El Ejecutivo activar¨¢ la Ley de Seguridad Nacional si la situaci¨®n de orden p¨²blico en Catalu?a lo requiere
El Gobierno tiene preparado el plan de respuesta al independentismo si es necesario tras la sentencia del ¡®proc¨¦s'
Todos los instrumentos legales est¨¢n previstos por si la situaci¨®n en Catalu?a requiriera una acci¨®n del Estado. El Gobierno tiene una serie de medidas de distinto grado de contundencia por si antes o despu¨¦s de conocerse la sentencia del Tribunal Supremo a los procesados independentistas catalanes se produjeran situaciones de alteraci¨®n del orden p¨²blico y se vulnerara la ley como ocurri¨® hace dos a?os, algo que dio lugar a la activaci¨®n del art¨ªculo 155 de la Constituci¨®n. El Ejecutivo cree que no ser¨ªa necesaria la aplicaci¨®n de este art¨ªculo, que supone la intervenci¨®n de competencias concretas o de todo el Gobierno aut¨®nomo, para hacer frente a disturbios. Consideran que con la activaci¨®n de la Ley de Seguridad Nacional ser¨ªa suficiente. Con la aplicaci¨®n de esta ley no se sustrae a la Generalitat de Catalu?a la competencia de seguridad sino que desde el Gobierno central ¡°se coordina¡± a todas las fuerzas de la Seguridad del Estado, incluida la polic¨ªa auton¨®mica.
El presidente del Gobierno tiene esta prerrogativa y con un decreto puede ponerla en marcha, por lo que es perfectamente posible con un Ejecutivo en funciones, como es el caso actual al haberse disuelto las Cortes para convocar elecciones el pr¨®ximo 10-N. Para la activaci¨®n de la ley de Seguridad Nacional no es necesaria la reuni¨®n de un Consejo de Ministros, sino que el presidente del Gobierno tiene la capacidad de ponerla en marcha con un decreto de Presidencia.? "Corresponde al presidente declarar la situaci¨®n de inter¨¦s para la seguridad nacional", se?ala expresamente el art¨ªculo 15 de esta ley aprobada en 2015 con los votos del PSOE, PP y UPyD y el rechazo de los grupos nacionalistas.?
En la exposici¨®n de motivos de esa ley se apunta que ¡°las competencias en seguridad est¨¢n repartidas entre el Estado y las comunidades aut¨®nomas". Esto genera, seg¨²n la ley, "una cierta descoordinaci¨®n entre los recursos" por lo que esta ley busca coordinarlos. En este caso, las amenazas proceden de la reacci¨®n que pudiera haber ante la sentencia del proc¨¦s que los magistrados del Tribunal Supremo pr¨¢cticamente tienen ya ultimada.
Las llamadas a la ¡°desobediencia civil¡± que proceden el mundo independentista y la posibilidad de que el Parlamento de Catalu?a decida repetir la experiencia de septiembre de 2017 y vulnerar la Constituci¨®n y el Estatuto de Catalu?a con leyes de desconexi¨®n del Estado, han hecho que el Gobierno est¨¦ preparado para activar el art¨ªculo 155. Pero, en caso de aplicarse, en ning¨²n caso ser¨ªa de forma indefinida sino como ha marcado la sentencia del Tribunal Constitucional por hechos concretos que infrinjan la ley.
La novedad estar¨¢, si es que llega el caso, en que, al estar disuelto el Senado, que es a quien corresponde aprobar ese art¨ªculo, lo har¨ªa la Diputaci¨®n Permanente de esta C¨¢mara, seg¨²n la interpretaci¨®n jur¨ªdica que la Abogac¨ªa del Estado ha elaborado y el Gobierno comparte. La Diputaci¨®n Permanente es el ¨®rgano que suple a la C¨¢mara?¡ªhay una en el Congreso y otra en el Senado¡ª para tomar decisiones en circunstancias de gravedad o excepcionalidad, y esta lo ser¨ªa. Con el Gobierno en funciones y con la Diputaci¨®n Permanente se evita que haya vac¨ªo de poder hasta que haya elecciones, se constituyan las Cortes y se nombre a un Gobierno.
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