Las sanciones de la UE obligaban a Espa?a a impedir el tr¨¢nsito de la vicepresidenta venezolana

Ni dentro ni fuera del aeropuerto. Espa?a ten¨ªa la obligaci¨®n de impedir que la vicepresidenta de Venezuela pusiera un pie en territorio europeo, seg¨²n las sanciones aprobadas en 2017 por la UE para castigar al r¨¦gimen de Nicol¨¢s Maduro.

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La presencia de Delcy Rodr¨ªguez durante varias horas en el aeropuerto de Madrid, donde incluso se encontr¨® con el ministro espa?ol de Transporte, Jos¨¦ Luis ?balos, habr¨ªa incumplido el mecanismo sancionador de la UE, salvo que Espa?a comunicara previamente por escrito su intenci¨®n de conceder una excepci¨®n a la vicepresidenta.

No hay constancia de que se cursara esa petici¨®n por lo que el Gobierno puede verse obligado a dar explicaciones ante el ¨®rgano del Consejo de la UE encargado de velar por el cumplimiento de las sanciones pactadas por los 28 Estados miembros.

Las sanciones contra Venezuela obligan a los Estados de la UE a adoptar ¡°las medidas necesarias para impedir que entren en su territorio o transiten por ¨¦l¡± las personas sometidas a una prohibici¨®n de viajar a la Uni¨®n Europea, seg¨²n la decisi¨®n del Consejo de la Uni¨®n Europea aprobada en 2017.

Esa decisi¨®n inici¨® una bater¨ªa de sanciones que se han ido ampliado progresivamente y que ya incluye a 25 altos cargos venezolanos. A todas esas personas, entre las que figura Delcy Rodr¨ªguez, se les proh¨ªbe la entrada en Europa y se les somete a la congelaci¨®n de los fondos o recursos econ¨®micos de que dispongan en territorio comunitario.

¡°Todo parece indicar que el Gobierno de Espa?a ha infringido la ley de la UE¡±, concluye el abogado Jos¨¦ Rivas, socio del despacho Bird & Bird en Bruselas. Rivas considera que ¡°la se?ora Rodr¨ªguez, cuando menos, transit¨® durante varias horas por el aeropuerto de Barajas que se encuentra en territorio espa?ol¡±.

Fuentes especializadas en la pol¨ªtica de sanciones de la UE a?aden que los Estados miembros pueden conceder excepciones y permitir la entrada en su territorio a alguna de las personas sometidas a la prohibici¨®n, sobre todo, si viajan con motivo de reuniones internacionales o relacionadas con proceso de mediaci¨®n de paz. En esos casos, la excepci¨®n se debe notificar con antelaci¨®n al resto de socios europeos, que tienen derecho a oponerse.

En el caso de Rodr¨ªguez, no hay constancia, al menos p¨²blica, de que la excepci¨®n se tramitase. Y el motivo del viaje de la vicepresidenta (que se dirig¨ªa hacia Estambul para un encuentro bilateral con el Gobierno turco) tampoco parece cumplir los requisitos para beneficiarse de una excepci¨®n. Todo apunta por tanto a que Espa?a vulner¨® la decisi¨®n europea que impuso las sanciones a Venezuela y que fue aprobada por unanimidad con el voto incluido del Gobierno espa?ol.

El art¨ªculo 6 de la decisi¨®n regula las ¡°restricciones de la admisi¨®n¡± aplicable a las personas acusadas de ser ¡°responsables de violaciones o abuso graves de los derechos humanos¡± o ¡°cuya actuaci¨®n, pol¨ªticas o actividades menoscaben de otro modo la democracia o el Estado de Derecho en Venezuela¡±. Y establece que esas personas no podr¨¢n ni entrar en territorio europeo ni transitar por ¨¦l.

El Reglamento comunitario que desarrolla las medidas restrictivas, en particular la congelaci¨®n de fondos de Rodr¨ªguez y el resto de sancionados, especifica que las normas se aplican en todo el territorio de la Uni¨®n. Y que por tal se entiende ¡°los territorios de los Estados miembros, incluido su espacio a¨¦reo¡±.

La inclusi¨®n de Rodr¨ªguez en la lista de sancionados se debi¨® a su antiguo papel como presidenta de una Asamblea Constituyente considerada ileg¨ªtima por la UE. El Consejo de la UE dictamina que desde ese cargo Rodr¨ªguez ha ¡°menoscabado la democracia y el Estado de Derecho en Venezuela, en particular mediante la usurpaci¨®n de las competencias de la asamblea nacional¡±.

El veredicto pol¨ªtico de la UE tambi¨¦n acusa a Rodr¨ªguez de haber aprovechado su presidencia ¡°para atacar a la oposici¨®n e impedir su participaci¨®n en el proceso pol¨ªtico¡±.

Consecuencias pol¨ªticas

La presunta vulneraci¨®n de los acuerdos comunitarios puede colocar en un brete al Gobierno espa?ol. El Consejo de la UE cuenta con un grupo de Trabajo en el que diplom¨¢ticos de los 28 socios europeos recaban la informaci¨®n disponible sobre cualquier violaci¨®n del r¨¦gimen sancionador. En principio, esa vigilancia se centra sobre los propios Estados y altos cargos sancionados. Pero tambi¨¦n se revisan las pr¨¢cticas de los Estados miembros encargados de hacer cumplir las sanciones.

La Comisi¨®n Europea, en cambio, se ha desentendido hasta ahora del incidente provocado por la presencia de Rodr¨ªguez en el aeropuerto Adolfo Su¨¢rez. Fuentes del organismo comunitario aseguran que la aplicaci¨®n de las sanciones es una competencia nacional. Y que ni la decisi¨®n ni el Reglamento especifican las normas aplicables en a los aeropuertos y a las zonas aeroportuarias previas al control de los pasaportes. ¡°En esa materia, las autoridades nacionales competentes tienen margen de interpretaci¨®n¡±, se?alan fuentes de la Comisi¨®n.

Rivas recuerda que, en todo caso, ¡°la Comisi¨®n no puede denunciar a Espa?a ante el Tribunal europeo por haber infringido la decisi¨®n del Consejo¡±. El abogado precisa que seg¨²n el art¨ªculo 275 del Tratado de la UE, ¡°el Tribunal de Justicia no es competente para revisar el cumplimiento por parte de un Estado Miembro de las decisiones del Consejo en pol¨ªtica exterior adoptadas en base al art¨ªculo 29¡±, como es el caso de las sanciones a Venezuela. ¡°Cuesti¨®n distinta es la responsabilidad pol¨ªtica, dado que la Decisi¨®n fue aprobada por el Consejo y un ministro del Gobierno de un Estado miembro se ha entrevistado en el aeropuerto de Madrid con una persona que tiene prohibida su entrada y tr¨¢nsito en la UE¡±, a?ade Rivas.