El fiscal recurre el auto de la jueza que rechazaba archivar la causa contra Camps y la F-1

El fiscal del caso que investiga al expresidente valenciano Francisco Camps por las presuntas irregularidades en la construcci¨®n del circuito de F¨®rmula 1 en? Valencia insiste en sus argumentos para archivar la causa. En un recurso presentado hoy al auto que emiti¨® la pasada la jueza del caso vuelve a pedir el archivo al no observar delito alguno o en su caso estar prescritos. La titular del Juzgado de Instrucci¨®n n¨²mero 17 de Valencia, Carmen Garc¨ªa Mingo, rechazaba en su auto el sobreseimiento y calificaba de "poco seria" la actuaci¨®n de la fiscal¨ªa en la causa contra el expresidente.

Ahora, el fiscal anticorrupci¨®n insiste en que no existe indicio alguno de que Camps instase a las contrataciones necesarias para la construcci¨®n del circuito "con abuso de poder o amparadas en el uso ileg¨ªtimo del mismo" (prevaricaci¨®n) ni tampoco de que pudiese haber incurrido en malversaci¨®n, mucho menos en su modalidad agravada, que ser¨ªa la ¨²nica que impedir¨ªa la prescripci¨®n.

"Decir que el circuito cost¨® 85 millones de euros y que dijo el presidente que no iba a costar un euro (...) no integra ning¨²n delito, como tampoco que la construcci¨®n del circuito haya supuesto un coste para las arcas de la Generalitat, pues lo que integra el tipo (malversaci¨®n) es apropiarse o consentir que otro se apropie de los efectos y caudales, y es p¨²blico y notorio que el circuito se realiz¨® y que los grandes premios se celebraron", a?ade el fiscal.

En un escrito que se conoci¨® el pasado jueves, la jueza rechaz¨® la tesis de la prescripci¨®n y acus¨® a varios responsables de la Fiscal¨ªa de haber hecho caso omiso a las indicaciones de sus superiores para que avanzasen en la instrucci¨®n de la causa, as¨ª como de haber seguido adelante con una querella contra doce personas sin pedir antes determinados informes.

A juicio del Ministerio P¨²blico, la instructora "no da debida respuesta a una cuesti¨®n nuclear, y que debe ser apreciada de oficio en cualquier estado de la causa", como es la prescripci¨®n de parte de los hechos que son objeto de la investigaci¨®n.

En este sentido, menciona "la sobrecarga de juzgados y tribunales y el coste humano y para el erario p¨²blico de proseguir con procedimientos penales cuando los hechos indiciariamente delictivos est¨¢n prescritos".

Recuerda que la investigaci¨®n qued¨® ce?ida a tres contratos adjudicados a la UTE Typsa-Ayesa por parte de la Generalitat y al testimonio de un trabajador de una de estas firmas, que dijo que hab¨ªa trabajado en el proyecto antes de su adjudicaci¨®n.

Sin embargo, el fiscal entiende que solo uno de estos contratos, por el que en junio de 2007 se abonaron 184.320 euros, se realiz¨® antes del Decreto de Presidencia del 26 de marzo de ese mismo a?o que supon¨ªa el inicio administrativo de las gestiones para la realizaci¨®n del circuito.

Esa cantidad, en caso de haber sido malversada, no permitir¨ªa aplicar la modalidad de delito agravado, apunta el fiscal, que recuerda que "est¨¢n proscritas las investigaciones generales o prospectivas", m¨¢s a¨²n cuando no se sustentan en ning¨²n dato, como el aportado por el trabajador de la UTE.

En el escrito en el que rechazaba el sobreseimiento, la instructora entend¨ªa que el informe de la Intervenci¨®n de la Generalitat -que conclu¨ªa que no hab¨ªa habido perjuicio econ¨®mico directo para esta Administraci¨®n- no implicaba que no se hubiese podido producir un delito de malversaci¨®n.

En respuesta a esta posici¨®n, el fiscal lamenta que no exista "mayor razonamiento" para "apartarse de la conclusi¨®n que informa la pericial" y que "tal valoraci¨®n deber¨ªa hacerse siguiendo las reglas de la sana cr¨ªtica y expresando las razones que determinan la aceptaci¨®n o no de las conclusiones".