La Fiscal¨ªa no ve delito en las bajas masivas de funcionarios de prisiones

La decisi¨®n del Ministerio del Interior de denunciar las bajas masivas de funcionarios de prisiones en 11 c¨¢rceles durante la semana previa a las pasadas Navidades ha recibido un primer jarro de agua fr¨ªa. La Fiscal¨ªa de Zaragoza ha comunicado a Instituciones Penitenciarias que en la actuaci¨®n de los cerca de cien trabajadores que durante aquellos d¨ªas no acudieron a sus puestos de trabajo en una de estas prisiones, el Centro Penitenciario de Zuera, no hay indicios de delito y que, por tanto, archiva las diligencias de investigaci¨®n abiertas, seg¨²n se refleja en su resoluci¨®n a la que ha tenido acceso EL PA?S. El resto de fiscal¨ªas provinciales que recibieron denuncias a¨²n no se han pronunciado, seg¨²n fuentes penitenciarias y sindicales consultadas.

En total, del departamento de Fernando Grande-Marlaska pidi¨® el pasado 22 de diciembre investigar a m¨¢s de un millar de funcionarios de prisiones a los que acusaba de?¡°un abandono colectivo del servicio¡±, castigado en el art¨ªculo 409 del C¨®digo Penal con pena de multa. Consideraba que el n¨²mero de bajas por motivos m¨¦dicos que se presentaron entonces era "inusual" y que la avalancha de ausencias hab¨ªa generado ¡°problemas muy graves¡± en, al menos, 11 prisiones. Para ello, remiti¨® a la Fiscal¨ªa una relaci¨®n nominal de todos los trabajadores que se hab¨ªan ausentado aquellos d¨ªas.

Instituciones Penitenciarias tambi¨¦n pidi¨® que se actuara contra los dirigentes sindicales que, a trav¨¦s de un comunicado hecho p¨²blico un mes antes, hab¨ªan planteado iniciar el 14 de diciembre "una semana de la salud". Interior consider¨® este texto era un llamamiento a "una huelga encubierta". En aquel momento, el enfrentamiento entre el ministerio y los funcionarios de prisiones viv¨ªa sus momentos de mayor tensi¨®n con manifestaciones multitudinarias tras la ruptura dos meses antes de las negociaciones abiertas para la equiparaci¨®n salarial que reclamaban.

Ahora la fiscal¨ªa considera que de la lectura de aquel comunicado de los sindicatos "no se desprende la incitaci¨®n a los trabajadores para que abandonen su servicio alegando motivos de salud", sino simplemente una informaci¨®n sobre "las medidas que van a adoptar para defender sus reivindicaciones". Por tanto, concluye que los dirigentes sindicales no promovieron, dirigieron ni organizaron "un abandono colectivo y manifiestamente ilegal de un servicio p¨²blico".

Sobre la actitud individual de los funcionarios, la resoluci¨®n de archivo se?ala que se desconoce si estaban o no justificadas sus ausencias por motivos de salud, adem¨¢s de recalcar que Interior tampoco ha aportado pruebas sobre "el grave perjuicio" que las bajas supuestamente provocaron en la c¨¢rcel de Zuera. Por todo ello, la Fiscal¨ªa concluye que los hechos denunciados por Interior "no revisten caracteres de un delito ni que se pueda exigir responsabilidades penales". No obstante, deja abierta la puerta a que Instituciones Penitenciaria realice una "investigaci¨®n interna a efectos administrativos o disciplinarios".

El aluvi¨®n de bajas se inici¨® de manera t¨ªmida el 14 de diciembre, aunque se hizo especialmente intenso tres d¨ªas despu¨¦s, seg¨²n las cifras que manej¨® entonces Prisiones. A lo largo de siete d¨ªas, 35 de las 70 prisiones dependientes de Interior ¡ªCatalu?a tiene transferidas las competencias en materia penitenciaria¡ª vieron c¨®mo decenas de los funcionarios de los servicios de vigilancia no acud¨ªan a trabajar tras alegar enfermedad. La falta de trabajadores llev¨® a los directores de las c¨¢rceles m¨¢s afectadas a obligar a los funcionarios que terminaban su turno a continuar trabajando para garantizar la seguridad del recinto. Los sindicatos denunciaron que en algunos casos llegaron a hacer m¨¢s de 48 horas de servicio continuado.?

Finalmente, de todas las c¨¢rceles afectadas por las bajas masivas, Interior dio instrucciones a los directores de las c¨¢rceles de Puerto I y Puerto III (ambas en C¨¢diz), Albolote (Granada), Picassent (Valencia), Villena y Fontcalent (las dos en Alicante), Campos del R¨ªo (Murcia), A Lama (Pontevedra) Due?as (Palencia) y las zaragozanas de Zuera y Daroca, para que presentaran denuncias ante la Fiscal¨ªa. Seg¨²n fuentes penitenciarias, finalmente lo hicieron diez, entre ellas la de Zuera, que es la que acaba de ser archivada.