos parlamentarios y obtuvieron respuestas desiguales. PSOE, Unidos Podemos y el PNV se mostraron partidarios de la iniciativa; el PP, en contra; y Ciudadanos ni les contest¨® a su petici¨®n de reunirse, seg¨²n explica Mar¨ªa Luisa Cuerda, catedr¨¢tica de Derecho Penal de la Universidad Jaume I de Castell¨®n y miembro de este colectivo.

¡°La situaci¨®n actual es un sinsentido¡±, afirma Cuerda. ¡°El insulto no forma parte de la libertad de expresi¨®n, pero algunas de esas conductas son tan cercanas a la libertad de expresi¨®n que castigarlas con c¨¢rcel provoca autocensura¡±. El grupo est¨¢ preparando una propuesta alternativa a la regulaci¨®n actual y prev¨¦ votarla a finales de octubre.

En la propuesta de la Fiscal¨ªa se plantea que la prisi¨®n pueda ser sustituida por penas alternativas a la c¨¢rcel, como multas, p¨¦rdida de derechos pol¨ªticos, o trabajos en beneficio de la comunidad relacionados con el delito en cuesti¨®n y que permitan la reinserci¨®n social ¡°mediante el conocimiento y la aceptaci¨®n de sus v¨ªctimas¡±. La Fiscal¨ªa cita como ejemplo la obligaci¨®n de visitar uno o m¨¢s memoriales del Holocausto o desempe?ar actividades en entidades que representan a las v¨ªctimas.