La Abogac¨ªa del Estado descarta la rebeli¨®n y acusa a los l¨ªderes del ¡®proc¨¦s¡¯ de sedici¨®n y malversaci¨®n

En las ¨²ltimas semanas, el presidente Pedro S¨¢nchez y la vicepresidenta Carmen Calvo han sugerido que no estaban de acuerdo con la imputaci¨®n por rebeli¨®n: el Gobierno entiende que para que exista ese delito tendr¨ªa que haber uso de armas. Pero se trataba de declaraciones p¨²blicas interpretables; no hab¨ªa decisiones claras. Finalmente, el escrito de la Abogac¨ªa descarta la rebeli¨®n, pero s¨ª atribuye a los l¨ªderes independentistas un delito de sedici¨®n, definido en el C¨®digo Penal como un alzamiento ¡°tumultuario¡±. Para los partidos independentistas, ser¨¢ un gesto insuficiente. Y para la oposici¨®n, demasiado: al Ejecutivo le ha costado asumir este cambio, porque sabe que recibir¨¢ duros ataques por parte del PP, pese a que el Gobierno de Rajoy solo se person¨® en la causa por el delito de malversaci¨®n.

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Durante la fase de instrucci¨®n, la Abogac¨ªa no ha pedido personarse por ning¨²n delito m¨¢s que la malversaci¨®n, aunque s¨ª se ha adherido a las posiciones de la fiscal¨ªa en lo relativo, por ejemplo, a la prisi¨®n preventiva. En agosto, como el resto de acusaciones, present¨® un escrito al Supremo en el que solicitaba la apertura de juicio oral por rebeli¨®n, malversaci¨®n y desobediencia.

La rebeli¨®n agravada con malversaci¨®n implicar¨ªa entre 15 y 30 a?os de c¨¢rcel. La sedici¨®n m¨¢s la malversaci¨®n pueden sumar desde un m¨ªnimo de 14 a un m¨¢ximo de 27 a?os, aunque la pena se reduce significativamente si los acusados devuelven el dinero malversado.

El n¨²cleo duro del Gobierno se reuni¨® el pasado lunes en La Moncloa para analizar la situaci¨®n. Formalmente, el Ejecutivo ha trasladado la idea de que la Abogac¨ªa tiene manos libres. La realidad es que este ¨®rgano, que act¨²a como defensor de los intereses del Estado, depende de una decisi¨®n pol¨ªtica. Y esa es la que tomaron el lunes durante una comida de trabajo el presidente, el ministro de Fomento, Jos¨¦ Luis ?balos, la portavoz parlamentaria, Adriana Lastra, el jefe de gabinete, Iv¨¢n Redondo, y el secretario de Estado de Comunicaci¨®n, Miguel ?ngel Oliver. El an¨¢lisis del Gobierno, no solo de este n¨²cleo duro sino tambi¨¦n de otros ministros que tambi¨¦n fueron consultados, es que la acusaci¨®n de rebeli¨®n es excesiva.

El Ejecutivo no ha atendido las presiones de sus socios independentistas para ir m¨¢s lejos y suavizar la posici¨®n de la fiscal¨ªa. En el gabinete de S¨¢nchez entend¨ªan que dar ese paso supon¨ªa un enorme riesgo pol¨ªtico. La fiscal¨ªa tiene total autonom¨ªa y as¨ª ha redactado sus conclusiones provisionales. Las fuentes fiscales consultadas se?alan que se mantendr¨¢ la calificaci¨®n de rebeli¨®n, un delito recogido en el art¨ªculo 472 del C¨®digo Penal que castiga a los que se alcen ¡°violenta y p¨²blicamente¡± para una serie de fines, entre ellos, declarar la independencia de una parte del territorio nacional. Se atribuir¨¢ a los nueve procesados que est¨¢n en prisi¨®n, aunque entre ellos la fiscal¨ªa establecer¨¢ distintos niveles de responsabilidad.

En el primero estar¨¢ Junqueras, a quien el ministerio p¨²blico considera, junto a Puigdemont, el principal responsable del desaf¨ªo independentista unilateral. Los investigadores le otorgan un papel esencial al inicio del proc¨¦s (considerado en la causa como la firma el 19 de diciembre de 2012 del acuerdo entre Artur Mas y Junqueras que llev¨® al primero a la presidencia de la Generalitat), en el tramo intermedio (por impulsar desde la vicepresidencia el plan secesionista) y al final (la declaraci¨®n unilateral de independencia). Este protagonismo se traducir¨¢ en una petici¨®n de penas superior al del resto de procesados, que puede rondar los 25 a?os de c¨¢rcel por un delito de rebeli¨®n agravado con malversaci¨®n.

Niveles de responsabilidad

Ambos delitos se atribuir¨¢n tambi¨¦n a los otros cinco exconsejeros de Puigdemont encarcelados (Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Ra¨¹l Romeva y Dolors Bassa), pero la fiscal¨ªa les sit¨²a en un segundo nivel de responsabilidad y la petici¨®n de penas oscilar¨¢, seg¨²n las fuentes consultadas, entre 15 y 20 a?os de prisi¨®n. Y de 10 a 15 a?os para los tres procesados encarcelados (la expresidenta del Parlament, Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi S¨¤nchez y el l¨ªder de ?mnium, Jordi Cuixart) solo por rebeli¨®n.

En el tercer bloque de responsabilidad estar¨¢n los tres exconsejeros a los que la fiscal¨ªa deja fuera de la rebeli¨®n, pero prev¨¦ acusar de malversaci¨®n y desobediencia: Carles Mund¨®, Meritxell Borr¨¤s y Santi Vila. La petici¨®n de pena para ellos podr¨ªa llegar a los 12 a?os, pero se reducir¨ªa si devuelven el dinero supuestamente desviado a fines il¨ªcitos.

El resto de procesados (los exmiembros de la Mesa de Parlament Llu¨ªs Corominas, Llu¨ªs Guin¨®, Anna Sim¨®, Ramona Barrufet y Joan Josep Nuet; y la expresidenta del grupo parlamentario de la CUP Mireia Boya) solo ser¨¢n acusados de desobediencia y no se pedir¨¢ para ellos penas de c¨¢rcel, pero s¨ª de inhabilitaci¨®n. Adem¨¢s, la fiscal¨ªa de la Audiencia Nacional acusar¨¢ al ex responsable de los Mossos Josep Llu¨ªs Trapero y a los ex responsables pol¨ªticos de la polic¨ªa auton¨®mica Pere Soler y C¨¦sar Puig por rebeli¨®n por los hechos del 20 y 21 de septiembre ante la Consejer¨ªa de Econom¨ªa de Barcelona.