Puigdemont y Com¨ªn piden al Constitucional que anule sus ¨®rdenes de detenci¨®n en Espa?a

La defensa del expresidente catal¨¢n Carles Puigdemont y del exconsejero Antoni Com¨ªn ha pedido al Tribunal Constitucional que suspenda las ¨®rdenes de b¨²squeda y captura vigentes contra ambos en el territorio espa?ol. El escrito se apoya en la reciente sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea (TJUE) sobre la inmunidad de los eurodiputados. La defensa utiliza la v¨ªa del recurso de amparo y solicita al Constitucional que act¨²e a la mayor brevedad, mediante medidas ¡°cautelar¨ªsimas¡±, y las comunique asimismo ¡°de manera urgente¡± al instructor de la causa del proc¨¦s en el Supremo, el juez Pablo Llarena, con objeto de que proceda a ¡°su ejecuci¨®n inmediata¡±.

El letrado Gonzalo Boye, defensor de Puigdemont y Com¨ªn, argumenta en su recurso que procede aplicar a este caso la ¡°doctrina del acto aclarado¡±, de forma que ¡°no resultar¨ªa necesario plantear ninguna cuesti¨®n prejudicial para estimar ¨ªntegramente la demanda¡±, por lo que se deber¨ªan levantar las citadas ¨®rdenes de detenci¨®n sin m¨¢s tr¨¢mites. El recurso sostiene que no deber¨ªan ser precisas, en suma nuevas consultas al Tribunal de Luxemburgo sobre c¨®mo debi¨® operar la inmunidad de los eurodiputados electos cuando ¨¦stos plantearon que se les deb¨ªa permitir el acceso a la euroc¨¢mara. El Supremo, en cambio, lo impidi¨® en su d¨ªa y mantuvo dichas ¨®rdenes, tomando con ello una decisi¨®n que a juicio de la defensa fue ¡°arbitraria¡± e ¡°irrazonable¡±, vulnerando derechos fundamentales que condujeron a una situaci¨®n de ¡°efectiva indefensi¨®n¡±.

Sostiene la defensa de Puigdemont y Com¨ªn que la petici¨®n para que el Constitucional act¨²e por la v¨ªa de las medidas ¡°cautelar¨ªsimas¡± se debe a que se viene produciendo un ¡°da?o irreparable continuado¡± a ambos, ¡°as¨ª como a los ciudadanos de la Uni¨®n Europea que los eligieron como sus representantes en las pasadas elecciones al Parlamento Europeo¡±. La defensa argumenta que este caso tiene ¡°especial trascendencia constitucional¡± porque trata de una cuesti¨®n ¡°sobre la que no existe jurisprudencia constitucional¡±.

Dicha cuesti¨®n es ¡°el alcance de la inmunidad parlamentaria de los diputados al Parlamento Europeo reconocida en el derecho de la Uni¨®n Europea¡±. Y todo ello en relaci¨®n con ¡°las medidas cautelares dictada por la jurisdicci¨®n penal¡±, es decir, en relaci¨®n con la larga prisi¨®n preventiva de los acusados en la causa del proc¨¦s, que les impidi¨® ejercer como eurodiputados desde el momento mismo de la proclamaci¨®n de los resultados electorales.

La importancia de este recurso se deriva no s¨®lo de los pronunciamientos de fondo que solicita al Tribunal Constitucional, sino del momento en que llega. El Constitucional, en efecto, ha abordado ya este debate al resolver el recurso de Junqueras contra la decisi¨®n del Supremo de no permitirle acudir al Parlament de Catalunya para la sesi¨®n en que estaba previsto someter a debate la investidura de Puigdemont, en enero de 2018.

El Constitucional ha resuelto por 9 votos a 3 que la permanencia en prisi¨®n de Junqueras, lo que le impidi¨® acudir a dicho debate, fue una medida proporcionada, considerando que de este modo no se produjo una injustificada limitaci¨®n del ejercicio de sus derechos de participaci¨®n pol¨ªtica. Pero la resoluci¨®n cont¨® con tres votos particulares en contra, pertenecientes al n¨²cleo duro del sector progresista del Constitucional. Dichos votos particulares consideraron que a Junqueras se le debi¨® permitir acudir al Parlament, y que al no hacerlo se vulneraron sus derechos de participaci¨®n pol¨ªtica y tambi¨¦n los de los votantes que le eligieron precisamente para que les representara.

En el Constitucional existen, por tanto, dos sensibilidades o aproximaciones distintas al problema de las limitaciones posibles del derecho de representaci¨®n pol¨ªtica, cuando afecta a cargos p¨²blicos sometidos a un procedimiento penal. Consciente probablemente de ello, la defensa de Puigdemont y Com¨ªn argumenta que su recurso de amparo tiene adem¨¢s especial trascendencia constitucional porque las decisiones sucesivas del Supremo que impugna ¡°inciden directamente sobre el derecho a acceder en condiciones de igualdad a los cargos p¨²blicos, as¨ª como a su derecho a ejercer dichos cargos de conformidad con lo previsto en las leyes¡±, en primer lugar por la propia Constituci¨®n. Pero tambi¨¦n de conformidad con diversas normas de la Carta de los Derechos Fundamentales de la Uni¨®n Europea y con otras pertenecientes al Protocolo del Convenio Europeo para la Protecci¨®n de los Derechos Humanos y las Libertades Fundamentales.

El recurso subraya que ¡°en definitiva, la especial trascendencia constitucional¡± de su impugnaci¨®n ¡°deriva de la situaci¨®n de anomal¨ªa democr¨¢tica generada por los ¨®rganos de la jurisdicci¨®n penal, que han intentado negar a los recurrentes su condici¨®n de diputados electos del Parlamento Europeo, as¨ª como su correspondiente inmunidad parlamentaria¡±. Esta inmunidad ¨Ca?aden los recurrentes- est¨¢ ¡°reconocida¡± por el art¨ªculo 9 del Protocolo n¨²mero 7, en los t¨¦rminos que ¡°han sido puestos de manifiesto por la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea¡± del pasado 19 de diciembre. La defensa estima que la inaplicaci¨®n en su momento de esta misma interpretaci¨®n de las normas ¡°demuestra un absoluto desprecio por parte de los ¨®rganos de la jurisdicci¨®n penal por las inmunidades que el Derecho de la Uni¨®n les confiere como representantes de la Uni¨®n¡±, con lo que se vulneraron sus derechos pol¨ªticos y los de quienes les otorgaron su voto.