El ¨²ltimo (y surrealista) trabajo de Unipost

Fue uno de los ¨²ltimos trabajos de envergadura de Unipost antes de encaminarse a la quiebra. Fue, tal vez, su ¨²ltima oportunidad para esquivarla. Pero todo se torci¨®. La Generalitat hab¨ªa encargado a la empresa de mensajer¨ªa el reparto de 5,3 millones de tarjetas censales y de 56.000 cartas certificadas para el refer¨¦ndum independentista ilegal del 1-O. Un mill¨®n de euros en juego. Pero ni lleg¨® todo el material esperado ni pudo empezarse a repartir: el 19 de septiembre de 2017, la Guardia Civil registr¨® el almac¨¦n de Unipost en Terrassa (Barcelona) y dej¨® a la empresa sin cobrar y con unas cuantas explicaciones que dar ante la justicia.

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Descubiertas las papeletas para el 1-O, los responsables de Unipost han tratado de desmarcarse del encargo. Tres exempleados han afirmado este lunes, durante la sesi¨®n del juicio del proc¨¦s, que ni siquiera conoc¨ªan el contenido de los sobres y las tarjetas depositados en Terrassa. Albert Planas, que era jefe de producci¨®n para Catalu?a, ha dicho que sab¨ªa que era "un env¨ªo de la Generalitat", pero que no lo vincul¨® al refer¨¦ndum hasta que la secretaria judicial abri¨®, delante de ¨¦l, algunos de los sobres.

"Solo s¨¦ que llevaban el logotipo de la Generalitat", ha a?adido Francisco Fuentes, jefe de operaciones de Catalu?a. Ambos testigos han subrayado que el cliente ¡ªel Gobierno catal¨¢n¡ª no dio ninguna orden de trabajo ni facilit¨® albar¨¢n alguno. De modo que el material qued¨® "retenido". "No se env¨ªa ni se factura nada sin orden de trabajo", ha dicho Planas. Y entonces, ?por qu¨¦ se acept¨® el material? "La Generalitat era cliente nuestro. Si viene un cliente de esa envergadura y se le olvida el albar¨¢n...", ha justificado Fuentes, que ha admitido la dif¨ªcil situaci¨®n financiera de la empresa, ya entonces en concurso de acreedores con una deuda cercana a los 50 millones de euros.

En su escrito de acusaci¨®n, la Fiscal¨ªa admite que el material no se envi¨® y atribuye el m¨¦rito a la Guardia Civil, que se incaut¨® en Terrassa de m¨¢s de 43.000 tarjetas censales y m¨¢s de 1.800 cartas certificadas. Tambi¨¦n asume la Fiscal¨ªa que el encargo no se cobr¨®. "No constan como abonadas puesto que la Generalitat ha rechazado el pago". Y sin embargo, insiste en que el encargo ¡ªpor valor de 979.661 euros¡ª constituye en s¨ª mismo un delito de malversaci¨®n porque "el gasto estaba comprometido y acordado". Los gastos se dividieron, "para su ocultaci¨®n", entre cinco departamentos de la Generalitat, tres de ellos dirigidos por los procesados: Vicepresidencia (Oriol Junqueras), Presidencia (Jordi Turull) y Trabajo (Dolors Bassa). La administradora concursal de Unipost, sin embargo, comunic¨® al juez de Barcelona que indaga los preparativos de la consulta que las cinco facturas se anularon de inmediato y no ser¨¢n "objeto de reclamaci¨®n", una afirmaci¨®n a la que se acogen las defensas.

Pero nada de eso saben ni sab¨ªan los responsables de Unipost, seg¨²n su declaraci¨®n, plagada de explicaciones curiosas. El material, por ejemplo, estaba inicialmente en la sede central, en L'Hospitalet, pero fue trasladado a Terrassa. "La decisi¨®n fue idea m¨ªa. En la sede, estaban en una especie de pasillo. Est¨¢bamos en concurso de acreedores, la gente estaba nerviosa y hab¨ªa comentarios en prensa sobre si la Generalitat va a enviar no s¨¦ qu¨¦ y lo van a dar a Unipost y eso va a generar un problema... Hubo alg¨²n enfrentamiento entre empleados. Y adem¨¢s los pal¨¦s estaban al lado de la m¨¢quina de caf¨¦", ha explicado Fuentes.

De modo que el jefe de operaciones se puso manos a la obra. Dos transportistas le pasaron los pal¨¦s "desde una furgoneta blanca" aparcada junto al bar Batll¨® ¡ªa escasos 500 metros de la sede central¡ª y ¨¦l mismo los llev¨® a Terrassa con una furgoneta de Unipost. "?No le parece un poco extra?o?", le pregunt¨® la fiscal Consuelo Madrigal. El testigo admiti¨® que no es la forma m¨¢s normal de trabajar. Tambi¨¦n relat¨® Fuentes la llamada de un tal "Toni" ¡ªno pudo o no quiso recordar su apellido¡ª la tarde del 18 de septiembre, v¨ªspera de la intervenci¨®n de la Guardia Civil. Dijo hablar "en nombre de la Generalitat". "Me llam¨® ese se?or dici¨¦ndome que la remesa no se iba a repartir y que vendr¨ªan a recogerla". La fiscal se mostr¨®, de nuevo, sorprendida.

La Generalitat, cliente 'vip'

"No est¨¢bamos en disposici¨®n de decirle a un cliente de ese volumen de facturaci¨®n que no le atendemos, pero siempre dentro de un orden", ha dicho Fuentes para justificar la actuaci¨®n de Unipost, que ya fue la encargada de repartir el material electoral para la consulta sobre la independencia organizada por el expresident Artur Mas ¡ªaquella, no vinculante¡ª el 9 de noviembre de 2014.

Entre confusiones y explicaciones extra?as, las defensas han eludido el debate central sobre el gasto con los testigos. Se han centrado, en cambio, en denunciar las presuntas irregularidades en la actuaci¨®n de la Guardia Civil durante el registro del 19 de septiembre. Los testigos han explicado que cedieron voluntariamente ¡ªprevia petici¨®n de los agentes¡ª tel¨¦fonos, ordenadores y hasta el clonado de sus discos duros. "Cuando nos informaron de los derechos, ya lo hab¨ªamos cedido", ha dicho Planas. Los letrados tambi¨¦n han preguntado por la orden de registro. "Nos dijeron que no hac¨ªa falta, que eso era una empresa... Y siguieron", ha explicado Fuentes.

Los fiscales, por su parte, incidieron en la concentraci¨®n de unas 300 personas frente a la sede de Terrassa que impidi¨® a la comitiva judicial entrar "durante dos horas y media". Lo consideran un preludio de lo que ocurri¨® al d¨ªa siguiente, 20-S, frente al Departamento de Econom¨ªa y que forma parte del n¨²cleo de la acusaci¨®n por rebeli¨®n.