Anticorrupci¨®n solicita imputar a Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en el ¡®caso P¨²nica¡¯

La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n ha solicitado este viernes al juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n que impute a las expresidentas madrile?as Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes en el macrosumario del caso P¨²nica, seg¨²n confirmaron fuentes judiciales. El ministerio p¨²blico pide que ambas expol¨ªticas declaren como investigadas en la pieza separada sobre la supuesta financiaci¨®n ilegal del PP madrile?o entre 2003 y 2011, una de las 16 ramas en que se divide la causa. El partido de Pablo Casado se limit¨® a expresar su respeto a las decisiones judiciales y a recordar la presunci¨®n de inocencia de sus exdirigentes.

El verano vuelve a ser un ¨¦poca complicada para el PP en los tribunales. La Fiscal¨ªa present¨® ayer al juez Garc¨ªa-Castell¨®n un informe en el que le solicita la reordenaci¨®n del caso P¨²nica, la trama corrupta encabezada por el exconsejero madrile?o Francisco Granados. Esta gigantesca causa, que acumula m¨¢s de un centenar de imputados, empez¨® a investigarse en 2014 y debe estar concluida antes del 6 de junio de 2020. El escrito, de 75 p¨¢ginas, propone reducir de 16 a 11 el n¨²mero de piezas que componen el macrosumario para facilitar su enjuiciamiento.

Sin embargo, la carga de profundidad del dictamen no est¨¢ en el replanteamiento de las diferentes ramas de la causa. Las fiscales Teresa G¨¢lvez y Carmen Garc¨ªa Cerd¨¢ piden al magistrado que en la pieza n¨²mero 9, sobre el supuesto desv¨ªo de fondos para gastos del PP de la Comunidad de Madrid, cite como imputadas a las expresidentas regionales y antiguas l¨ªderes del partido Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes.

La Fiscal¨ªa tambi¨¦n solicita al magistrado instructor la declaraci¨®n como investigado de Javier Monz¨®n, presidente de la compa?¨ªa Indra entre 1993 y 2015, y actual presidente no ejecutivo de PRISA, empresa editora de EL PA?S. La petici¨®n del ministerio p¨²blico tiene que ver con la supuesta entrega de fondos por parte de Indra para las campa?as de Aguirre en 2007 y 2011. Las fiscales Teresa G¨¢lvez y Carmen Garc¨ªa Cerd¨¢ piden asimismo la imputaci¨®n de otros dos directivos de Indra, cuyos nombres no trascendieron, y de la propia compa?¨ªa como persona jur¨ªdica, siempre seg¨²n fuentes judiciales. El pasado junio, la Guardia Civil remiti¨® a Garc¨ªa-Castell¨®n un informe en el que los investigadores se?alaban que la empresa Indra abon¨® supuestamente 566.497 euros a una firma de formaci¨®n, que a su vez los transfiri¨® a la consultora Swat SL, que asesor¨® al PP madrile?o en temas de estrategia y comunicaci¨®n pol¨ªtica para las campa?as electorales de 2007 y 2011.

Contratos millonarios

El pasado marzo, la Guardia Civil remiti¨® un informe al juez en el que por primera vez implicaba a Aguirre en las supuestas maniobras para financiar ilegalmente las campa?as electorales para las auton¨®micas de 2003, 2007 y 2011. En ellas, la pol¨ªtica conservadora encaden¨® tres mayor¨ªas absolutas, la primera de ellas tras el esc¨¢ndalo del tamayazo, la deserci¨®n de dos diputados del PSOE madrile?o que impidi¨® la investidura del socialista Rafael Simancas y oblig¨® a repetir las elecciones.

En aquel escrito, los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado situaron a Aguirre en reuniones en las que supuestamente se acord¨® favorecer con contratos p¨²blicos a empresas de publicidad que trabajaron en las campa?as de 2003 y 2007. Estas compa?¨ªas de marketing, propiedad del empresario argentino Daniel Horacio Mercado, recibieron contratos por valor de 7,4 millones de euros.

Para facilitar los pagos, el Ejecutivo de Aguirre modific¨® varias leyes auton¨®micas, de modo que las adjudicaciones pasaran por la mesa del entonces vicepresidente regional y despu¨¦s sucesor de Aguirre, Ignacio Gonz¨¢lez, imputado en el otro gran macrosumario madrile?o, el caso Lezo y cuya declaraci¨®n por la caja b tambi¨¦n ha sido solicitada por la Fiscal¨ªa.

Esas instrucciones surgieron de varias reuniones celebradas en fechas que la Guardia Civil no ha podido concretar, en las que particip¨® Esperanza Aguirre junto a Ignacio Gonz¨¢lez y Francisco Granados. Tambi¨¦n intervinieron en ellas el entonces viceconsejero de Presidencia, Alberto L¨®pez Viejo ¡ªactualmente en prisi¨®n condenado por el caso G¨¹rtel¡ª y el consejero de Sanidad Manuel Lamela, as¨ª como la responsable de comunicaci¨®n de la Comunidad, Isabel Gallego, y el propio empresario argentino. Aguirre fue situada en estas reuniones por dos de los participantes: Lamela y el propio Mercado.

Lamela confirm¨® en su declaraci¨®n como testigo ante la Guardia Civil que en estas reuniones ¡°se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over [una de las empresas de Mercado] en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicaci¨®n¡±. A partir de ese momento, las firmas de Mercado se hicieron con los contratos para la promoci¨®n de la construcci¨®n de una decena de hospitales y centros m¨¦dicos, as¨ª como para otras campa?as publicitarias del departamento. Los agentes apreciaban delitos de prevaricaci¨®n, financiaci¨®n ilegal, delito electoral, malversaci¨®n, cohecho, falsedad documental y tr¨¢fico de influencias.

La presunta financiaci¨®n irregular del PP abarca tambi¨¦n a los comicios auton¨®micos de 2011. En aquella convocatoria, en la que Aguirre logr¨® la mayor victoria de su carrera pol¨ªtica, el PP gast¨® en propaganda 6,2 millones de euros, casi el doble del l¨ªmite legalmente establecido. De este montante, al menos 1,25 millones de euros provienen de una caja b que manejaba el entonces gerente del partido en Madrid, Beltr¨¢n Guti¨¦rrez, y que supuestamente se nutr¨ªa de fondos aportados por Granados e Ignacio Gonz¨¢lez.

La expresidenta madrile?a, mentora pol¨ªtica de la futura presidenta regional, Isabel D¨ªaz Ayuso, ha logrado hasta ahora mantenerse siempre al margen de los esc¨¢ndalos que han protagonizado sus colaboradores m¨¢s inmediatos. Aunque la corrupci¨®n ha acabado por convertirse en uno de los signos definitorios de sus mandatos, Aguirre ha esquivado siempre las consecuencias judiciales y ha negado en todo momento haber participado en actos ilegales.

En el caso de Cristina Cifuentes, presidenta regional entre junio de 2015 y abril de 2018, la investigaci¨®n se centra en las supuestas irregularidades para la adjudicaci¨®n, en 2009, de la cafeter¨ªa de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, propiedad del expresidente de la patronal madrile?a CEIM Arturo Fern¨¢ndez. La investigaci¨®n trata de aclarar si la adjudicaci¨®n, en la que Cifuentes particip¨® en su condici¨®n de vicepresidenta del Parlamento, fue presuntamente ama?ada a cambio de una comisi¨®n que el empresario hizo llegar a la supuesta caja b del partido, camuflada como donaci¨®n de 160.000 euros a Fundescam, la fundaci¨®n del PP regional y en cuyo patronato figuraba la propia Cifuentes.