El juez rastrea 32 cuentas bancarias de Ignacio Gonz¨¢lez en busca de sobornos
Garc¨ªa-Castell¨®n reactiva el 'caso Lezo' con varias diligencias para conocer el destino final de las comisiones ilegales
El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n ha reactivado en las ¨²ltimas semanas la investigaci¨®n del caso Lezo con varios autos en los que ordena a la Guardia Civil recabar abundante informaci¨®n bancaria sobre varios de los principales implicados en la trama de corrupci¨®n. Entre ellos, los del expresidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio Gonz¨¢lez. El objetivo del magistrado es determinar el destino final de los supuestos sobornos.
En el ¨²ltimo escrito, del 6 de noviembre, Garc¨ªa-Castell¨®n reclama a una quincena de bancos los movimientos y saldos de decenas de productos financieros suscritos a nombre de seis imputados y cinco empresas para determinar si blanquearon comisiones ilegales mediante el cobro en ventanilla de cheques al portador. Entre los investigados est¨¢n el expresidente de la Comunidad de Madrid Ignacio Gonz¨¢lez y su esposa, Lourdes Cavero, de los que el juez ha reclamado datos sobre las 32 cuentas bancarias (19 de ellas compartidas) que ten¨ªan abiertas en cinco entidades.
La decisi¨®n del magistrado se produce despu¨¦s de que la Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil haya entregado varios informes en los que plantea la necesidad de practicar varias diligencias para determinar, entre otras, el destino de los 1,2 millones de euros que presuntamente se repartieron varios investigados por la adjudicaci¨®n en 2007 de las obras de construcci¨®n y la posterior explotaci¨®n de un campo de golf en unos antiguos terrenos de la empresa p¨²blica Canal de Isabel II en la ciudad de Madrid. La investigaci¨®n apunta a que Ignacio Gonz¨¢lez ¡ªque en su declaraci¨®n ante el juez quiso hacer responsable de aquella operaci¨®n a su antecesora en la presidencia de la Comunidad de Madrid, Esperanza Aguirre¡ª aprovech¨® presuntamente su posici¨®n para adjudicar de manera irregular ambos contratos. Anticorrupci¨®n estima que de aquella millonaria comisi¨®n la trama blanque¨® entre 2008 y 2011 m¨¢s de 530.000 euros con cheques al portador y el uso de empresas pantalla.
El juez destaca en el auto que la declaraci¨®n del empresario Fernando Serrano refuerza estas sospechas. Este asegur¨® en la Audiencia Nacional que hab¨ªa retirado dinero en efectivo por este sistema para posteriormente entreg¨¢rselo a otros implicados, entre ellos Pablo Gonz¨¢lez, hermano del expresidente madrile?o, y el cu?ado de ambos, Jos¨¦ Juan Caballero. Ambos estuvieron al frente de la sociedad Tecnoconcret, considerada pieza clave en el fraude de la adjudicaci¨®n del campo de golf ya que form¨® parte de la uni¨®n de empresas que se hizo con el contrato.
Por todo ello, el juez reclama informaci¨®n sobre los productos financieros en los que aparezcan como titulares Ignacio Gonz¨¢lez y su esposa; el hermano y el cu?ado del primero; el empresario que confes¨® haber participado en la operativa, y Jos¨¦ Antonio Clemente, quien tambi¨¦n figuraba como directivo de Tecnoconcret. Tambi¨¦n pide los mismos datos de las cuentas bancarias abiertas a nombre de esta empresa y de otras cuatro sociedades supuestamente utilizadas para emitir facturas ficticias. Garc¨ªa-Castell¨®n hace la advertencia a las entidades financieras de que entreguen toda la informaci¨®n en el plazo m¨¢ximo de diez d¨ªas y de que para recopilarla ¡°eviten el contacto con las sucursales¡± donde fueron abiertos dichos productos financieros.
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