Los encuestados por el CIS desconf¨ªan de la independencia de los jueces y reclaman penas m¨¢s duras

Los espa?oles desconf¨ªan mayoritariamente de la independencia de los jueces y tribunales, y consideran que las penas aplicadas a los delincuentes son muy blandas, seg¨²n el ¨²ltimo bar¨®metro del Centro de Investigaciones Sociol¨®gicas?(CIS), publicado este martes y que incorpora una encuesta sobre la administraci¨®n de justicia. Seg¨²n el organismo dirigido por Jos¨¦ F¨¦lix Tezanos, el 50,8% de los encuestados valora como "bastante bajo" (33%) o "muy bajo" (17,8%) el grado de independencia de los magistrados espa?oles. Este porcentaje de descontentos es levemente menor en el caso del Tribunal Supremo, un 42%. El trabajo de campo se efectu¨® el pasado 11 de julio, un mes despu¨¦s de terminado el juicio del proc¨¦s y tres semanas despu¨¦s de que el alto tribunal elevara las condenas por violaci¨®n a los cinco miembros de La Manada.

Esta visi¨®n sumamente cr¨ªtica de los tribunales por parte de los entrevistados se complementa con un notable desconocimiento del funcionamiento de las instituciones judiciales: un 47,7% de los encuestados reconoce no tener noticia de la existencia del Consejo General del Poder Judicial?(CGPJ).?Este porcentaje de ignorancia sobre el ¨®rgano de gobierno de los jueces se eleva al 62,3% en el caso de los j¨®venes de entre 18 y 24 a?os y al 50% entre los que tienen entre 25 y 34.

Entre quienes s¨ª conocen que existe el CGPJ, solo uno de cada tres conoce el m¨¦todo de elecci¨®n de sus miembros. En la actualidad, el Congreso y el Senado eligen a los 20 vocales del organismo, doce de ellos entre jueces y magistrados y los otros ocho entre juristas de reconocida competencia. Estos 20 miembros del pleno eligen despu¨¦s al que ser¨¢ a la vez presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial. Solo un 12% de los encuestados aboga por mantener este sistema, mientras que la mayor¨ªa, un 26,9%, prefiere que los vocales sean elegidos por un sistema mixto entre las Cortes y los propios jueces de manera interna.

Cuatro a?os despu¨¦s de la entrada en vigor de la prisi¨®n permanente revisable, seis de cada diez encuestados perciben que en Espa?a las leyes son "muy blandas" con las personas que cometen delitos de especial gravedad, con uso de violencia, y un 72,4% est¨¢ de acuerdo con la idea de que los delincuentes multirreincidentes cumplan ¨ªntegramente sus condenas sin ning¨²n tipo de beneficios penitenciarios. Un 83,1% de los entrevistados reconoce no haber sido v¨ªctima de ning¨²n delito en los ¨²ltimos diez a?os. Los il¨ªcitos m¨¢s recordados por los que dicen haberlos sufrido son "robos de bolso, cartera, m¨®vil¡­" (38,1%), "robos en vivienda o local" (18,6%) y estafas o timos (12,3%).

Casi la mitad de los entrevistados, un 48%, valora mal (30,9%) o muy mal (17,1%) el funcionamiento de la justicia en su conjunto, frente al 22,6% que cree que marcha bien (21,4%) o muy bien (1,2%). Los cr¨ªticos citan, en respuesta espont¨¢nea, como los mayores males del poder judicial la blandura de las penas impuestas (31,6%), la politizaci¨®n (26,7%) y el exceso de burocracia (25,3%), muy por encima de la lentitud (15,3%) o la falta de medios (14%), un aspecto denunciado repetidamente por las asociaciones de jueces y magistrados.

Precisamente, seis de cada diez entrevistados considera que los recursos humanos y materiales de la justicia son "m¨¢s bien insuficientes" y cree que es necesario aumentar la plantilla de jueces, de funcionarios y dotar a los juzgados y tribunales de mejores medios inform¨¢ticos. La inmensa mayor¨ªa, casi un 80%, entiende que es bastante necesaria o muy necesaria una reforma de la administraci¨®n de justicia.