Espa?a quitar¨¢ derechos a los residentes brit¨¢nicos si no obtiene igualdad de trato

Espa?a exige reciprocidad al Reino Unido en uno de los aspectos m¨¢s sensibles del Brexit: el trato a los ciudadanos expatriados. El Gobierno espa?ol legisl¨® de urgencia para blindar los derechos de los 365.967 brit¨¢nicos que residen oficialmente en el pa¨ªs y echa en falta mecanismos similares en el Reino Unido. El ministro de Exteriores en funciones, Josep Borrell, ha trasladado ya el mensaje al Gobierno de Boris Johnson y ha advertido de que, sin un esquema brit¨¢nico equivalente, el marco espa?ol para los residentes brit¨¢nicos decaer¨¢. M¨¢s de 86.000 espa?oles han solicitado ya la residencia permanente.

El destino de m¨¢s de medio mill¨®n de personas (los 365.967 brit¨¢nicos que viven en Espa?a y los 180.000 espa?oles que residen en el Reino Unido) depende del modo como se consume el divorcio entre Londres y Bruselas. Tanto el Gobierno de Pedro S¨¢nchez como el de Boris Johnson desean preservar los derechos de este colectivo, pero las f¨®rmulas empleadas para hacerlo difieren. El Reino Unido ha puesto en marcha un esquema general para todos los ciudadanos de la Uni¨®n Europea ¡ªentre ellos, los espa?oles¡ª que congela, con matices, el abanico de derechos que hoy disfrutan por el paraguas com¨²n que proporciona la UE. El mecanismo consta de dos categor¨ªas: el estatus de residente, con condiciones muy generosas, y el llamado estatus de prerresidente, que otorga menos derechos. Las cifras oficiales brit¨¢nicas arrojan un descenso en la proporci¨®n de ciudadanos que encajan en la primera categor¨ªa. Si en abril de este a?o, cuando el sistema arranc¨® oficialmente, lo recib¨ªan el 66% de los solicitantes, hoy el porcentaje ha bajado al 57%.

Espa?a ha optado por un camino diferente. El Gobierno aprob¨® en marzo un decreto ley muy detallado por si la ruptura entre el Reino Unido y la UE es inamistosa. Ese esquema contempla casi todas las facetas de la vida diaria de los ciudadanos; entre ellas la convalidaci¨®n de t¨ªtulos universitarios y permisos de conducir, la prestaci¨®n sanitaria o el permiso de trabajo. Tambi¨¦n garantiza, con limitaciones, la continuidad en la actividad de empresas brit¨¢nicas que operen en Espa?a.

El ministro brit¨¢nico para el Brexit, Steve Barclay, se reuni¨® la semana pasada en Madrid con el jefe de la diplomacia espa?ola. Los derechos de la ciudadan¨ªa, uno de los elementos m¨¢s simb¨®licos del divorcio brit¨¢nico, centraron parte del debate. Barclay agradeci¨® el real decreto ley aprobado por Espa?a, el destino preferido de los brit¨¢nicos expatriados. Borrell advirti¨® de que esas condiciones tan ventajosas solo se mantendr¨¢n si son rec¨ªprocas, un planteamiento sobre el que la delegaci¨®n brit¨¢nica pidi¨® aclaraciones.

¡°Les hemos dicho que nuestro real decreto facilita que todo siga igual en caso de Brexit no pactado. Pero para eso es necesaria la reciprocidad. Y la reciprocidad no se puede garantizar a medias: se da o no se da¡±, se?ala en conversaci¨®n telef¨®nica Luis Marco Aguiriano, secretario de Estado para la UE, que particip¨® en la reuni¨®n con el ministro brit¨¢nico el pasado jueves.

Dos meses

El decreto ya fija desde el principio esa condicionalidad. El art¨ªculo 2 estipula que si en dos meses las autoridades brit¨¢nicas no otorgan ¡°un tratamiento rec¨ªproco¡± a ciudadanos y empresas espa?oles, ¡°ser¨¢n suspendidas las medidas reguladas¡± en el texto legal. Aguiriano recuerda ese requisito y advierte de que el Reino Unido no lo tiene regulado por ley.

Frente a ese enfoque, las autoridades brit¨¢nicas replican que su esquema para prolongar los derechos de los ciudadanos comunitarios que ya residan en el pa¨ªs garantiza las condiciones que recoge el decreto espa?ol. El plan de Londres incluye el derecho a trabajar, a usar el sistema sanitario, a acceder a la educaci¨®n, a recibir prestaciones como pensiones y a viajar dentro y fuera del Reino Unido, aunque con un tope de cinco a?os para permanecer fuera del territorio brit¨¢nico. Fuentes diplom¨¢ticas argumentan que no se pueden buscar correspondencias exactas entre ambos textos, pero dan por cumplido el requisito que exige el Gobierno espa?ol. ¡°Aunque haya alg¨²n elemento que requiera un desarrollo posterior, por nuestra parte lo consideramos cumplido¡±, defienden las fuentes brit¨¢nicas.

Para aclarar toda la letra peque?a, ambas partes se han citado de nuevo la primera semana de octubre. En este caso no acudir¨¢n los dirigentes pol¨ªticos, sino responsables de niveles m¨¢s t¨¦cnicos. El objetivo es alejar al m¨¢ximo la incertidumbre de un Brexit que, si no hay cambios, se producir¨¢ el pr¨®ximo 31 de octubre. De momento no existen garant¨ªas de que la salida se produzca con acuerdo.

M¨¢s all¨¢ de la cobertura que ofrezca, el esquema brit¨¢nico para obtener la residencia permanente tras el Brexit no es autom¨¢tico. Un total de 86.400 espa?oles han solicitado acceder a ese estatus blindado hasta el pasado 31 de agosto, seg¨²n datos del Gobierno brit¨¢nico. Se trata de casi un 7% de todas las solicitudes europeas, lo que convierte a los residentes espa?oles en el quinto colectivo europeo m¨¢s numeroso. El Ministerio de Asuntos Exteriores calcula que, de ese grupo, unos 70.000 ya han conseguido la residencia permanente, un porcentaje elevado (81%), pero no exhaustivo.