La decisi¨®n sobre la semilibertad de los presos queda en manos del servicio penitenciario catal¨¢n

Las elevadas penas de prisi¨®n impuestas a los nueve l¨ªderes independentistas no son un obst¨¢culo para que puedan obtener, en breve, la semilibertad. Al Govern le corresponde decidir si los clasifica en tercer grado penitenciario, lo que les permitir¨ªa acudir ¨²nicamente a prisi¨®n a dormir de lunes a jueves. En medio de las primeras protestas por la sentencia, la consejera de Justicia, Ester Capella, se remiti¨® a los t¨¦cnicos, pero al mismo tiempo reivindic¨® que la prisi¨®n sirve para ¡°preparar a la gente para la vida en libertad¡±. La ¨²ltima palabra la tendr¨¢ el Tribunal Supremo.

Como la sentencia ya es firme, los t¨¦cnicos de los servicios penitenciarios de la Generalitat deben otorgar a los presos una determinada clasificaci¨®n penitenciaria. La Fiscal¨ªa pidi¨® al tribunal que en ning¨²n caso accedieran el tercer grado penitenciario hasta haber cumplido la mitad de la pena. Sin embargo, el Supremo no ha atendido esa decisi¨®n y ha abierto la puerta a que el llamado r¨¦gimen abierto sea una realidad m¨¢s o menos cercana para los nueve condenados a penas de prisi¨®n.

Los magistrados subrayan en su sentencia que no es su misi¨®n ¡°evitar anticipadamente decisiones de la administraci¨®n penitenciaria¡± y recuerda al ministerio p¨²blico que puede recurrir aquellas que considere ¡°contrarias a la legalidad¡±. La fiscal general de Estado, Mar¨ªa Jos¨¦ Segarra, se apresur¨® ayer a anunciar que ¡°si la Fiscal¨ªa considera no adecuado el r¨¦gimen penitenciario propuesto presentar¨¢ los recursos oportunos¡±.

La primera palabra, en cualquier caso, la tiene la Generalitat, que ayer recogi¨® con prudencia el guante del Supremo. La consejera Capella, de Esquerra Republicana, subray¨® que ¡°las penas est¨¢n orientadas a la reinserci¨®n¡± y record¨® que la decisi¨®n no es pol¨ªtica. ¡°No depende de m¨ª, sino de las juntas de tratamiento [de cada c¨¢rcel]. Son funcionarios independientes y objetivos quienes proponen una vez analizada la situaci¨®n¡± de cada preso. Lo cierto es que, aunque la propuesta de clasificaci¨®n es de estas juntas, es finalmente la Secretar¨ªa de Medidas Penales, Reinserci¨®n y Atenci¨®n a la V¨ªctima ¡ªque depende del Departamento de Justicia¡ª la que da o no su aprobaci¨®n.

La junta de tratamiento ¡ªun ¨®rgano interno formado por profesionales penitenciarios¡ª dispone de un m¨¢ximo de dos meses para pronunciarse, pero no siempre agota ese plazo. De hecho, puede hacerlo en cuesti¨®n de d¨ªas, seg¨²n fuentes penitenciarias. En ese tiempo, los t¨¦cnicos eval¨²an a los presos y elevan sus informes, que son posteriormente valorados en la reuni¨®n semanal de la junta. Como los condenados por el proc¨¦s ya estaban en prisi¨®n provisional ¡ªlos siete hombres en la c¨¢rcel de Lledoners (Barcelona); las mujeres, en las de Puig de les Basses (Girona) y Mas d¡¯Enric (Tarragona)¡ª, este tr¨¢mite de estudio est¨¢ ya hecho y, por tanto, los informes pr¨¢cticamente listos.

En Catalu?a, una cuarta parte de los internos cumplen su pena en situaci¨®n de tercer grado, frente al 16% de los condenados recluidos en las c¨¢rceles del resto de Espa?a, dependientes estas del Ministerio del Interior. Y lo que es m¨¢s relevante: el 40% de los delincuentes que entran por primer vez en una c¨¢rcel catalana ¡ªcomo es el caso de los l¨ªderes independentistas¡ª son clasificados de forma inicial en r¨¦gimen de semilibertad. El ¨²ltimo caso conocido por su impacto medi¨¢tico fue el de Oriol Pujol Ferrusola, hijo del expresidente de la Generalitat Jordi Pujol. Condenado a dos a?os y medio de c¨¢rcel por cobrar comisiones en el caso ITV, el exdiputado de CiU fue clasificado inicialmente en tercer grado. Una decisi¨®n que provoc¨® una gran pol¨¦mica y recursos de la Fiscal¨ªa, aunque finalmente la Audiencia de Barcelona dio la raz¨®n al Departamento de Justicia.

Una situaci¨®n similar se produjo con Jos¨¦ Barrionuevo, exministro del Interior del PSOE. Condenado en 1998 por el secuestro de Segundo Marey, no ingres¨® en prisi¨®n a la espera de que el Tribunal Constitucional resolviera el recurso que hab¨ªa presentado. Cuando este lo rechaz¨® en mayo de 2001, Barrionuevo tuvo que ingresar en prisi¨®n. Al d¨ªa siguiente le concedieron la semilibertad. Las autoridades penitenciarias alegaron entonces que para ello hab¨ªan valorado que era su primer delito; que se presentara ¡°voluntariamente¡± a cumplir condena; que ten¨ªa una vida normalizada; la antig¨¹edad de los hechos por los que fue condenado; ¡°su acreditada integraci¨®n sociolaboral¡±; ¡°su dificultad objetiva de reincidencia al desaparecer el ejercicio de sus funciones p¨²blicas¡± y, sobre todo, las ¡°necesidades de protecci¨®n para garantizar su seguridad personal¡±.

El caso contrario lo representan 13 de los 15 condenados por las tarjetas black. Condenados a penas de entre dos a?os y seis meses y tres a?os y dos meses, estuvieron un m¨ªnimo de nueve meses en prisi¨®n hasta que a partir del verano Instituciones Penitenciarias accedi¨® a clasificarles en tercer grado. Dos de los reclusos por esta causa, el exvicepresidente Rodrigo Rato y el exconsejero de Caja Madrid Jos¨¦ Antonio Moral Sant¨ªn, siguen encarcelados con condenas de cuatro a?os y seis meses, y cuatro a?os, respectivamente.

Recurso de la Fiscal¨ªa

La decisi¨®n que tomen finalmente los servicios penitenciarios de Catalu?a se aplicar¨ªa de manera inmediata, seg¨²n detallan fuentes penitenciarias, que aclaran que de la misma debe ser informada la Fiscal¨ªa. Esta puede recurrirla ante el juez de vigilancia penitenciaria y, en segunda instancia, ante el tribunal que los sentenci¨®, en este caso el Supremo, que ser¨¢ el que tenga la ¨²ltima palabra.

En caso de que en lugar del r¨¦gimen abierto, prisiones de la Generalitat optase por conceder el segundo grado penitenciario, el llamado ordinario, los presos tendr¨¢n que esperar a haber cumplido un cuarto de su condena para poder solicitar permisos de salida, que necesitar¨ªan autorizaci¨®n previa. La Fiscal¨ªa tambi¨¦n puede recurrirlos.

Esta clasificaci¨®n en segundo grado no cierra de modo definitivo la posibilidad de que accedan a alguno de los beneficios del r¨¦gimen de semilibertad. As¨ª, una vez clasificados en el segundo grado (en el que est¨¢n la mayor¨ªa de los reclusos en Espa?a) la junta de tratamiento puede proponer, y la Generalitat acordar, la aplicaci¨®n del art¨ªculo 100.2 del R¨¦gimen Penitenciario, que introduce el llamado ¡°principio de flexibilidad¡± en el cumplimiento de la pena. De este modo, se les podr¨ªa aplicar algunas de las caracter¨ªsticas de la libertad, como las salidas diarias de prisi¨®n. Esta decisi¨®n debe ser comunicada al juez de vigilancia penitenciaria, aunque su aplicaci¨®n es inmediata. La Fiscal¨ªa tambi¨¦n tiene la opci¨®n de recurrirlo.

El otro camino es el art¨ªculo 117 del mismo texto legal. Es el mismo que ha permitido recientemente a I?aki Urdangarin abandonar la prisi¨®n dos veces por semana para colaborar en un centro de personas con discapacidad. En este caso, la decisi¨®n debe ser previamente aprobada por un juez y, adem¨¢s, incluir un ¡°programa concreto de atenci¨®n especializada¡± para el ¡°tratamiento y reinserci¨®n social¡± del recluso. Tambi¨¦n puede ser recurrida por la Fiscal¨ªa como ha pasado con el marido de la infanta Cristina.

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