El juez imputa a Aguirre y Cifuentes por corrupci¨®n en el ¡®caso P¨²nica¡¯
Manuel Garc¨ªa Castell¨®n considera que Aguirre "supervisaba" la caja b del PP madrile?o y cita para octubre a otras 40 personas, entre ellas al entonces presidente de Indra Javier Monz¨®n, actual presidente no ejecutivo de PRISA
El juez de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n ha citado a las expresidentas madrile?as Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes como imputadas en el caso P¨²nica, el macrosumario de corrupci¨®n en la Comunidad de Madrid que se investiga desde febrero de 2014 y que encara su fase final, seg¨²n fuentes jur¨ªdicas. El magistrado pretende conocer su papel en la trama corrupta liderada por el exconsejero madrile?o Francisco Granados y en la financiaci¨®n irregular del PP madrile?o entre 2003 y 2011, a?os en los que Aguirre encaden¨® mayor¨ªas absolutas. El magistrado considera que Aguirre ejerc¨ªa la "supervisi¨®n" de la supuesta caja b del partido en la Comunidad. Cifuentes est¨¢ imputada por la adjudicaci¨®n irregular de la cafeter¨ªa de la Asamblea de Madrid al grupo Cantoblanco, del expresidente de la patronal madrile?a Arturo Fern¨¢ndez.
Las imputaciones fueron solicitadas hace un mes por la Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n en un informe en el que solicitaba al magistrado la reordenaci¨®n de la causa ¡ªque debe estar concluida antes del 6 de junio de 2020¡ª que acumulaba 16 piezas, que han quedado concentradas en un total de 11. El juez ampl¨ªa las imputaciones a los exconsejeros madrile?os Manuel Lamela y Juan Jos¨¦ G¨¹emes, dentro de un listado de en torno a 40 altos funcionarios, responsables pol¨ªticos y directivos de empresas, entre los que se encuentra el expresidente de Indra Javier Monz¨®n, actual presidente no ejecutivo del grupo PRISA, editora de EL PA?S (lea aqu¨ª el comunicado de PRISA).
Por primera vez en su carrera, Aguirre, que hab¨ªa conseguido quedar al margen de las m¨²ltiples causas de corrupci¨®n que afectaban a los consejeros de sus diferentes Gobiernos, se ve implicada directamente en una de ellas. El pasado marzo, la Guardia Civil remiti¨® un informe al juez en el que? implicaba a Aguirre en las supuestas maniobras para financiar ilegalmente las campa?as electorales para las auton¨®micas de 2003, 2007 y 2011. Tras estas, la pol¨ªtica conservadora encaden¨® tres mayor¨ªas absolutas, la primera tras el esc¨¢ndalo del tamayazo, la deserci¨®n de dos diputados del PSOE madrile?o que impidi¨® la investidura del socialista Rafael Simancas y oblig¨® a repetir las elecciones.
Seg¨²n el auto de imputaci¨®n, al que ha tenido acceso este peri¨®dico, "la investigaci¨®n arroja indicios racionales" de que Aguirre "ser¨ªa quien ide¨® la b¨²squeda de recursos, que financiaran las campa?as que ella misma seleccionaba, y la supervisora ¨²ltima de las sinergias entre sus consejeros de confianza, que impuls¨® con dicha finalidad". Y a?ade: "Las campa?as iban dirigidas fundamentalmente a fortalecer y vigorizar su figura pol¨ªtica y consolidarla como presidenta de la CAM". "La supervisi¨®n y el control de las partidas de publicidad de las adjudicaciones de cualquier Consejer¨ªa en sus contratos de publicidad se habr¨ªa centralizado al m¨¢s alto nivel del Gobierno regional, bajo la supervisi¨®n de su presidenta, Esperanza Aguirre", a?ade el juez.
Seg¨²n la investigaci¨®n, hay indicios tambi¨¦n de un plan "para que fuesen de nuevo los fondos p¨²blicos los que abonasen gastos particulares del PP de Madrid, sus dirigentes y otra parte de los gastos electorales de las campa?as electorales auton¨®micas de los a?os 2007 y 2011 y a las elecciones generales del a?o 2008". En los nuevos conciertos volver¨ªan a tener una intervenci¨®n relevante los investigados que ocupaban los puestos de gobierno m¨¢s cercanos a la presidencia auton¨®mica y del propio partido: Beltr¨¢n Guti¨¦rrez, entonces gerente, y los exconsejeros Ignacio Gonz¨¢lez y Francisco Granados. "De las actuaciones se desprende que la presidenta de la CAM, Esperanza Aguirre, se habr¨ªa apoyado en ellos para que ejecutasen sus decisiones, de manera que la supervisi¨®n le corresponder¨ªa a Esperanza Aguirre y el control directo de todos o alguno de aquellos consejeros", escribe el magistrado.
La expresidenta madrile?a emiti¨® un comunicado a ¨²ltima hora del lunes en el que califica de "completamente falso" el contenido del auto en lo que respecta a ella.
Los investigadores de la Unidad Central Operativa (UCO) del instituto armado situaron a Aguirre en reuniones en las que supuestamente se acord¨® favorecer con contratos p¨²blicos a empresas de publicidad que trabajaron en las campa?as de 2003 y 2007. Para facilitar los pagos, el Ejecutivo de Aguirre modific¨® varias leyes auton¨®micas, de modo que las adjudicaciones pasaran por la mesa del entonces vicepresidente regional y despu¨¦s sucesor de Aguirre, Ignacio Gonz¨¢lez, imputado en el otro gran macrosumario madrile?o, el caso Lezo, y cuya declaraci¨®n por la caja b del PP tambi¨¦n ha sido solicitada por la Fiscal¨ªa.
Esas instrucciones surgieron de varias reuniones celebradas en fechas que la Guardia Civil no ha podido concretar, en las que particip¨® Aguirre junto a Ignacio Gonz¨¢lez y Francisco Granados. Tambi¨¦n intervinieron en ellas el entonces viceconsejero de Presidencia, Alberto L¨®pez Viejo ¡ªactualmente en prisi¨®n condenado por el caso G¨¹rtel¡ª y el consejero de Sanidad Manuel Lamela, as¨ª como la responsable de Comunicaci¨®n de la Comunidad, Isabel Gallego, y el empresario argentino Daniel Horacio Mercado. Aguirre fue situada en estas reuniones por dos de los participantes: Lamela y el propio Mercado.
Lamela confirm¨® en su declaraci¨®n como testigo ante la Guardia Civil que en estas reuniones ¡°se impartieron instrucciones precisas para que se incluyera a Over [una de las empresas de Mercado] en el conjunto de posibles empresas para ser contratadas en materia de publicidad y comunicaci¨®n¡±. A partir de ese momento, las firmas de Mercado se hicieron con los contratos para la promoci¨®n de la construcci¨®n de una decena de hospitales y centros m¨¦dicos, as¨ª como para otras campa?as publicitarias del departamento. Los agentes apreciaban delitos de prevaricaci¨®n, financiaci¨®n ilegal, delito electoral, malversaci¨®n, cohecho, falsedad documental y tr¨¢fico de influencias.
La presunta financiaci¨®n irregular del PP abarca tambi¨¦n a los comicios auton¨®micos de 2011. En aquella convocatoria, en la que Aguirre logr¨® la mayor victoria de su carrera pol¨ªtica, el PP gast¨® en propaganda 6,2 millones de euros, casi el doble del l¨ªmite legalmente establecido. De este montante, al menos 1,25 millones de euros provienen de una caja b que manejaba el entonces gerente del partido en Madrid, Beltr¨¢n Guti¨¦rrez, y que supuestamente se nutr¨ªa de fondos aportados por Granados e Ignacio Gonz¨¢lez.
El juez Garc¨ªa-Castell¨®n, que se reincorpora al juzgado tras las vacaciones de agosto, accede en la providencia a la petici¨®n de la Fiscal¨ªa de citar como investigados ¡ªnueva denominaci¨®n de los imputados¡ª a casi unas 40 personas, entre ellas Indra como persona jur¨ªdica y Javier Monz¨®n, presidente de la compa?¨ªa entre 1993 y 2015. El pasado junio, la Guardia Civil remiti¨® a Garc¨ªa-Castell¨®n un informe en el que los investigadores se?alaban que Indra abon¨® en aquella ¨¦poca supuestamente 566.497 euros a una firma de formaci¨®n, que a su vez los transfiri¨® a la consultora Swat SL, que asesor¨® al PP madrile?o en temas de estrategia y comunicaci¨®n pol¨ªtica para las campa?as electorales de 2007 y 2011.
El magistrado afirma que Indra, a la que cita como persona jur¨ªdica, se convirti¨® con la "participaci¨®n activa" de Monz¨®n, del consejero Javier de Andr¨¦s y del directivo Santiago Roura, "en instrumento de desv¨ªo de los fondos p¨²blicos de [la empresa p¨²blica] Inform¨¢tica de la Comunidad de Madrid y en la caja pagadora de servicios electorales prestados encubiertamente al PP de la Comunidad y de otras deudas del partido o de sus dirigentes". Y a?ade: "La mercantil Indra no ten¨ªa previsto protocolo alguno dirigido a evitar la comisi¨®n de hechos delictivos, pero es que adem¨¢s su presidente, Francisco Javier Monz¨®n de C¨¢ceres, y los directivos Javier de Andr¨¦s Gonz¨¢lez y Jos¨¦ Vicente Gil Ortega Garc¨ªa intervendr¨ªan directamente en muchas de las decisiones de la realizaci¨®n de entregas de dinero en efectivo a quien se les indicaba desde los altos puestos del Partido Popular".
Comunicado del Grupo PRISA
El Grupo PRISA ha emitido el siguiente comunicado tras conocerse el auto del juez Garc¨ªa Castell¨®n en que se cita como investigados a m¨¢s de 40 personas en relaci¨®n al caso P¨²nica, entre ellos el expresidente de Indra y actual presidente no ejecutivo de PRISA, Javier Monz¨®n.
"El sistema de gobierno corporativo de PRISA contempla estas situaciones y el Consejo de Administraci¨®n aplicar¨¢ en todo momento lo previsto en su reglamento y la legislaci¨®n aplicable".
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