El Gobierno podr¨¢ intervenir redes y servicios de telecomunicaci¨®n por motivos de orden p¨²blico

El Gobierno, a trav¨¦s del Ministerio de Econom¨ªa, podr¨¢, ¡°con car¨¢cter excepcional y transitorio¡±, intervenir y asumir la ¡°gesti¨®n directa¡± de redes y servicios de comunicaciones electr¨®nicas ¡°en determinados supuestos excepcionales que puedan afectar al orden p¨²blico, la seguridad p¨²blica y la seguridad nacional¡±. As¨ª lo establece el real decreto ley que aprob¨® el viernes el Consejo de Ministros con el fin declarado de sofocar el proyecto de rep¨²blica digital en la que trabajan la Generalitat y las fuerzas independentistas catalanas, y que busca crear un Estado paralelo en Internet. ¡°No va a haber independencia off line ni on line, el Estado va a ser igual de contundente en el mundo digital que lo es en el mundo real¡±, sostuvo el presidente en funciones, Pedro S¨¢nchez, el viernes.

La nueva norma, que publica este martes el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE), trata de cegar las v¨ªas para que el independentismo aproveche el avanzado proceso de transformaci¨®n digital de la Administraci¨®n para fines contrarios al orden constitucional. El decreto busca evitar el robo de datos personales, el hackeo de dispositivos m¨®viles, los ciberataques contra infraestructuras cr¨ªticas o el uso indebido del censo o los datos fiscales de los ciudadanos. Tambi¨¦n pretende defenderse m¨¢s eficazmente frente a ataques inform¨¢ticos contra los procesos electorales o las actividades de desinformaci¨®n, como las denominadas fake news (noticias falsas).

El texto, que modifica cinco leyes, entre ellas la de telecomunicaciones o la de seguridad ciudadana, no hace referencia expresa a Catalu?a, aunque en su exposici¨®n de motivos habla de ¡°los recientes y graves acontecimientos acaecidos en parte del territorio espa?ol¡±. La Generalitat ha calificado este decreto de ¡°155 digital¡±, en referencia al art¨ªculo de la Constituci¨®n que permite al Gobierno intervenir una comunidad aut¨®noma.

La normativa contempla que el Ministerio de Econom¨ªa pueda ordenar "sin audiencia previa" al interesado el cese de la actividad de las redes de comunicaci¨®n "cuando exista una amenaza inmediata y grave para el orden p¨²blico, la seguridad p¨²blica o la seguridad nacional". Tambi¨¦n cuando esta actividad perturbe el funcionamiento de servicios de seguridad p¨²blica, protecci¨®n civil y emergencias, o cuando "cree graves problemas econ¨®micos u operativos a otros proveedores o usuarios de redes o servicios de comunicaciones". Los sistemas de comunicaci¨®n por Internet han sido vitales para el llamado Tsunami Democr¨¤tic, la plataforma que controla las protestas independentistas en Catalu?a contra la sentencia del proc¨¦s y que han derivado en choques violentos con las fuerzas de seguridad.

Esta ¡°facultad excepcional y transitoria¡± de gesti¨®n por parte del Ejecutivo central podr¨¢ afectar ¡°a cualquier infraestructura, recurso asociado o elemento o nivel de la red o del servicio que resulte necesario para preservar o restablecer el orden p¨²blico, la seguridad p¨²blica y la seguridad nacional¡±. Este cambio no afecta a los medios de comunicaci¨®n ni a los contenidos audiovisuales enviados a trav¨¦s de las redes y servicios de comunicaciones, que est¨¢n expresamente excluidos del ¨¢mbito de la Ley de Telecomunicaciones, que ahora reforma el decreto del Gobierno.

Fuentes gubernamentales consultadas por EL PA?S aclaran que el esp¨ªritu de la nueva norma no es la interrupci¨®n o la paralizaci¨®n de los servicios de telecomunicaciones en caso de problemas graves de orden p¨²blico o seguridad nacional, sino, antes al contrario, ¡°garantizar su prestaci¨®n¡± y ¡°evitar o frenar que se den casos de mal uso o de abuso¡± de las infraestructuras por parte de particulares o administraciones, como la Generalitat, que gestionan las redes.

Las mismas fuentes se?alan que la norma, tanto por su esp¨ªritu como por su propia naturaleza de decreto-ley, no ampara actuaciones que afecten a los derechos fundamentales, como la libre expresi¨®n o el secreto de las comunicaciones, materias de ley org¨¢nica. As¨ª, para seguir clausurando webs como la de Tsunami Democr¨¤tic seguir¨¢ siendo necesaria la intervenci¨®n de un juez. ¡°Esto no afecta a derechos de los ciudadanos; los protege¡±, se?ala una fuente de La Moncloa.

La norma, se?alan las mismas fuentes, tampoco permite el cierre gubernativo de servicios como Facebook o Telegram, que en este caso, operan ¡°por encima de las redes¡± y no se pueden intervenir por la normativa europea.

El decreto incluye medidas urgentes para impedir, o al menos dificultar seriamente, el uso de datos personales con fines ileg¨ªtimos. Y para ello refuerza el control del Gobierno central tanto sobre las acciones de otras Administraciones p¨²blicas como del sector privado, forzando a las empresas que quieran contratar con el Estado a someterse expresamente a la normativa espa?ola y europea de protecci¨®n de datos, lo que obliga a las compa?¨ªas a hacer constar en qu¨¦ pa¨ªs est¨¢n los servidores donde se alojar¨¢n los datos y a comunicar cualquier cambio. No hacerlo implicar¨ªa la nulidad del contrato p¨²blico.

El decreto, como ya avanz¨® el Gobierno, establece la obligatoriedad de que los servidores de las Administraciones y entidades p¨²blicas est¨¦n alojados en la Uni¨®n Europea, y para una serie de datos especialmente sensibles, en territorio espa?ol. ¡°En cualquier caso, los datos se encontrar¨¢n disponibles para su acceso por parte de las autoridades judiciales y administrativas competentes¡±, se?ala la nueva norma.

Una de las medidas m¨¢s llamativas consiste en convertir el documento nacional de identidad (DNI) en ¡°el ¨²nico documento con suficiente valor por s¨ª solo para la acreditaci¨®n, a todos los efectos, de la identidad y los datos personales de su titular¡±. De este modo se busca evitar que las autoridades catalanas puedan expedir alg¨²n tipo de c¨¦dula que permita identificar a los ciudadanos de esa comunidad. El Estado refuerza asimismo su control sobre los procedimientos de firma electr¨®nica de otras Administraciones, que deber¨¢n someterse a un r¨¦gimen de autorizaci¨®n previa del Gobierno con el fin de ¡°garantizar la seguridad p¨²blica¡±, competencia exclusiva del Estado. Adem¨¢s veta que las Administraciones puedan implantar sistemas de identificaci¨®n basados en las llamadas ¡°tecnolog¨ªas de registro distribuido¡±, como el blockchain.