Internet, videovigilancia y las listas de morosos centran las quejas a Protecci¨®n de Datos

La Agencia Espa?ola de Protecci¨®n de Datos (AEPD) recibi¨® el a?o pasado 4.136 denuncias, lo que supone un incremento del 75% respecto al a?o anterior, y estuvieron relacionadas principalmente con Internet, la videovigilancia y con la inclusi¨®n indebida de datos en listas de morosos. As¨ª se recoge en la memoria de la AEPD de 2009, presentada esta ma?ana por el director del organismo, Artemi Rallo, que tambi¨¦n revela que el pasado a?o se atendieron 2.000 solicitudes de derechos de tutela, un 58% m¨¢s que en 2008. En total, se resolvieron 709 procedimientos sancionadores, de los que 621 acabaron con multa (por un total de 24,8 millones de euros).

Por sectores de actividad con mayor n¨²mero de denuncias e investigaciones, destacan las telecomunicaciones y el sector de las entidades financieras, con 908 y 768 respectivamente. En tercer lugar se situ¨® la videovigilancia, que contin¨²a su ascenso al pasar de 365 denuncias en 2008 a 721 en 2009. En cuarto lugar se situaron las Administraciones P¨²blicas, seguido de la publicidad electr¨®nica. En la esfera de la morosidad, se incrementaron en un 225% las denuncias de personas cuyos datos hab¨ªan sido tratados de forma indebida.

El 'derecho al olvido'

Rallo ha destacado adem¨¢s el incremento significativo de las investigaciones y denuncias relacionadas con usuarios de Internet y de redes sociales como Facebook y Tuenti, sobre todo por la difusi¨®n de fotograf¨ªas sin consentimiento. Seg¨²n la memoria, el a?o pasado se iniciaron 156 investigaciones relacionadas con Internet, redes sociales (31 denuncias) y otros sitios como foros, portales de anuncios, de v¨ªdeos como Youtube de contactos personales, servicios de correo electr¨®nico, sedes corporativas, repertorios jur¨ªdicos o p¨¢ginas personales. El informe destaca las investigaciones de oficio a portales de contactos que facilitaban p¨²blicamente la votaci¨®n de la imagen f¨ªsica de los usuarios (con menores de 14 a?os).

"Las redes sociales han cruzado ya varias l¨ªneas rojas", ha aseverado Rallo, que ha a?adido que cada vez existe m¨¢s conciencia de que las autoridades deben reaccionar. la agencia destaca la emergencia de una nueva preocupaci¨®n entre los ciudadanos, el llamado derecho al olvido, es decir, personas que piden que se cancelen sus datos en p¨¢ginas de Internet y que no aparezcan en los resultados de los buscadores. Estas reclamaciones se incrementaron hasta un 200%, al pasar de 18 en 2008 a 57 el pasado a?o. En 2007 se registraron tan s¨®lo tres. Los ciudadanos se quejan de la publicaci¨®n y, de la consiguiente presencia en los buscadores, de sanciones administrativas ya cumplidas, edictos de deudas vencidas, datos de v¨ªctimas de violencia dom¨¦stica que ponen en riesgo su seguridad, indultos, as¨ª como sanciones disciplinarias a funcionarios de prisiones que tambi¨¦n afectan a su seguridad. Las resoluciones dictadas en su mayor parte reconocen el derecho de los solicitantes, por lo que se ordena a los buscadores que procedan a evitar la indexaci¨®n de las informaciones que existen de esos usuarios.

El balance recoge que los procedimientos sancionadores resueltos por la agencia se incrementaron cerca de un 13%, hasta llegar a los 709, de los cuales 621 terminaron con una sanci¨®n. Las multas impuestas por la AEPD han ascendido hasta los 24,8 millones de euros, lo que supone un incremento que roza el 13%. De las sanciones, el 74% fueron graves, el 21,3% leves y el 4.6% muy graves. Los sectores que m¨¢s sanciones acumulan son telecomunicaciones- con 170 sanciones, sobre todo por inclusi¨®n indebida en ficheros de morosos y contrataci¨®n fraudulenta de servicios, la videovigilancia (117), el sector financiero (89) y las comunicaciones electr¨®nicas comerciales y spam (39). Por comunidades, las entidades con sede en Madrid ocupan el primer lugar con 452 resoluciones, seguida de Catalu?a, con 70, y Andaluc¨ªa con 39.

La memoria recoge una serie de recomendaciones, entre las que se encuentran la modificaci¨®n de la normativa del DNI-e para que los menores puedan acreditar su identidad electr¨®nicamente con el fin de evitar el acceso a servicios que pueden implicar riesgos para ellos. Tambi¨¦n solicita al Gobierno que incluya en los planes de estudio de Primaria y Secundaria formaci¨®n de protecci¨®nde datos, privacidad e Internet.