La lancha okupa, el inocente del furg¨®n y la v¨ªctima confusa
La desidia y los atascos judiciales causan la mayor¨ªa de los errores perpetrados contra los usuarios
Dice una m¨¢xima jur¨ªdica que la buena justicia debe servirse de la ceguera para resolver conflictos, no para amplificarlos. Pero, ya sea por desidia o por exceso de trabajo de quienes la administran, en ocasiones se emiten decisiones judiciales disparatadas y surrealistas. Los afectados tienen la posibilidad de reclamar al Estado que les indemnice cuando un juez se equivoca. Hay clamorosos errores judiciales que traen serias consecuencias a los justiciables e incluso a terceros inocentes, con gran sufrimiento. Conseguir una indemnizaci¨®n, si es que se logra (el Estado paga tarde y poco), significa a?os de espera. A continuaci¨®n, algunas de las equivocaciones denunciadas ante el Ministerio de Justicia.
No sirvieron sus ruegos de que deb¨ªa tratarse de un error y los agentes se la llevaron detenida. Luego descubrieron que ella era la v¨ªctima
V¨ªctima de violencia machista confundida con su maltratador. Eva C. B. estaba tranquila en su casa a las 0.23 del 24 de marzo de 2017. Cuidaba de sus dos hijos peque?os cuando agentes de la polic¨ªa vasca irrumpieron en su domicilio con una orden de busca y captura lanzada por el Juzgado de lo Penal 7 de Bilbao. No sirvieron sus ruegos de que deb¨ªa tratarse de un error y se la llevaron detenida. Estuvo 12 horas en los calabozos en el marco de un procedimiento por violencia machista, supuestamente por incumplir una condena de 32 d¨ªas de trabajos en favor de la comunidad. Ten¨ªa raz¨®n: ella era la v¨ªctima. En realidad el acusado era su marido, Jairo B. C., condenado en firme por amenazarla. Al dictar la busca y captura, el juzgado puso su nombre y no el del maltratador, y los agentes fueron a por ella. Ahora reclama al Estado una indemnizaci¨®n de 3.500 euros. El Consejo del Poder Judicial le ha dado la raz¨®n, porque ¡°hubo un mal funcionamiento de la justicia¡±. Est¨¢ a la espera de que el ministerio se pronuncie.
Los afectados tienen la posibilidad de reclamar al Estado que les indemnice cuando un juez se equivoca. Pero se paga poco y tarde
Dos a?os sin amarre en el puerto de Palma.?Christian Ludwig no ha podido, durante casi dos a?os, atracar ning¨²n yate en el amarre que posee en el punto 588 del puerto de Mallorca. A la Guardia Civil, con orden del Juzgado Central 6 de la Audiencia Nacional, se le ocurri¨® ubicar all¨ª, precintada, una lancha de 10,5 metros de eslora y 2,5 de manga decomisada a una organizaci¨®n criminal. Cuando, en enero de 2015, el due?o quiso utilizar su amarre vio que no pod¨ªa. Estaba ocupado por otra embarcaci¨®n desconocida. La Guardia Civil le explic¨® que era cosa del juzgado y que no se pod¨ªa tocar. Durante meses, Ludwig se dirigi¨® al juzgado ¡°en innumerables¡± ocasiones para pedirle que se llevara de all¨ª el barco, que necesitaba el amarre y que adem¨¢s se acercaba la campa?a de verano. Entr¨® en un laberinto judicial.
El juzgado se limit¨® a decirle que se dirigiera a la 17? Zona de Guardia Civil de Baleares. Esta le dijo que carec¨ªa de medios para realizar ese traslado y que acudiera al juzgado. Pasaron los meses, y hasta dos campa?as estivales m¨¢s, y el barco segu¨ªa all¨ª desde 2014, cuando fue requisado. En noviembre de 2015 envi¨® otro escrito de queja al juzgado, pero este volvi¨® a remitirle a la Guardia Civil. Y lo hizo, pero el barco no se mov¨ªa de all¨ª.
El 7 de marzo de 2016, el juzgado le indic¨® que, dadas las dimensiones del barco, ¡°no era posible trasladarlo a trav¨¦s de los medios oficiales¡±. Y le adjunt¨® un presupuesto de 1.050 euros de la empresa Miron Climent para que esta, que s¨ª dispon¨ªa de medios, se lo llevase ¡°a un dique seco de zona p¨²blica¡±. El dinero deb¨ªa abonarlo un tal Riepenhausen, el due?o de la barca okupa. En 2017, harto de enviar escritos est¨¦riles, Ludwig present¨® una demanda al Ministerio de Justicia en la que se quejaba de que segu¨ªa sin poder utilizar su punto de atraque y ped¨ªa 50.054 euros por los perjuicios ocasionados. El Consejo del Poder Judicial le ha dado la raz¨®n: no est¨¢ obligado a soportar en su amarre un barco de otro.
Casi dos semanas de pesadilla por una denuncia falsa.?Trece d¨ªas en un furg¨®n carcelario entre Huelva y Madrid. En su demanda ante el Ministerio de Justicia, en la que pide 78.281 euros de indemnizaci¨®n, Jos¨¦ Ignacio R. C. detalla el calvario que vivi¨® en abril de 2017. Tras verse injustamente involucrado en una causa, un juzgado de Huelva se dio cuenta de su inocencia y la archiv¨®. Le atribu¨ªan un delito de robo con violencia inexistente. El juez incluso abri¨® diligencias por denuncia falsa contra la persona que le hab¨ªa acusado.
¡°He estado 13 d¨ªas privado de libertad por un delito que ni existi¨® ni comet¨ª", alega la v¨ªctima de una grave equivocaci¨®n judicial
Pero por extra?as circunstancias, el mismo juzgado emiti¨® semanas despu¨¦s contra ¨¦l una orden de busca y captura. Jos¨¦ Ignacio fue detenido en Madrid y llevado al juzgado de guardia n¨²mero 29 de la plaza de Castilla. Este decret¨® su prisi¨®n y puesta a disposici¨®n del juzgado onubense. As¨ª cuenta su odisea el afectado: ¡°He estado 13 d¨ªas privado de libertad por un delito que ni existi¨® ni comet¨ª. Durante todo ese tiempo fui conducido en un furg¨®n por varias prisiones situadas entre Madrid y Huelva, pero sin llegar ni a un destino ni a otro. Y todo ello porque el Juzgado 29 me pon¨ªa a disposici¨®n del de Huelva y este lo hac¨ªa en favor del de Madrid en una espiral incomprensible en la que ninguno de ellos quer¨ªa hacerse cargo de m¨ª. Ni siquiera pude contactar con un abogado, ni este interesarse por m¨ª porque ignoraba en qu¨¦ c¨¢rcel estaba¡±. El Poder Judicial tambi¨¦n ha fallado a favor de Jos¨¦ Ignacio, que sigue esperando la indemnizaci¨®n.
Sin carn¨¦ de conducir por un despiste en la sentencia.?El 19 de mayo de 2016 la Guardia Civil de Tr¨¢fico par¨® al conductor Felipe S. E. cuando conduc¨ªa su Ford Transit por Santander. Los agentes le indicaron que en su base de datos figuraba que ten¨ªa el carn¨¦ retirado en virtud de una sentencia del Juzgado de lo Penal 2 de Santander. Felipe replic¨® a los agentes que probablemente hab¨ªa un error en los ficheros, puesto que ¨¦l no hab¨ªa tenido ning¨²n problema con la justicia.
Aun as¨ª, los guardias civiles le retuvieron durante una hora en la carretera y le citaron a un juicio r¨¢pido 15 d¨ªas despu¨¦s. Otro juzgado, ya en el juicio, pidi¨® sus antecedentes penales y comprob¨® que efectivamente no le constaba delito alguno. Y le archiv¨® la causa. Pero estuvo 15 d¨ªas sin poder usar su coche, con los consiguientes perjuicios que le ocasion¨® para su trabajo como repartidor. Tambi¨¦n tuvo que pagar a una abogada y a un procurador para que le defendieran. El error se debi¨® a que el Juzgado Penal 2 le confundi¨® con otro conductor y envi¨® datos err¨®neos a la Direcci¨®n General de Tr¨¢fico.
Absuelto y su coche nuevo, destrozado
Tambi¨¦n le ha dado la raz¨®n el Consejo del Poder Judicial al valenciano Antonio B. F., quien reclama al Estado que le pague 26.331 euros por los da?os ocasionados a su coche, un Alfa Romeo GT, que casi acaba de comprar cuando se vio implicado en un delito contra la salud p¨²blica. Al detenerle, un juzgado de Massamagrell (Valencia) orden¨® su ingreso en prisi¨®n (estuvo un a?o) y le requis¨® provisionalmente el coche, que fue entregado para uso de la Guardia Civil en su lucha contra el tr¨¢fico de drogas. La Audiencia Provincial de Valencia le absolvi¨® a?os despu¨¦s y orden¨® que se le devolviera el veh¨ªculo. "Cuando acud¨ª a la Guardia Civil a por el coche, me dijeron que no lo encontraban". Finalmente, lo localizaron el 18 de junio de 2015. Su estado era lamentable, inservible, con cuantiosos defectos mec¨¢nicos y de chapa y pintura. Arreglarlo costaba 9.400 euros. "No pude venderlo ni de segunda mano", describe. Por la c¨¢rcel injusta sufrida pide 74.000 euros y otros 26.000 por los da?os a su veh¨ªculo, que, pese a que solo ten¨ªa nueve meses cuando le fue decomisado, estuvo precintado casi 10 a?os.
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