El juez libra de la c¨¢rcel a Ricardo Costa por ayudar a destapar la caja b del PP

Ricardo Costa, el que fuera n¨²mero dos del expresidente valenciano Francisco Camps, no entrar¨¢ finalmente en prisi¨®n para cumplir los cuatro a?os a los que fue condenado en 2018 por el caso G¨¹rtel. El juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ Mar¨ªa V¨¢zquez Honrubia ha suspendido su encarcelamiento a cambio de 365 jornadas de trabajo comunitario y una multa. El magistrado destaca la ¡°excepcional¡± ayuda de Costa para destapar ¡°la financiaci¨®n ilegal del PP¡± y espera que la medida fomente la colaboraci¨®n de otros para ¡°atajar la lacra de la corrupci¨®n¡±.

Ricardo Costa, hermano de un exministro de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, fue condenado hace ahora un a?o por tres delitos electorales y otro continuado de falsedad documental a cuatro a?os de c¨¢rcel y una multa de 75.000 euros por la financiaci¨®n irregular de las campa?as electorales del PP valenciano de 2007 y 2008. Entonces, el juez V¨¢zquez Honrubia ya tuvo en cuenta su colaboraci¨®n para aplicarle un atenuante al fijar su pena. El exdirigente popular no recurri¨® el fallo y est¨¦ pas¨® a ser firme, pero se aplaz¨® cualquier decisi¨®n sobre su ingreso en prisi¨®n ¡ªla defensa de Costa planteaba que no deb¨ªa entrar en la c¨¢rcel porque ninguna de las penas de los cuatro delitos por los que hab¨ªa sido condenado superaba los dos a?os¡ª a la espera de que el Tribunal Supremo decidiera sobre los recursos presentados por otros condenados.

El pasado 1 de febrero, d¨ªas antes de que abonara los 75.000 euros de la multa a la que hab¨ªa sido condenado, el exdirigente del PP present¨® un escrito en la Audiencia Nacional en la que solicitaba sustituir la ejecuci¨®n de la pena por otra multa o, en su defecto, suspenderla. La Fiscal¨ªa rechaz¨® la primera propuesta, pero respald¨® la segunda a cambio de que fuera acompa?ada por el abono de una multa y la realizaci¨®n de trabajos comunitarios.El juez dio el 27 de marzo la raz¨®n a Anticorrupci¨®n y dict¨® el auto en el que acordaba suspender la pena a cambio de que Costa abonase 192.000 euros ¡ªlos pag¨® el pasado 5 de junio¡ª y realizase 365 jornadas de trabajo comunitario no retribuidas repartidas a lo largo de cuatro a?os. Tambi¨¦n impuso al exdirigente del PP la obligaci¨®n de fijar un domicilio, as¨ª como la condici¨®n de ¡°no cometer ning¨²n delito durante el tiempo de la suspensi¨®n¡±.

El magistrado recalca que en su decisi¨®n ha tenido en cuenta que ¡°Ricardo Costa ha seguido colaborando con fiscal¨ªa y ¨®rganos judiciales cuando menos en tres procedimientos de an¨¢loga significaci¨®n delictiva¡± al que fue condenado. Se?ala en concreto los casos Formula 1 (en el que se investiga la construcci¨®n de circuito de Valencia y por el que ha sido procesado recientemente Camps), Valmor (por las irregularidades en la celebraci¨®n de cinco grandes premios de automovilismo) e Imelsa (por la trama de corrupci¨®n entorno a una empresa p¨²blica valenciana).

V¨¢zquez Honrubia a?ade que tambi¨¦n ha valorado que Costa haya declarado en cuatro ocasiones, entre marzo y junio de 2018, ante Anticorrupci¨®n para aportar nuevos datos, y que haya comparecido en la comisi¨®n de investigaci¨®n del Congreso sobre la caja b del PP. Finalmente, pone en valor la declaraci¨®n que el pol¨ªtico valenciano hizo en julio de 2018 ante el juez de la Audiencia Nacional Jos¨¦ de la Mata, instructor del caso de los papeles de B¨¢rcenas. Sobre esta ¨²ltima, el auto recalca que el testimonio de Costa ha permitido ¡°reordenar y ampliar la investigaci¨®n¡±. ¡°Esta relevante y continuada colaboraci¨®n efectiva con la Justicia puede y debe enmarcarse en el principio esencial de reparaci¨®n del da?o¡±, destaca el magistrado que considera que Costa, con su actitud, ¡°se ha sometido plenamente a la Ley y al Derecho tras la comisi¨®n del delito¡±.

No obstante, V¨¢zquez Honrubia cree imprescindible que la suspensi¨®n de la condena se vea condicionada al pago de una nueva multa y la realizaci¨®n de trabajos comunitarios para evitar que el no ingreso en prisi¨®n pueda ¡°trasladar al condenado una indeseable sensaci¨®n de impunidad¡±. En este sentido, recuerda que sus delitos provocaron ¡°alarma social¡± y, en el caso de los electorales, ¡°afect¨® a intereses generales constitucionalmente protegidos¡±.