El conflicto de Interior con los sindicatos de prisiones llega a los juzgados

El enconado conflicto laboral que desde hace casi un a?o enfrenta al Ministerio del Interior con los funcionarios de Prisiones ha llegado a la justicia penal. El titular del Juzgado de Instrucci¨®n 33 de Madrid, Tom¨¢s Mart¨ªn, acord¨® el pasado 8 de diciembre la apertura de diligencias previas despu¨¦s de que la organizaci¨®n mayoritaria, el sindicato ACAIP, presentase una denuncia por prevaricaci¨®n, malversaci¨®n y contra los derechos de los trabajadores contra el actual secretario general de Instituciones Penitenciarias, ?ngel Luis Ortiz, al considerar irregular el reciente reparto de m¨¢s de un mill¨®n de euros en complemento de productividad entre trabajadores.

El magistrado destaca en el auto con el que abre la causa que los hechos recogidos en la denuncia del sindicato "presentan caracter¨ªsticas que hacen presumir la posible existencia de una infracci¨®n penal", aunque evita dirigir de momento la investigaci¨®n contra nadie en concreto a la espera de "practicar aquellas [diligencias] esenciales encaminadas a determinar la naturaleza y circunstancias del hecho, as¨ª como las personas que en ¨¦l hayan participado". El juez Mart¨ªn pide a la fiscal¨ªa, como es preceptivo, que emita un informe sobre los hechos contenidos en la denuncia.

La denuncia se present¨® el pasado 29 de noviembre, solo dos d¨ªas despu¨¦s de que Ortiz firmase una resoluci¨®n administrativa para repartir una "productividad extraordinaria" a los cargos directivos de las c¨¢rceles y a los trabajadores sanitarios de las mismas, as¨ª como al personal de los servicios centrales de Instituciones Penitenciarias. El sindicato considera que este reparto fue "malversador, arbitrario, ilegal, atentatorio y coaccionador" ya que considera que con su distribuci¨®n se penaliz¨® a aquellos funcionarios secundaron los paros de finales de octubre y mediados de noviembre. El propio Ortiz neg¨® el jueves, durante una comparecencia parlamentaria, esta acusaci¨®n y recalc¨® que el complemento se hab¨ªa repartido entre los funcionarios que en aquellas jornadas de huelga vieron prolongada su jornada para cubrir los servicios m¨ªnimos fijados.

Recientemente, la Sala de lo Contencioso-administrativo de la Audiencia Nacional anul¨® otro reparto de la productividad de Instituciones Penitenciarias. En concreto el que hizo a?finales de 2017, con el popular Juan Ignacio Zoido como ministro del Interior. El fallo consider¨® que este reparto ¡ªque benefici¨® a un millar de directivos de una plantilla de 23.500 trabajadores¡ª debi¨® negociarse con los representantes sindicales. La decisi¨®n ha sido recurrida ante el Tribunal Supremo por Instituciones Penitenciarias.

?ltima manifestaci¨®n?

La decisi¨®n del juez de abrir diligencias previas se conoce unos d¨ªas despu¨¦s de que cerca de 7.000 funcionarios de prisiones convocados por las cuatro organizaciones mayoritarias -ACAIP, CSIF, UGT y CC OO- recorrieran las calles del centro de Madrid para exigir al ministro Fernando Grande-Marlaska la reapertura de las negociaciones sobre la subida salarial del colectivo. Estas se hab¨ªan roto el pasado mes de septiembre, despu¨¦s de que el m¨¢ximo responsable de prisiones planteara en una reuni¨®n con los representantes de los trabajadores?una propuesta de subida y la retirase tres d¨ªas m¨¢s tarde tras asegurar que era solo un "estudio t¨¦cnico" y no hab¨ªa partida presupuestaria para afrontarla.

Desde entonces, los funcionarios de prisiones han protagonizado seis d¨ªas de huelga en las c¨¢rceles y un encierro en la sede de Interior, adem¨¢s de reclamar de manera insistente el cese de Ortiz al frente de Prisiones. Este insisti¨® el pasado jueves en el Congreso que est¨¢ dispuesto a sentarse a negociar y plante¨® su disposici¨®n a aceptar una de las reclamaciones de los sindicatos: la reclasificaci¨®n de los centros penitenciarios dependientes de Interior (todos excepto de los de Catalu?a) "en cuanto el marco presupuestario lo permita". Esta medida, asegur¨®, tendr¨ªa "efectos retributivos" que permitir¨ªan disminuir las diferencias salariales de hasta 737,27 euros que existen actualmente entre trabajadores de una y otra prisi¨®n que realizan el mismo trabajo.??