El decreto contra la ¡®rep¨²blica digital¡¯ asusta a los internautas

El decreto-ley contra?la rep¨²blica digital que pretende poner en pie el independentismo catal¨¢n y que, entre otras medidas, permite al Gobierno central intervenir ¡°con car¨¢cter excepcional y transitorio¡± las redes y servicios de telecomunicaciones ¡ªtelefon¨ªa, fibra ¨®ptica, Internet...¡ª en caso de amenazas para el orden p¨²blico es acogido con recelo por juristas y expertos. El Gobierno insiste en que la norma, que ha entrado este mi¨¦rcoles en vigor, simplemente busca ¡°garantizar la prestaci¨®n¡± de los servicios y ¡°evitar o frenar que se den casos de mal uso o de abuso¡± por parte de particulares o administraciones, como la Generalitat, que gestionan las redes. Sin embargo, los temores sobre posibles afectaciones a derechos fundamentales, como las libertades de expresi¨®n e informaci¨®n, son la t¨®nica entre los consultados por EL PA?S.

Miguel P¨¦rez Sub¨ªas, ingeniero de telecomunicaci¨®n y presidente de Asociaci¨®n de Usuarios de Internet (AUI), califica el decreto como ¡°una barbaridad¡± que, en su opini¨®n, abre la puerta, por ejemplo, a que el Ejecutivo, sin intervenci¨®n judicial, pueda cerrar una p¨¢gina web. El decreto impide, entre otras cosas, el uso de tecnolog¨ªas como el blockchain para la acreditaci¨®n de la identidad de las personas, uno de los m¨¦todos con los que la Generalitat podr¨ªa intentar sustituir al DNI o crear una agencia tributaria paralela. P¨¦rez Sub¨ªas afirma que ¡°no se pueden prohibir las tecnolog¨ªas¡±. Este experto considera que el decreto ¡°no soluciona el problema que pretende atajar y puede resultar peligroso¡±.

Desde el ¨¢mbito jur¨ªdico, a Borja Adsuara, abogado experto en protecci¨®n de datos, el decreto le suscita ¡°dudas de constitucionalidad¡±. Seg¨²n ¨¦l, la norma, aunque no est¨¢ concebida para ello, puede afectar a derechos fundamentales. ¡°La urgente necesidad no puede hacer que se deje en manos de un gobierno la censura previa y el secuestro de publicaciones, cuando hubiera duda sobre derechos fundamentales tiene que intervenir el juez¡±, afirma.

Adsuara, por el contrario, ve razonable la protecci¨®n de los datos de los ciudadanos que se ve reforzada por otras medidas contempladas en el decreto, como la obligaci¨®n de que los servidores inform¨¢ticos de las administraciones p¨²blicas tengan que estar en pa¨ªses de la UE o, en casos de datos m¨¢s sensibles, en territorio espa?ol. ¡°Es una barbaridad el plan de trasladar los datos y los tramites administrativos para crear una criptomoneda y una agencia tributaria paralela o duplicar en la nube las instituciones de la Generalitat para desconectarla de la Administraci¨®n espa?ola¡±, afirma. ¡°Es un mundo paralelo virtual, como Los Sims, sin eficacia jur¨ªdica en la realidad¡±, a?ade.

Enric Luj¨¢n, profesor de ciencia pol¨ªtica en la Universidad de Barcelona, opina que el cierre de p¨¢ginas web es ¡°lo m¨¢s insignificante¡± que podr¨ªa hacer el Gobierno con el nuevo decreto. Seg¨²n ¨¦l, el control de las redes permitir¨ªa, por ejemplo, que el Ejecutivo pudiera crear zonas sin conexi¨®n a Internet de manera "muy segmentada y quir¨²rgica¡±. ¡°Permite lanzar actuaciones del Ejecutivo sin control judicial con criterios de urgencia, hasta que se considera que cesa la urgencia, con criterios subjetivos. La ambig¨¹edad en la ley es peligrosa¡±.