El mill¨®n de Granados destap¨® el gran fraude del PP

La Fiscal¨ªa suiza detect¨® en julio de 2014 que un relevante pol¨ªtico espa?ol, Francisco Granados (entonces diputado auton¨®mico y senador, y antes consejero y secretario general del PP-Madrid), guardaba 1,3 millones de euros en una cuenta de un banco de ese pa¨ªs y lo puso en conocimiento de la Fiscal¨ªa espa?ola. Granados asegura que esa cuenta la abri¨® en 1992, que se la traspas¨® en 2000 al constructor David Marjaliza y que ese dinero proced¨ªa de una herencia de su padre y de los ahorros de su trabajo. As¨ª naci¨® el caso P¨²nica.

M¨¢s informaci¨®n

El juez imputa a Aguirre y Cifuentes por corrupci¨®n en el ¡®caso P¨²nica¡¯

Doce organismos p¨²blicos ama?aron contratos tras la reuni¨®n de Aguirre con P¨²nica

Anticorrupci¨®n abri¨® una investigaci¨®n secreta, intervino los tel¨¦fonos de Granados y Marjaliza y lo que escuch¨® permiti¨® iniciar nuevas pesquisas sobre tramas de corrupci¨®n vinculadas a distintas administraciones p¨²blicas.

La investigaci¨®n destap¨® m¨²ltiples irregularidades en el funcionamiento de la Comunidad de Madrid y de numerosos ayuntamientos. El caso salpic¨® al Gobierno murciano y a la Diputaci¨®n de Le¨®n. La causa ha pasado por cuatro jueces de instrucci¨®n, que han abierto hasta 16 piezas separadas a ra¨ªz del mill¨®n de euros que Granados guardaba en Suiza y que nunca declar¨® a Hacienda.

Los trabajos de los investigadores destaparon un amplio cat¨¢logo de corruptelas en el funcionamiento de las administraciones gobernadas por el PP:

• Pago de mordidas a alcaldes del PP en la Comunidad de Madrid y a Marjaliza a cambio de adjudicaci¨®n de contratos de eficiencia energ¨¦tica a la empresa Cofely.
• Financiaci¨®n con dinero p¨²blico de campa?as de reputaci¨®n en Internet para contrarrestar informaciones negativas de consejeros auton¨®micos.
• Adjudicaci¨®n ilegal de contratos y recalificaci¨®n de suelos a cambio de comisiones ilegales en media docena de ayuntamientos madrile?os.
• Pago de comisiones ilegales a cambio de adjudicaci¨®n de contratos para organizaci¨®n de eventos en fiestas patronales de distintos municipios.
• Financiaci¨®n ilegal de las campa?as electorales del PP de Madrid de 2007, 2008 y 2011 a trav¨¦s de empresas contratistas de la Comunidad de Madrid.

En relaci¨®n con la financiaci¨®n ilegal del PP, los indicios de delito hallados por la Guardia Civil en el caso P¨²nica se complementaron con la investigaci¨®n abierta en el caso Lezo, que llev¨® a la c¨¢rcel al vicepresidente auton¨®mico, Ignacio Gonz¨¢lez. La Fiscal¨ªa Anticorrupci¨®n pidi¨® al juez abrir una pieza especial donde se re¨²nen todos estos hechos investigados. El juez ha dictado un auto de imputaci¨®n que incluye a 42 personas que ya estaban siendo investigadas y a otras 29, entre las que se encuentran las expresidentas Esperanza Aguirre y Cristina Cifuentes, adem¨¢s del expresidente de Indra, Javier Monz¨®n (actual presidente no ejecutivo de PRISA), y de la empresa Indra Sistemas como persona jur¨ªdica. En el auto, el juez detalla los hechos supuestamente vinculados a la financiaci¨®n ilegal del PP:

Un 1% de las obras para el lucro del PP. Desde 2004, seg¨²n el juez, el Gobierno madrile?o cre¨® un sistema ¡ªdecidido y aprobado por la comisi¨®n delegada para asuntos econ¨®micos en la que participaba la presidenta Esperanza Aguirre¡ª por el cual las adjudicaciones de determinadas obras p¨²blicas deb¨ªan reservar un 1% del presupuesto para publicidad. La adjudicaci¨®n de ese dinero se hac¨ªa al empresario Horacio Mercado. En muchas ocasiones, las cantidades adjudicadas no se destinaban a publicitar las obras p¨²blicas ejecutadas sino a financiar actos electorales o gastos del PP. Mercado ha reconocido estos hechos en su declaraci¨®n al juez.

Una fundaci¨®n para el fraude electoral. Fundescam era la fundaci¨®n con la que el PP sufrag¨® actos electorales no declarados a la C¨¢mara de Cuentas con fondos procedentes de subvenciones p¨²blicas de la Comunidad de Madrid o donativos de empresarios contratistas de la Comunidad de Madrid que ten¨ªan prohibido por ley este tipo de aportaciones. El escrito del juez detalla durante decenas de p¨¢ginas estas pr¨¢cticas irregulares con las que el PP financi¨® parte de las campa?as electorales auton¨®micas de 2007 y 2011 y los comicios generales de 2008, y se excedi¨® en el gasto m¨¢ximo permitido por ley para estas actividades. El juez resalta que Fundescam estaba bajo la supervisi¨®n de Esperanza Aguirre y que la expresidenta tuvo un papel decisivo y esencial en la toma de decisiones del comit¨¦ de campa?a electoral del PP. Las fundaciones de los partidos pol¨ªticos, que se nutren en parte de subvenciones p¨²blicas para hacer estudios y trabajos similares, no pueden dedicar ni un solo euro a gastos electorales.

Proveedores del PP que cobraban de la Comunidad de Madrid. Empresas que prestaban servicios para las campa?as electorales del PP, cobraban de la administraci¨®n auton¨®mica a trav¨¦s de v¨ªas indirectas. Otras empresas privadas, contratistas de la Comunidad de Madrid, pagaban a estos proveedores a trav¨¦s de facturas por trabajos nunca prestados.

Contratos inflados para pagar deudas del PP. El juez relata c¨®mo supuestamente la empresa p¨²blica Inform¨¢tica y Comunicaciones Madrid (ICM) adjudicaba contratos a Indra con un sobreprecio y que esta sociedad, a su vez, pagaba a proveedores electorales del PP por servicios no prestados.

Adjudicaci¨®n de una cafeter¨ªa al donante ilegal del PP. El juez imputa a la expresidenta Cristina Cifuentes por la adjudicaci¨®n al empresario Arturo Fern¨¢ndez de la explotaci¨®n de la cafeter¨ªa de la Asamblea de Madrid. Cifuentes presid¨ªa la mesa de contrataci¨®n. Fern¨¢ndez era una de los donantes ilegales del PP.

Los recaudadores de la caja b. El juez detalla como Ignacio Gonz¨¢lez y Francisco Granados recaudaban dinero en efectivo de contratistas de la Comunidad de Madrid y se lo entregaban al gerente del PP, Beltr¨¢n Guti¨¦rrez, para los gastos del partido.