La Justicia autoriza una protesta de funcionarios de prisiones ante el Supremo al inicio del juicio del ¡®proc¨¦s¡¯
El Tribunal Superior de Madrid anula la decisi¨®n de la Delegaci¨®n del Gobierno de trasladar la protestaa una calle cercana al alto tribunal
Trabajo extra para los polic¨ªas que, a partir de este martes, blindar¨¢n la sede del Tribunal Supremo durante el juicio contra los l¨ªderes secesionistas catalanes. Centenares de funcionarios de prisiones?convocados por los sindicatos ACAIP, CSIF y UGT se manifestar¨¢n a partir del mediod¨ªa en la Plaza de Par¨ªs, en Madrid, sede del alto tribunal despu¨¦s de que el Tribunal Superior de Justicia de Madrid haya anulado este lunes la resoluci¨®n de la Delegaci¨®n del Gobierno que prohib¨ªa su protesta en este lugar y ordenaba su traslado a otro emplazamiento. Los cuatro magistrados de la Secci¨®n d¨¦cima de la Sala de lo Contencioso Administrativo han considerado que esta decisi¨®n vulnera el derecho de reuni¨®n amparado por el art¨ªculo 21 de la Constituci¨®n y autoriza que la protesta se desarrolle en el lugar planteado por los representantes de los trabajadores penitenciarios.
La autorizaci¨®n para celebrar la concentraci¨®n fue presentada el pasado 1 de febrero por los tres sindicatos convocantes concretando que se celebrar¨ªa justo enfrente de la entrada principal del Supremo. Los convocantes se?alaban que la protesta se iniciar¨ªa a la una de la tarde y tendr¨ªa una duraci¨®n de dos horas y media. Tambi¨¦n se?alaban que esperaban reunir a medio millar de trabajadores penitenciarios. En la documentaci¨®n entregada, los representantes sindicales concretaban que el objetivo de la protesta era exigir al Ministerio del Interior que retome las negociaciones sobre la equiparaci¨®n salarial, rotas hace meses.
La Delegaci¨®n del Gobierno tom¨® el 5 de febrero conocimiento de la protesta --y, por tanto, la autorizaba de modo impl¨ªcito-, aunque la recepci¨®n tres d¨ªas m¨¢s tardes de un informe de la Direcci¨®n General de la Polic¨ªa le hizo cambiar de opini¨®n. Este documento desaconsejaba la celebraci¨®n de la protesta precisamente por el inicio del juicio del proc¨¦s. Los responsables policiales destacaban que la celebraci¨®n de la vista hab¨ªa aconsejado catalogar como ¡°zonas de m¨¢ximo riesgo¡± todo el per¨ªmetro entorno del Tribunal Supremo "con el fin de evitar cualquier alteraci¨®n del orden p¨²blico que no permita el normal desarrollo de dicho juicio". En concreto apuntaban a la "posibilidad de enfrentamientos entre grupos de distinto signo", al riesgo de tener que suspender las sesiones "si los niveles de ruido alcanzan en el exterior el l¨ªmite de lo tolerable" y a la posibilidad de que todo ello conculcase "las condiciones de concentraci¨®n, reflexi¨®n y silencio que requiere un juicio, sobre todo en el caso del cr¨ªtico trabajo que desarrollan en el mismo tanto magistrados como fiscales, abogados y personal judicial".
Por todo ello, el delegado del Gobierno en Madrid, Jos¨¦ Manuel Rodr¨ªguez Uribes, orden¨® el mismo 8 de febrero dar marcha atr¨¢s en su decisi¨®n de autorizar la convocatoria y orden¨® el cambio del lugar de la protesta, que pasaba al cercano Paseo de Recoletos. La decisi¨®n no alteraba, sin embargo, la hora de inicio y la duraci¨®n de la misma. La resoluci¨®n esgrim¨ªa el informe policial para justificar su decisi¨®n de que la concentraci¨®n no se celebrara "dentro del per¨ªmetro de seguridad establecido en torno a la sede del Tribunal Supremo". Tambi¨¦n recordaba a los organizadores y participantes que deber¨ªan seguir en todo momento "las indicaciones de los responsables de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad dirigidas a ordenar el normal desarrollo de la misma".
La decisi¨®n del delegado del Gobierno fue recurrida al d¨ªa siguiente ante el Tribunal Superior de Justicia de Madrid por los tres sindicatos. Sus representantes legales alegaban una vulneraci¨®n del derecho fundamental de reuni¨®n y a?ad¨ªan que el cambio de emplazamiento de la protesta la vaciaba de su "contenido sustancial". Es a este recurso al que los cuatro magistrados han dado ahora la raz¨®n y autorizado una concentraci¨®n que, seg¨²n avanzan fuentes policiales, preocupa a los responsables de seguridad del juicio.
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