Un padre a 9.100 kil¨®metros de distancia

Todos los domingos, Wilfrido Heredia, un boliviano de 27 a?os, recorre los seis kil¨®metros que separan su casa en la peque?a colonia de Okinawa hasta Montero, una ciudad en la provincia de Santa Cruz, en Bolivia. Lo hace para que Brenda, su esposa, le muestre a trav¨¦s de un chat de Internet a Xavier, su hijo de 19 meses nacido en Algeciras (C¨¢diz), y de nacionalidad espa?ola.

Wilfrido lleva m¨¢s de un a?o y medio separado de su hijo, despu¨¦s de ser expulsado del pa¨ªs por trabajar como alba?il sin tener sus papeles en regla. Desde ese entonces, Brenda ha llevado a cabo una campa?a que intenta lograr el regreso de su marido a Espa?a. "No puedo criar a mi hijo sola", dice esta madre de 21 a?os.

El ¨²ltimo avance de este silencioso esfuerzo ha llegado recientemente. El Defensor del Pueblo ha pedido, en una carta, resolver "de manera urgente" y favorable "la solicitud de revocaci¨®n de la resoluci¨®n de expulsi¨®n". El anuncio lo ha hecho la Asociaci¨®n Pro Derechos Humanos de Andaluc¨ªa (APDHA), que se encarga de asesorar legalmente a Brenda para lograr que se anule la orden de expulsi¨®n que mantiene a su esposo en Bolivia. Seg¨²n Diego Boza, su abogado, el regreso de Wilfrido "est¨¢ m¨¢s cerca" despu¨¦s del anuncio del Defensor del Pueblo.

Poco a poco los apoyos de algunas instituciones se suman a la causa de Brenda. "S¨®lo pido que se apiaden un poco", dice Brenda, que labora como trabajadora dom¨¦stica. El Defensor del Pueblo andaluz, el Ayuntamiento de Algeciras y el Defensor del Pueblo estatal se han manifestado en favor de la revocaci¨®n de la orden de expulsi¨®n. A pesar de que fuentes del Defensor del Pueblo han asegurado mantener "contactos informales" con la Subdelegaci¨®n de Gobierno en C¨¢diz, ¨¦sta no ha querido comentar la petici¨®n del Defensor.

"La Subdelegaci¨®n confunde su discurso", dice Juan Moriche, que ha seguido el caso de Brenda desde la APDHA. "Nosotros no intentamos reagrupar a la familia. Queremos anular la orden de expulsi¨®n, que mantiene a Wilfrido tres a?os fuera de Espa?a", agrega. Aseguran que ya tiene ofertas de trabajo para volver con sus papeles en regla, pero la orden le impide pisar el pa¨ªs o cualquier territorio Schengen.

De acuerdo al Gobierno, el hecho de ser progenitor de un menor espa?ol no supone "por s¨ª mismo una causa de excepcionalidad para conceder la autorizaci¨®n de residencia". La Asociaci¨®n usa, sin embargo, una sentencia del Tribunal Supremo del 26 de enero de 2005 como jurisprudencia. En ese entonces los magistrados de la sala de lo contencioso administrativo revocaron la expulsi¨®n de una madre brasile?a por considerar que "ni las normas sobre extranjer¨ªa ni el s¨®lo sentido com¨²n pueden admitir que la madre de un espa?ol sea una pura extranjera y se la trate como a tal; que el hijo espa?ol tenga todos los derechos y su madre no tenga ninguno".

Pero no todo es tan sencillo. La Subdelegaci¨®n sigue poniendo trabas a este caso. Recuerdan que Brenda, la madre, se encuentra de forma irregular en el pa¨ªs. Tambi¨¦n se?alan que Brasil, el caso de la sentencia del Supremo, no es Bolivia. Ambas naciones tienen diferentes relaciones migratorias con Espa?a. Bolivia no reconoce otras nacionalidades a los hijos de sus naturales aparte de la boliviana. El gobierno asegura que en C¨¢diz se han dado ocho casos similares, pero en ninguno se ha ejecutado la orden de expulsi¨®n, seg¨²n informa Pedro Espinosa.

"Una recomendaci¨®n como la del Defensor del Pueblo tiene su peso", dice Boza, que amenaza con llevar a los tribunales el caso si no hay la respuesta "urgente" que pide la instituci¨®n. "No entendemos por qu¨¦ se sigue demorando la respuesta, hace tres meses que hicimos la petici¨®n a la Subdelegaci¨®n", apunta.

Mientras, Wilfrido espera "agobiado" en Bolivia la llegada de esa respuesta que anhela diariamente. Su presencia es fuerte, a pesar de los 9.100 kil¨®metros de distancia que lo separan de su hijo.