El Supremo ratifica la condena de siete a?os para el exalcalde de Santa Cruz de Tenerife, Miguel Zerolo

El Tribunal Supremo ha ratificado la condena de siete a?os de c¨¢rcel que impuso la Audiencia Provincial de Santa Cruz de Tenerife al exalcalde de Santa Cruz de Tenerife y exsenador de CC, Miguel Zerolo, por los delitos de malversaci¨®n de caudales p¨²blicos y prevaricaci¨®n, por la operaci¨®n de compraventa del frente de la playa de Las Teresitas. Tambi¨¦n se mantiene la misma pena de siete a?os de c¨¢rcel para el exconcejal de Urbanismo, Manuel Parejo; cuatro a?os y seis meses para el exsecretario de la Gerencia de Urbanismo, V¨ªctor Reyes; otros cuatro a?os para el exgerente de Urbanismo, Jos¨¦ Tom¨¢s Mart¨ªn y cinco a?os y tres meses de prisi¨®n a los empresarios Antonio Plasencia e Ignacio Gonz¨¢lez, cooperadores necesarios para los dos delitos. Adem¨¢s, el Alto Tribunal tambi¨¦n mantiene las penas de inhabilitaci¨®n especial para cargo y empleo p¨²blico de ocho a?os y nueve meses para Zerolo y Parejo; siete a?os para los dos empresarios y ocho a?os y siete a?os y medio para V¨ªctor Reyes y Jos¨¦ Tom¨¢s Mart¨ªn, respectivamente.

?Las conclusiones del caso se basan en la existencia de un entramado corrupto para beneficiarse de la plusval¨ªa de terrenos de titularidad p¨²blica, ya que el Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife pag¨® a la empresa Inversiones Las Teresitas m¨¢s de 52 millones de euros por 11 parcelas del frente de playa, una cantidad que, seg¨²n la arquitecta municipal P¨ªa Oramas, superaba en 30 millones el valor real de dicho suelo.

Seg¨²n informa el Supremo, la sentencia confirma la "connivencia y cooperaci¨®n" de los condenados en la alteraci¨®n del precio de los terrenos, con perjuicio a las arcas municipales y que suponen un delito de malversaci¨®n y prevaricaci¨®n, ya que se dictaron resoluciones "a sabiendas de su injusticia para conseguir el fin pretendido". De hecho, expone que el gasto necesario para la compra hizo necesario aprobar una modificaci¨®n y ampliaci¨®n del presupuesto municipal para hacer frente a la compra de los terrenos. La sentencia da por cerrado el caso --aunque queda la posibilidad de que los condenados soliciten amparo ante el Constitucional-- y abre definitivamente la v¨ªa civil para que el Ayuntamiento pueda solicitar la devoluci¨®n del dinero, 52,8 millones m¨¢s intereses, con lo que cifra final ronda los 100 millones.