La Fiscal¨ªa asegura que no se ha accedido a los tel¨¦fonos de los periodistas de Palma
Anticorrupci¨®n afirma que los dispositivos se intervinieron para asegurar la prueba de los delitos de revelaci¨®n de secretos
La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n, que aval¨® la orden judicial dictada por un juez de Palma de requisar los tel¨¦fonos y ordenadores de dos periodistas, asegura que los dispositivos no han sido utilizados en la investigaci¨®n, pero deja la puerta abierta a hacerlo. En una nota, el Ministerio P¨²blico justific¨® este mai¨¦rcoles la intervenci¨®n de los tel¨¦fonos y ordenadores en la necesidad de preservar la prueba de un presunto delito de revelaci¨®n de secretos por el que est¨¢n detenidos dos polic¨ªas.
Ocho d¨ªas ha tardado la Fiscal¨ªa en explicar por qu¨¦ aval¨® la orden dictada el 11 de diciembre por el juez de Palma Miquel Florit de requisar los tel¨¦fonos y ordenadores de dos periodistas que cubren habitualmente informaci¨®n sobre tribunales. La medida persegu¨ªa, supuestamente, aclarar el origen de la filtraci¨®n de un informe en el marco del llamado caso Cursach, que investiga los lazos entre el empresario del ocio nocturno Bartolom¨¦ Cursach y agentes de la Polic¨ªa Local de Palma.
?La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n rechaz¨® la semana pasada explicar las razones de su decisi¨®n, que ha recibido duras cr¨ªticas de juristas, periodistas y pol¨ªticos que consideran que vulnera el derecho a la protecci¨®n de las fuentes de los informadores, recogido en la Constituci¨®n. Este mi¨¦rcoles, tras la detenci¨®n el martes de dos polic¨ªas acusados de un presunto delito de revelaci¨®n de secretos, el ministerio p¨²blico difundi¨® una nota en la que trata de justificar la decisi¨®n y despejar algunas de las dudas que hab¨ªa suscitado.
Seg¨²n esta versi¨®n, la intervenci¨®n de tel¨¦fonos ¡°no tuvo por objeto localizar o descubrir las fuentes de informaci¨®n¡± de los periodistas. El ministerio p¨²blico asegura que estas fuentes ¡°ya eran conocidas por otras v¨ªas de investigaci¨®n, como demuestran las detenciones practicadas¡±. De lo que se trata, alega, era de garantizar ¡°el aseguramiento de los efectos materiales procedentes del delito¡±, seg¨²n autoriza el art¨ªculo 588 bis a 4 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Es decir, preservar las pruebas del presunto delito de revelaci¨®n de secretos del que se acusa a los polic¨ªas.
Seg¨²n Anticorrupci¨®n, los dispositivos de los periodistas no han sido abiertos, aunque los tel¨¦fonos y ordenadores siguen bajo custodia policial y no cierra la puerta a que sean utilizados m¨¢s adelante. ¡°En caso de ser necesario¡± acceder al contenido de los m¨®viles, se?ala la fiscal¨ªa, se har¨¢, aunque se pondr¨ªa previamente en conocimiento de los dos periodistas.
Reforma legal
El art¨ªculo de la ley en la que se basa la medida fue introducido en 2015 en una reforma impulsada por el Gobierno de Mariano Rajoy para ¡°el fortalecimiento de las garant¨ªas procesales y la regulaci¨®n de las medidas de investigaci¨®n tecnol¨®gica¡±. El texto avala el registro de dispositivos de almacenamiento masivo de la informaci¨®n mediante una autorizaci¨®n judicial ¡°dictada con plena sujeci¨®n a los principios de especialidad, idoneidad, excepcionalidad, necesidad y proporcionalidad¡±. El punto 4, el referido por la fiscal¨ªa, establece que ¡°en aplicaci¨®n de los principios de excepcionalidad y necesidad¡± solo podr¨¢ acordarse la medida bajo dos supuestos: cuando no est¨¦n a disposici¨®n de la investigaci¨®n ¡°otras medidas menos gravosas para los derechos fundamentales del investigado o encausado¡±; o ¡°cuando el descubrimiento o la comprobaci¨®n del hecho investigado, la determinaci¨®n de su autor o autores, la averiguaci¨®n de su paradero, o la localizaci¨®n de los efectos del delito se vea gravemente dificultada sin el recurso a esta medida¡±. Ninguno de los dos periodistas afectados est¨¢ investigado o encausado, por lo que la orden judicial solo puede ampararse en el segundo supuesto.
La decisi¨®n sigue levantando cr¨ªticas. La plataforma para reforzar la protecci¨®n del periodismo y la seguridad del Consejo de Europa lanz¨® el martes una alerta por la incautaci¨®n de los dispositivos de los dos informadores de Palma. El texto ha sido elaborado por la Federaci¨®n Europea de Periodistas, la Federaci¨®n Internacional de Periodistas y la organizaci¨®n Index on Censorship, que defienden el trabajo informativo y la libertad de expresi¨®n.
La alerta incluye un informe de la organizaci¨®n Mapping Media Freedom que denuncia violaciones de derechos y censura contra periodistas en Europa. La plataforma espera una respuesta por parte del Gobierno espa?ol y recuerda que los reporteros a los que se les requisaron sus herramientas de trabajo se negaron a entregarlas voluntariamente.
La plataforma del Consejo de Europa ha lanzado 507 alertas desde 2015, de las que casi la mitad han sido respondidas o resueltas por el pa¨ªs afectado. La mayor¨ªa est¨¢n referidas a atentados contra la seguridad e integridad f¨ªsica de los profesionales de la informaci¨®n o a episodios de arrestos e ingresos en prisi¨®n. Turqu¨ªa y Rusia encabezan el n¨²mero de alertas, mientras que Espa?a ha recibido 14.
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