El lastre de los testigos-investigados

Hay testigos que pasan sin pena ni gloria por el juicio del proc¨¦s porque poco pueden (o quieren) aportar. Son como esos pistachos que, al abrirlos, est¨¢n vac¨ªos. Apenas han dicho si est¨¢n casados o solteros y en qu¨¦ trabajan cuando Manuel Marchena ya les invita a recoger su DNI y marcharse. Pero hay otros que no solo no suman sino que restan, convertidos en un lastre para la fiscal¨ªa, para las defensas y para el buen funcionamiento del proceso. Son testigos fantasma: han sido citados a declarar, pero no declaran porque se les investiga en otra causa sobre los mismos hechos. Y la ley les permite guardar silencio.

M¨¢s de 500 testigos deben desfilar por el Tribunal Supremo en el proceso contra los l¨ªderes independentistas. Estos d¨ªas, el tribunal escucha a los que solicit¨® la Fiscal¨ªa. Se supone que pueden aportar datos que apuntalen las tesis de la acusaci¨®n. Pero algunos de ellos ostentan la condici¨®n de investigados; la mayor¨ªa, en la causa abierta por el juzgado de instrucci¨®n n¨²mero 13 de Barcelona sobre los preparativos del 1-O.

Esos testigos-investigados est¨¢n, como recuerda Marchena, en una situaci¨®n procesal ¡°intermedia¡±. Son h¨ªbridos en un limbo jur¨ªdico. Como testigos, deben decir verdad (o prometer / jurar que lo hacen). Como investigados, pueden rechazar las preguntas que les incriminen, e incluso no contestar a ninguna. Esta ¨²ltima v¨ªa es la que han escogido casi todos ellos, con dos notables excepciones: el comisario de los Mossos Emili Quevedo y el secretario general del Diplocat Albert Royo.

El problema de esos silencios forzados es que las acusaciones (y en especial la Fiscal¨ªa, que les ha propuesto) pierden fuentes de prueba. Y las defensas, la oportunidad de darle la vuelta a la tortilla y usar a esos testigos en descargo de sus clientes. ¡°La Fiscal¨ªa se ha pegado un tiro en el pie al solicitar la imputaci¨®n de esas personas en el juzgado 13, sin considerar que podr¨ªan serles m¨¢s ¨²tiles como testigos¡±, se?alan fuentes judiciales. En el fondo del conflicto subyace, una vez m¨¢s, la multiplicaci¨®n de procesos penales que ha originado el proc¨¦s.

Esos testigos h¨ªbridos, perdidos ya para el juicio, eran relevantes. Sobre todo, para aclarar el delito de malversaci¨®n. Entre ellos hay altos cargos de la Generalitat como Amadeu Altajaf, exdelegado del Govern en la UE. Algo podr¨ªa haber aportado Altajaf sobre los gastos de la diplomacia catalana, pero opt¨® por un prudente silencio en defensa de sus intereses. Tambi¨¦n hay empresarios, caso de Pablo Ravent¨®s. El due?o de Unipost -la empresa a la que la Generalitat encarg¨® la distribuci¨®n de papeletas para el refer¨¦ndum- no habl¨® pese a que tres de sus subordinados s¨ª lo hicieron.

Acompa?ados por sus abogados o solos, han pasado a velocidad de v¨¦rtigo por la sala de plenos. Esa din¨¢mica seguir¨¢ este jueves con la citaci¨®n de otros cuatro testigos-investigados, pesos pesados del proc¨¦s: Antoni Molons (secretario de Difusi¨®n, supuestamente el ¡°tal Toni¡± que encargaba trabajos para el 1-O); Santiago Vidal (autor de un borrador de Constituci¨®n catalana); Carles Viver Pi i Sunyer (el arquitecto jur¨ªdico del proc¨¦s) y Josep Maria Jov¨¦ (mano derecha de Oriol Junqueras y cuyos documentos son prueba de cargo).

La irrupci¨®n de esos testigos genera otra dificultad: no se pueden someter a contradicci¨®n algunos relatos. Esto qued¨® ayer en evidencia. El fiscal Jaime Moreno record¨® a un cargo de la Generalitat que la presidenta del ente que aglutina a TV-3 y Catalunya R¨¤dio le hab¨ªa atribuido la petici¨®n de emitir unos anuncios del 1-O. N¨²ria Llorach lo hab¨ªa dicho, s¨ª, pero ante Pablo Llarena, porque en el juicio del proc¨¦s ha callado ¡°por consejo¡± de su abogado. El di¨¢logo Moreno-Marchena resulta revelador: ¡°No puedo pregunt¨¢rselo a ella porque se neg¨® a declarar al estar investigada¡±, dice el fiscal. ¡°?se es el problema¡±, contest¨® el presidente, ¡°que no podemos sustituir su declaraci¨®n¡±.