El fiscal jefe de Ourense reh¨²sa dejar la casa que la Xunta le pag¨® durante 12 a?os
En 2016 el Gobierno gallego rescindi¨® el acuerdo y lo notific¨® a todas las partes
El fiscal jefe de la Audiencia Provincial de Ourense, Florentino Delgado Ayuso, est¨¢ ocupando un piso de alquiler puesto a su disposici¨®n por la Xunta de Galicia en 2004 pero cuyo contrato ces¨® en 2016. Desde entonces nadie paga las mensualidades al propietario. Delgado se instal¨® en la vivienda al tomar posesi¨®n de la jefatura de la Fiscal¨ªa, despu¨¦s de que el Gobierno gallego firmara un contrato de arrendamiento con un particular. En 2016 la Xunta rescindi¨® el acuerdo y lo notific¨® a todas las partes. El fiscal, sin embargo, sigue all¨ª.
Pese a los requerimientos, el fiscal jefe no ha abandonado la vivienda cuyo alquiler nadie abona, lo que ha llevado al arrendador a presentar una demanda por impago contra el Gobierno gallego. Le reclama los atrasos y la devoluci¨®n de la propiedad. La vista est¨¢ fijada para el pr¨®ximo d¨ªa 22 aunque la Xunta ha pedido que no se celebre.
En el a?o 2004, cuando Florentino Delgado lleg¨® a Ourense procedente de Ciudad Real para hacerse cargo de la fiscal¨ªa de la Audiencia Provincial, ya se hab¨ªan suprimido las viviendas que presidentes y fiscales de audiencias provinciales ocuparon durante d¨¦cadas en las dependencias de los antiguos palacios de justicia. Solo se mantuvo la del Tribunal Superior de Xustiza de Galicia, en A Coru?a, que alberga a¨²n en la actualidad las viviendas del presidente y del fiscal superior.
Sin posibilidad de destinar piso a los cargos judiciales en el Palacio de Justicia de Ourense, la Xunta, presidida en 2004 por Manuel Fraga, puso a disposici¨®n del nuevo fiscal jefe un c¨¦ntrico piso, de unos 200 metros cuadrados y 950 euros mensuales de alquiler, que la Administraci¨®n auton¨®mica se comprometi¨® a financiar junto con el resto de gastos de la vivienda.
El Diario Oficial de Galicia del 10 de febrero de 2005 publica la resoluci¨®n, de diciembre de 2004, en la que se justifica el alquiler del piso por ¡°necesidades de servicio¡±. La pol¨ªtica de subvencionar el alquiler a los cargos judiciales se fue abandonando, de forma que en 2008 el erario p¨²blico gallego afrontaba solo los gastos de dos cargos judiciales: los de la entonces presidenta de la Audiencia Provincial de Lugo y los del fiscal jefe de Ourense. Y la Xunta, gobernada en esa ¨¦poca por el bipartito de PSOE y BNG, decidi¨® suprimir ambas partidas.
La Conseller¨ªa de Presidencia, a cuyo frente estaba el socialista Jos¨¦ Luis M¨¦ndez Romeu, explic¨® que la financiaci¨®n de esas viviendas supon¨ªa una situaci¨®n ¡°de privilegio¡± heredada que el nuevo Ejecutivo auton¨®mico consideraba ¡°contraria al inter¨¦s p¨²blico¡±. La Xunta notific¨® entonces a Delgado y al arrendador la decisi¨®n de rescindir el contrato de alquiler y ofreci¨® al fiscal jefe un plazo de tres meses para que negociase con el propietario las condiciones para quedarse buscase una nueva vivienda. ¡°Transcurrieron bastantes meses sin que nadie se hiciese cargo del alquiler y sin que el fiscal abandonase el piso¡±, explica a este peri¨®dico el abogado del propietario, pero la Xunta acab¨® ¡°poni¨¦ndose al d¨ªa en el pago de las mensualidades¡±.
¡°Acatar¨¦ la resoluci¨®n¡±
En 2009, con la llegada de Feij¨®o a la presidencia de Gobierno gallego, se mantiene la financiaci¨®n de la vivienda hasta que en junio de 2010 la Xunta anuncia de nuevo a Delgado que rescinde el contrato y deja de pagar las mensualidades. Tras una reclamaci¨®n presentada por el arrendador en enero de 2011, la Consejer¨ªa de Hacienda le reconoce su derecho al cobro de la renta as¨ª como de ¡°los gastos del consumo de agua, recogida de basura y suministro de energ¨ªa el¨¦ctrica y calefacci¨®n¡± y se pone de nuevo al d¨ªa en los pagos.
La Xunta ha confirmado a este diario que en 2016 resolvi¨® el contrato y dej¨® de abonar el alquiler y que desde ese momento ¡°ya no es titular del contrato¡±. El Gobierno gallego rechaza, no obstante, explicar las razones por las que ha estado pagando m¨¢s de una d¨¦cada los gastos generados por la vivienda, as¨ª como por qu¨¦ ha dejado ahora de hacerlo. El arrendador considera ¡°extra?o¡± que durante estos tres a?os en los que la Xunta se declara ajena al contrato no se hayan suprimido los servicios de luz, calefacci¨®n y agua.
El fiscal jefe ha rechazado el ofrecimiento de este peri¨®dico para explicar la situaci¨®n apelando a la demanda judicial en curso. ¡°Es una cuesti¨®n que ahora mismo est¨¢ sub iudice y, en cualquier caso, se acatar¨¢ la resoluci¨®n judicial que se dicte¡±, sostiene. Delgado afronta el ¨²ltimo a?o de su tercera etapa en el cargo. Miembro de la Asociaci¨®n de Fiscales, opt¨® en 2015 al puesto de fiscal jefe de Galicia pero no lo logr¨®.
?FE DE ERRORES. En una primera versi¨®n de esta informaci¨®n se afirmaba por error que Florentino Delgado es miembro de la Asociaci¨®n Profesional e Independiente de Fiscales (APIF), cuando en realidad pertenece a la Asociaci¨®n de Fiscales.
Nueve a?os intentando el desalojo
Entre la documentaci¨®n aportada a la causa sobre la vivienda de Florentino Delgado figura un requerimiento de la Xunta remitido al fiscal jefe de Ourense en junio de 2016 para que desaloje el piso y entregue las llaves. En este documento se le recuerda a Delgado que ya fue requerido por escrito en febrero de 2010, cuando se le anunci¨® la intenci¨®n de resolver el contrato de alquiler del piso sin que ¡°se haya producido el necesario desalojo¡±.
Explica la Xunta en ese escrito que puso la vivienda a disposici¨®n del fiscal jefe de Ourense ¡°con ocasi¨®n de ciertas pol¨ªticas de fomento en materia judicial basadas en la oportunidad e inter¨¦s p¨²blico del momento¡±. No obstante, puntualiza que hab¨ªa un plazo l¨ªmite ¡°superado con creces¡±.
Socorro Mart¨ªn Hierro, secretaria general t¨¦cnica de Patrimonio de la Consejer¨ªa de Hacienda, firma ese documento anunciando al fiscal que si no atiende al requerimiento propondr¨¢ la ¡°incoaci¨®n de expedientes administrativos y acciones judiciales a que hubiera lugar¡±, incluyendo el ¡°resarcimiento por los da?os y p¨¦rdidas por el tiempo en indebida ocupaci¨®n¡±.
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