La ley franquista en la que se escuda Moncloa para ocultar cu¨¢nto cuestan los viajes del presidente
El Gobierno apela a la seguridad para no dar datos de ning¨²n traslado de S¨¢nchez en contra del criterio de los expertos
Los viajes del presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, son materia clasificada. Secretos. No se puede saber cu¨¢nto cuestan al erario sus desplazamientos, ya sean estos oficiales o de ¨ªndole privada. Tampoco qui¨¦n le acompa?a en los aviones Falcon del Grupo 45 del Ej¨¦rcito que transportan a las autoridades. El Gobierno se escuda en una norma franquista, la Ley de Secretos Oficiales, de 1968, para ocultar estos datos. Sin embargo, los juristas especializados en acceso a la informaci¨®n aseguran que el celo en proteger la seguridad del presidente no justifica la opacidad en el coste de sus desplazamientos.
En resumen, lo que plantean dos catedr¨¢ticos de Derecho consultados por EL PA?S es que una cosa es dar informaci¨®n sobre la composici¨®n o el dise?o del dispositivo de seguridad del presidente (cu¨¢ntos polic¨ªas le acompa?an, por ejemplo) y otra conocer el coste global de esos traslados o el motivo que lleva al presidente a visitar una determinada ciudad. ¡°Resulta coherente¡±, asegura Emilio Guichot, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universidad de Sevilla, "que se considere secreto oficial, como se hizo [en referencia a un viaje a Castell¨®n, durante el que el presidente acudi¨® a un concierto del festival de Benic¨¤ssim], la informaci¨®n sobre los movimientos y los planes de protecci¨®n porque, en efecto, pueden da?ar o poner en riesgo la seguridad y la defensa del Estado¡±.
Ese secreto, sin embargo, no cubre la factura p¨²blica total del viaje ¡°si se da en global y no desglosado¡±, puntualiza Guichot, ¡°de forma que no pueda extraerse informaci¨®n que pueda ser utilizada para poner en riesgo la seguridad¡±. Ser¨ªa el caso, por ejemplo, de informar sobre las jornadas de trabajo o las horas extra del personal de seguridad, porque con una sencilla divisi¨®n se podr¨ªa saber cu¨¢ntos agentes viajan con el presidente.
En contra de lo publicado en algunos medios de comunicaci¨®n, el viaje de S¨¢nchez a Castell¨®n no fue declarado secreto de forma espec¨ªfica (seg¨²n la ley de 1968, solo el Consejo de Ministros puede clasificar as¨ª una materia, y? no ha ocurrido). El Gobierno se ampara en un acuerdo ministerial de hace m¨¢s de treinta a?os (noviembre de 1986, durante la presidencia de Felipe Gonz¨¢lez) que, de forma gen¨¦rica, consider¨®, en virtud de la ley de 1968, secretos ¡°tanto los informes sobre movimientos de aeronaves militares como los planes de protecci¨®n de autoridades y pasajeros sometidas a la misma¡±.
¡°Es un problema de articulaci¨®n de dos regulaciones¡±, explica Juan Mestre, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Universidad de Valencia. ¡°Debe tener preferencia, en t¨¦rminos generales, la transparencia. Si no fuera as¨ª, todo lo que hace el presidente podr¨ªa ser considerado secreto, porque todo puede estar relacionado con su seguridad¡±. Mestre considera ¡°un desprop¨®sito¡± la declaraci¨®n gen¨¦rica y abstracta de todos los desplazamientos como secretos. ¡°Hay un gasto objetivo, que es cu¨¢nto cuesta fletar un avi¨®n, y no es ning¨²n problema de seguridad, vaya en ¨¦l el presidente o cualquier otra persona¡±, a?ade.
El Consejo de Transparencia y Buen Gobierno (CTBG) ha aplicado en varias de sus resoluciones ese criterio. Por ejemplo, cuando inst¨® al Ministerio del Interior a informar sobre el coste diario del alquiler de los barcos utilizados para el despliegue policial en Catalu?a por el refer¨¦ndum del 1 de octubre de 2017. El CTBG, el organismo p¨²blico especializado en transparencia, consider¨® que dar ese dato no implicaba acceder a informaci¨®n que pudiera afectar a la seguridad p¨²blica, que estar¨ªa considerada secreto oficial, m¨¢s cuando el operativo ya se hab¨ªa llevado a cabo.
Despu¨¦s de negar la informaci¨®n a varios medios de comunicaci¨®n, entre ellos EL PA?S, que solicit¨® en virtud de la ley de transparencia conocer el coste del viaje a Castell¨®n poco despu¨¦s de que se produjera, el Gobierno respondi¨® a un asesor del PP en el Ayuntamiento de Valencia, Luis Salom, con una cifra: 282,92 euros. Precis¨®, eso s¨ª, que se trataba ¨²nicamente del gasto en protocolo. En la agenda de S¨¢nchez de ese d¨ªa no figuraba la asistencia al concierto de The Killers, uno de sus grupos favoritos, en Benic¨¤ssim.
?@pablocasado_: ¡°Esta ma?ana el PP ha registrado la petici¨®n de comparecencia de la vicepresidenta del Gobierno para que d¨¦ cuentas de la opacidad del coste de los desplazamientos del Gobierno, en especial del presidente, ya que no lo hace a trav¨¦s del Portal de Transparencia¡±. pic.twitter.com/XQAVlb1XOx
— Partido Popular ?? (@populares) January 3, 2019
El CTBG se ha pronunciado en dos ocasiones sobre este pol¨¦mico viaje de S¨¢nchez, que se discutir¨¢ en el Congreso despu¨¦s de que el PP haya solicitado la comparecencia de la vicepresidenta, Carmen Calvo, para dar explicaciones en la comisi¨®n de Gastos Reservados. El PP lleva meses arremetiendo contra S¨¢nchez por este viaje, con distintas preguntas parlamentarias y declaraciones en medios de comunicaci¨®n, pero de los viajes de Mariano Rajoy tampoco se supo nada durante su mandato. Tambi¨¦n el PP se escud¨® en esta interpretaci¨®n de la Ley de Secretos Oficiales para no informar sobre ellos.
Ni el Gobierno de Rajoy ni el de S¨¢nchez han revisado ni la norma ni el acuerdo de Consejo de Ministerios, pese a que es su competencia, para poder adoptar decisiones m¨¢s favorables a la transparencia. El Ejecutivo del PSOE llevaba en el programa electoral "obligar a la rendici¨®n de cuentas de todos los cargos p¨²blicos" para conocer, entre otras cosas "viajes que realizan con dinero p¨²blico y su cometido".
En las resoluciones del CTBG, dictadas a instancias de peticiones de informaci¨®n de Servimedia y El Confidencial, el ¨®rgano que vela por la transparencia ha instado al Gobierno a dar la informaci¨®n sobre el coste global del viaje a Benic¨¤ssim. "Los gastos de viajes de los miembros del Gobierno constituyen informaci¨®n de car¨¢cter econ¨®mico y se nutren de partidas presupuestarias establecidas en los presupuestos generales del Estado; es pues dinero p¨²blico y su manejo y destino debe ser conocido por la ciudadan¨ªa¡±, asegura una de ellas. De momento, el Ejecutivo ha decidido ignorar ambas.
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