La fiscal¨ªa considera que el plan para la independencia inclu¨ªa la violencia

Oriol Junqueras?cumple este viernes un a?o en prisi¨®n. Si fructifican las penas que solicita para ¨¦l la fiscal¨ªa, al exvicepresidente de la Generalitat le quedar¨ªan por cumplir otros 24. El escrito de acusaci¨®n del ministerio p¨²bico en la causa abierta en el Tribunal Supremo contra el proc¨¦s sit¨²a a Junqueras a la cabeza de un plan urdido desde 2012 ¡°para orillar la aplicaci¨®n de la legalidad constitucional¡± con el objetivo de declarar la independencia de Catalu?a. Para conseguirlo, los promotores acordaron utilizar ¡°todos los medios que fueran necesarios¡±, incluido la violencia, asegura la fiscal¨ªa. Junto a Junqueras, para quien pide 25 a?os de c¨¢rcel y de inhabilitaci¨®n, el ministerio p¨²blico sit¨²a al frente del pulso al Estado a la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, al exl¨ªder de la ANC, Jordi S¨¤nchez, y al presidente de ?mnium, Jordi Cuixart. Los tres se enfrentan a una petici¨®n de 17 a?os de prisi¨®n y otros tantos de inhabilitaci¨®n como ¡°promotores o jefes¡± de la rebeli¨®n.

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El escrito de la fiscal¨ªa, de 127 p¨¢ginas, detalla los pasos dados durante cinco a?os por los tres pilares en los que, seg¨²n la acusaci¨®n, se sostuvo el proc¨¦s: la Generalitat de Catalu?a (Govern y Parlament), las formaciones pol¨ªticas independentistas (Junts pel S¨ª y CUP) y las entidades sociales soberanistas (ANC, ?mnium y Asociaci¨®n de Municipios por la Independencia). La estrategia se llev¨® a cabo con un reparto de papeles entre ellos. El Govern se encarg¨® de preparar las estructuras del futuro Estado catal¨¢n y la convocatoria de un refer¨¦ndum independentista; el Parlament, de permitir la tramitaci¨®n y facilitar la aprobaci¨®n de resoluciones y leyes ¡°abiertamente inconstitucionales¡±, y las asociaciones sociales de movilizar a la ciudadan¨ªa ¡°como instrumento de presi¨®n¡± al Estado.

El ministerio p¨²blico atribuye delitos de rebeli¨®n, malversaci¨®n o desobediencia a 18 l¨ªderes de este plan. Faltan los siete que se fugaron, entre ellos el expresidente Carles Puigdemont, que no se sentar¨¢n en el banquillo en el juicio que el Supremo prev¨¦ celebrar a principios de 2019. Para los que se quedaron en Espa?a, la fiscal¨ªa pide penas que van desde los 25 a?os de c¨¢rcel de Junqueras a un a?o y cuatro meses de inhabilitaci¨®n del diputado de En Comu-Podem Joan Josep Nuet. En total, las penas que solicita el ministerio p¨²blico suman 177 a?os de prisi¨®n.

En el escrito, firmado por los cuatro fiscales del Supremo asignados a la causa contra el proc¨¦s (la exfiscal general del Estado Consuelo Madrigal y los fiscales Javier Zaragoza, Fidel Cadena y Jaime Moreno), cobran especial importancia las referencias a los episodios violentos que se produjeron en las ¨²ltimas semanas del proc¨¦s, ya que este uso de la violencia es el que define al delito de rebeli¨®n. El ministerio p¨²blico culpa a los acusados de rebeli¨®n de una serie de? "graves incidentes" concentrados, sobre todo, en las movilizaciones frente a la Consejer¨ªa de Econom¨ªa durante un registro judicial los d¨ªas 19 y 20 de septiembre y en la jornada de votaci¨®n del refer¨¦ndum del 1 de octubre. Pero los fiscales tambi¨¦n responsabilizan a los l¨ªderes independentistas de exponer a la ciudadan¨ªa a una "elevad¨ªsima" probabilidad de que se produjeran "explosiones de violencia". No hubo graves da?os personales, pero s¨ª se puso en riesgo la integridad f¨ªsica de agentes y ciudadanos, sostiene la fiscal¨ªa.

En las primeras movilizaciones los fiscales hablan de "asedio" a la comitiva judicial y a la Guardia Civil por parte de hasta 60.000 manifestantes "cuya masa se agolpaba hasta empujar, y casi derribar" la puerta de entrada al edificio en un ambiente "crispado y hostil"; de "muchedumbre" que rodea los veh¨ªculos policiales, que terminaron "devastados y destrozados"; y de "lanzamiento de objetos" contra los agentes. El ministerio p¨²blico considera que estos hechos fueron "conocidos, inducidos y consentidos" por S¨¤nchez y Cuixart, como l¨ªderes de ANC y ?mnium, y? por los responsables pol¨ªticos procesados.

Los incidentes se repitieron el 1 de octubre. Seg¨²n los fiscales, no solo hubo "alteraciones tumultuarias y masivas de actos de resistencia y desorden", sino tambi¨¦n "actos de violencia y agresi¨®n" contra los polic¨ªas y guardias civiles que trataban de evitar la consulta independentista. El ministerio p¨²blico culpa de ellos a todos los l¨ªderes secesionistas procesados que llamaron a participar en la consulta ilegal. ?

Tras Junqueras, Forcadell, S¨¤nchez y Cuixart, el ministerio sit¨²a en un segundo escal¨®n de responsabilidad a los otros cinco exconsejeros que est¨¢n en prisi¨®n preventiva por rebeli¨®n (Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Ra¨¹l Romeva, Dolors Bassa). Pese a que se les asigna un papel secundario en la rebeli¨®n, la fiscal¨ªa pide para ellos 16 a?os de c¨¢rcel porque considera que, como miembros del Govern, participaron en la malversaci¨®n.

El ministerio p¨²blico deja fuera de la rebeli¨®n a tres exconsejeros (Carles Mund¨®, Meritxell Borr¨¤s y Santi Vila), pero solicita para ellos una pena de siete a?os de c¨¢rcel por malversaci¨®n y 16 de inhabilitaci¨®n por un delito de desobediencia. Por ¨²ltimo, cinco exmiembros de la Mesa de Parlament (Llu¨ªs Corominas, Llu¨ªs Guin¨®, Anna Sim¨®, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet) y la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya solo son acusados de desobediencia y no se enfrentan a penas de c¨¢rcel, pero s¨ª de inhabilitaci¨®n (un a?o y ocho meses para todos, menos para Nuet, al que solicitan un a?o y cuatro meses) y una multa de 10 euros diarios durante 10 meses (ocho en el caso de Nuet).

Los acusados, seg¨²n la fiscal¨ªa, ¡°dirigieron, promovieron y/o participaron activamente¡± en una estrategia ¡°perfectamente planificada, concertada y organizada para fracturar el orden constitucional con el fin de conseguir la independencia de la comunidad aut¨®noma de Catalu?a como nuevo estado en forma de Rep¨²blica¡±. Estuvieron ¡°a punto¡± de lograrlo, advierte el ministerio p¨²blico.

La fiscal¨ªa sit¨²a el inicio del pr¨®ces en el 19 de diciembre de 2012, el d¨ªa que se firm¨® el acuerdo entre Junqueras y Artur Mas que llev¨® a este a la presidencia de la Generalitat. Mas se ha quedado, sin embargo, fuera de la causa porque se retir¨® de la primera l¨ªnea pol¨ªtica antes de 2015, a?o en el que el ministerio p¨²blico ubica los pasos principales dados por la Generalitat hacia la independencia unilateral. El delito de rebeli¨®n se cometi¨®, pues, durante el Gobierno de Puigdemont y 13 de los acusados eran miembros de su Ejecutivo.